VIVIENDA. Atacar el derecho a la vivienda también es violencia de género

La asfixiante situación económica y habitacional en la que nos encontramos empuja a menudo a que salir de casa por primera vez implique compartir piso con una pareja o con varias personas desconocidas, y es que el precio medio de un piso es de un 91% del salario medio de jóvenes menores de 30, mas del 100% en grandes ciudades y zonas turísticas. Esto denota un problema de base, una necesidad camuflada como deseo. Lo que no quiere decir que nadie pueda desear y desee convivir con su pareja, sino que en muchas ocasiones, solo es viable independizarse si es de este modo, algo que se hace aun menos posible para mujeres trabajadoras, al ocupar la mayor parte de los trabajos peor remunerados o la reducción de horas y cotizaciones para poder trabajar cuidando gratis en la casa. El 54% de los hogares en España son de parejas con o sin hijos, mientras que en el caso de los unipersonales el porcentaje de mujeres solteras es un 34,9% frente a un 59,7% de hombres, según el INE de 2020.

La juventud precaria, en especial las mujeres como muestran los datos, no pueden permitirse un tiempo de desarrollo de su individualidad y termina saltando de la casa familiar a pisos compartidos en alquiler en los que transitar, ya que resulta ciencia ficción pensar si quiera en acceder a comprar una vivienda con la inestabilidad económica en la que vivimos y la experiencia que nos dice que no estamos exentos de volver a sufrir una crisis como la del 2008.

En estos momentos de inseguridad en los que están ausentes los apoyos por parte de las instituciones del Estado, suele aumentan el repliegue hacia la familia nuclear como punto de apoyo (muchas veces único) lo que puede convertirse en problemático. Es decir, la consolidación de la "familia refugio" como obligación para sobrevivir y que carga habitualmente a las mujeres el trabajo de cuidados del cual el estado y la patronal se desentienden y no pagan, cada vez mas al recortarse los servicios públicos. La situación habitacional actual aumenta el riesgo que supone para las mujeres no poder salir de ahí cuando es necesario. En 2022 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas según fuentes oficiales, 99 incluyendo otras relaciones no estrictamente sentimentales según feminicidios.net. De las primeras un 40% había interpuesto denuncia previa. La solución definitiva no es únicamente salir del piso compartido con el maltratador, pero siempre pasa por ahí.

Uno de los problemas que impide encontrar otra residencia de forma asequible es la falta de viviendas sociales. En el Estado español solo representa un 2,5% del total de las construcciones, de alquiler o compra, muchísimo menor en el primer caso. Estos datos suponen que existe menos de una vivienda social por cada 100 habitantes, estando a la cola de los países europeos. Fue en los 80 cuando más se construyeron viviendas de este tipo, para descender hasta finales de los 90 y a inicios de los 2000. Con el boom inmobiliario creció sin precedentes la construcción de vivienda libre pero se minimizó la social, tocando fondo “tras la crisis” en 2016.

Pero no solo es cuestión del número disponible, que desde luego debería ser mucho mayor. Las trabas burocráticas al acceso y los tiempos de espera no permiten solucionar el problema habitacional cuando es urgente.

Otras medidas como incentivos fiscales a los propietarios y rentistas como herramienta para bajar los precios de los alquileres, sin la regulación de ningún precio, no son una solución. Tampoco reservar un 30% de los nuevos desarrollos inmobiliarios para vivienda pública si luego la compensación de los ayuntamientos es a precio de mercado.

Una Ley de Vivienda que siga sin tocar los intereses de los fondos buitre, los grandes tenedores y la banca, no resolverá el problema de la vivienda para millones de familias de la clase trabajadora. Tampoco para muchas mujeres que no tienen un techo al que huir de forma segura cuando las violencia aprieta, mujeres encerradas en sus pisos o casas compartidas con la persona que les hace la vida imposible, a veces también con sus hijos. Pero incluso cuando se consigue salir en un primer momento, a través de viviendas de urgencia, tampoco suele ser el fin a los problemas que supone encontrar un lugar donde rehacer su vida.

Este fue el caso de Ángeles y sus tres hijos en Zaragoza, tras vivir en un piso de acogida del ayuntamiento, después de que su exmarido quemara el piso en el que vivían, querían desalojarla sin ninguna alternativa habitacional. Finalmente fue gracias a la presión y el apoyo social en la calle como se pudo encontrar a una solución para esta familia

Pero no podemos dejar que este caso sea una excepción, el derecho a una vivienda digna tiene que ser real y efectivo, pero para conseguirlo está claro que tendremos que arrancárselo a los capitalistas que no tienen ningún reparo en especular y poner en riesgo nuestras vidas.

Es necesario organizarse y pelear por más centros de acogida para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia, garantizados por el Estado y bajo la autogestión de las organizaciones de mujeres y las trabajadoras, con asistencia profesional y sin presencia policial y judicial. También hay que poner fin a los desahucios, imponiendo la prohibición efectiva de los mismos y procediendo a la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y los especuladores, para que esta sea la base de un parque de viviendas público cuyos alquileres no superen el 15% del salario del hogar.