Pueblos originarios. Audiencia contra el desalojo a Pluma Blanca: “estas tierras han sido de la comunidad desde siempre”

El jueves pasado se llevó a cabo en los tribunales de Jesús María una audiencia pública contra la orden de desalojo a la familia López, integrante de la comunidad Comechingona Pluma Blanca, territorio en el que habitan históricamente. En esta audiencia, que comenzó con una ceremonia ancestral, se pidió por la aplicación de la ley nacional 26160 de emergencia territorial y la suspensión de la orden de desalojo.

El recinto fué intervenido con carteles donde se leían reivindicaciones y denuncias, además de banderas representativas de las comunidades originarias. Las intervenciones fueron mostrando aspectos muy diversos sobre la causa y sobre la situación histórica y actual de los pueblos originarios a pesar de las leyes y organismos existentes. Los conceptos de cuerpo/territorio, las consecuencias del avance de las políticas extractivistas sobre nuestra naturaleza y sus efectos en nuestras vidas, dejan evidencias de la urgencia de que la justicia analice las causas con otros ojos.

Durante las más de 4 horas de exposición participaron el nahuan de la comunidad Carlos López, junto a su compañera e hijo y Natalia Bilbao Carmona, abogada de la familia. También intervinieron docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba (FF y H) como su decana, Flavia Dezzutto, y César Marchesino, docente y secretario de extensión. Por parte del Museo de Antropología de la UNC expusieron José María Bompadre, Fabiola Heredia, Carolina Ávarez Ávila y Laura Misetich Astrada (antropóloga indígena perteneciente a la comunidad kamchira de Sierras Chicas y docente del Instituto de Culturas Aborígenes. También el historiador Pablo Reyna (de la Comunidad Comechingón Timoteo Reyna y del Instituto de Culturas Aborígenes), junto a representantes de pueblos originarios como Aldo Gómez (Comunidad Ticas), Julia Martha Ceballos (Comunidad Rural Arabela), Cristian Bustos (Comunidad Sanavirón MampaSacat), además de funcionarios provinciales y nacionales. Entre las y los participantes, además de medios de comunicación, asistieron asambleas ambientales y de comunidades originarias como Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro, que desde hace años luchan contra la contaminación de la empresa Porta en sus barrios.

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Recordemos que la familia López desde hace años está siendo hostigada, tanto por anónimos como por la sub Comisaría a cargo de la Comisaría de Salsipuedes, obstaculizando la posibilidad de realizar denuncias, insinuando que son parte de organizaciones terroristas, o pidiendo el ADN para demostrar ser parte de culturas preexistentes al Estado.

Es llamativo que todas las denuncias realizadas por la comunidad Pluma Blanca no han sido resueltas. En ese sentido, las palabras del nahuan Carlos López fueron claras y determinantes al hacer referencia a las denuncias realizadas y que no tienen curso: “ lo que estoy viendo es que la ley está avalando de forma inocente a todos lo que están haciendo estas maldades”, pero vemos que la justicia es bien rápida para vulnerar derechos y efectivizar desalojos a quienes tienen menos posibilidades de defensa.

Carlos López pide que se revea y detenga la orden de desalojo explicando que “estas tierras han sido de la comunidad desde siempre no es que es de ahora, nosotros no necesitamos tener un papel o un título, somos los pertenecientes a la tierra, no sabemos tanto, no leemos enciclopedias, nuestro libro es la montaña y el monte; venimos siendo perseguidos históricamente inventando causas y haciendo falsas acusaciones como de cuatrerismo. Por miedo no se denuncia y por falta de espacio para cultivar, terminan trabajando para la misma empresa que nos saca nuestro territorio, o se van a trabajar a otros lugares. Como pasa cuando una mujer es violada. Las mujeres no tienen un tiempo, un día ni una hora para manifestarlo, y no lo manifiestan nunca tal vez, se mueren con ello adentro… Pedimos que se trabaje con mucha cautela, porque nosotros pertenecemos a ese lugar y aunque ellos tengan plata, nosotros tenemos generaciones, años y sangre en ese lugar.”

Carlos contó su historia personal y la de su comunidad, plagada de injusticias, vulnerabilidad, explotación infantil, explotación laboral (con juicios aún no resueltos) sin posibilidad de acceso a la justicia, y separación de sus lugares de origen obligando a emigrar y abandonar su lugar de orígen resignando sus derecho a una tierra para trabajar y una vivienda para vivir.

El territorio como cuerpo, y el cuerpo como testimonio

Investigadores y docentes coincidieron en que la disputa de Pluma Blanca se debe emplazar en otro marco de interpretación. Señalaron que en las luchas de los pueblos mapuches tehuelches en el sur de Argentina se realizan trabajos para recomponer las memorias familiares fragmentadas y silenciadas. Esto decantó nuevos vocabularios y categorías tales como el reemplazo de “ocupación tradicional” por “territorio ancestral”, lo que evita reducir los conflictos territoriales a una simple disputa entre pares por una propiedad privada.

Dentro de este lenguaje del disenso comienzan a aparecer las “comunidades”, que se entraman y pertenecen a diferentes pueblos. A su vez los antagonistas resultan no solo ser los privados, sino también las instituciones estatales que por años lo han violentado como pueblos y que permiten renovadas formas de violencia y de despojo a mano de los privados. Las luchas que vienen llevando a cabo organizaciones de mujeres indígenas nos enseñan que este no es un afuera constitutivo separado del cuerpo, sino que hay un cuerpo territorio, esta idea apunta a comprender que las violencias sobre los territorios es también violencia contra los cuerpos.

Aquello que no está en los expedientes ¿no existe? La construcción de los elementos de prueba, las evidencias ¿no están acaso atravesadas por procesos de traducción, condicionamientos de clase, mediaciones de profesionales, temporalidades desacopladas en otros procesos sociales? En su exposición señalaron que más allá de aspectos técnicos y legales para las personas de pueblos kamiare el territorio, la kami, las sierras y la kamchira no nos pertenecen, nosotros pertenecemos a la tierra. Escapan así a las lógicas modernas, se definen como somos en el territorio, tejemos relaciones diversas con presencias humanas y no humanas, habitamos por y desde la memoria de abuelos y abuelas, con enseñanzas y aprendizajes propios que han sobrevivido a la invasión, al desplazamiento, al racismo y las desigualdades históricas y estructurales. Factores que han permitido que la violencia material simbólica y psicológica se haya impuesto para engañar, hostigar a la Comunidad Pluma Blanca y llegar a esta situación.

Ante la explotación y políticas capitalistas, hay que continuar la organización en las calles.

Como se expuso en la audiencia mientras se realizaba un recorrido histórico el silenciamiento de las voces originarias invisibilizandolas; la importancia de las marchas, conferencias de prensa, caminatas y múltiples acciones de convocatorias para denunciar los avances sobre las comunidades, sus tierras la idea de territorio, la forma de habitarlo, defenderlo como espacio integral de la vida, colisiona con las maneras hegemónicas de concebirlo, es decir con personas, instituciones y empresas que lo piensan y gestionan como un recurso explotable, comercializable y como moneda de intercambio subsumido a una lógica capitalista.

De la misma forma, las victimas de terrorismo de estado, las mujeres víctimas de violencia patriarcal no se expresan cuando quieren. Diversos dolores, miedos y violencias atraviesan sus vidas, sus cuerpos y expresan sus experiencias, pero sus reclamos no suelen darse en soledad, sno expresarse en las luchas. La situación actual y los relatos del nahuan de la Comunidad Pluma Blanca dejan al desnudo y como prueba viviente las prácticas de explotación infantil y laboral, la apropiación de territorio sagrado y comunitario, la violacion de mujeres, la intimidación, persecución y atentado con explosivos utilizado en las canteras, matanza y robo de animales. A esto se suman las defensorías y el asesoramiento deficitario a las comunidades originarias.

Estas situaciones se pudieron visibilizar en la audiencia. Que este conflicto tome estado público también ha sido posible a partir de la participación de la familia López en otras instancias como las asambleas realizadas contra el desalojo de Agustina Tolosa, su hija y nieto. Fueron muchas acciones colectivas las que nos trajeron a esta audiencia: Conferencias de Prensa junto a Asambleas de Pueblos Originarios, Asambleas Ambientales, Agrupaciones Feministas, investigadores, comunidad sensible y partidos políticos, como así también la participación en marchas provinciales y nacionales en defensa del agua, la tierra y contra las políticas extractivistas.

Cerrando la audiencia se hizo hincapié en la necesidad de que esta justicia capitalista, clasista y patriarcal lea con profundidad el expediente para dar cuenta de la preexistencia de la comunidad comechingona Pluma Blanca en su territorio, datos que se extraen de los juicios laborales no resueltos, contratos pasados donde se especifican conceptos como posesiones de las tierras “llevada a cabo en conjunto”, demostrando la existencia de dicha comunidad. Sumado al hecho de que el INAI estuvo relevando el territorio que habita la comunidad, mapeando su ocupación actual, tradicional, pública. Por todo ello, la abogada Natalia Bilbao Carmona insistió en que a corto plazo se debe “suspender el desalojo” ya que no se puede eludir más la aplicación de la ley 26160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias.

Ante tanta evidencia de preexistencia en el territorio el juez de Primera Instancia y Primera Nominación de Jesús María, Luis Belitzky, decidió diferir la orden de desalojo, hasta tanto se tramiten las apelaciones planteadas por la comunidad Pluma Blanca. Señaló que se provocaría un perjuicio evidente de continuar con la ejecución si existen circunstancias que, revisadas en segunda instancia, demuestran ser desajustadas a derecho. Sin embargo, esta disposición no se realiza en virtud de la ley 26160 ni en ninguna normativa del derecho indigena, aspectos que deben cambiar.

La situación de la Comunidad Pluma Blanca no es un caso aislado ni único en Sierras Chicas, la provincia de Córdoba o en el país. Es parte de una política de Estado, donde se priorizan intereses inmobiliarios, mineros y del agronegocio reproduciendo prácticas colonialistas, garantizado por una fuerza policial que cuenta cada vez con más recursos
Debemos remarcar que la tierra es de quien la trabaja, y la vivienda es un derecho al que las clases populares difícilmente pueden acceder. Como se viene demostrando hasta ahora, esta situación sólo podrá revertirse unificando reclamos con la organización de todas las asambleas de comunidades de pueblos originarios, ambientales, feministas, del movimiento obrero, partidarias y de sectores que vienen siendo despojados de su derecho a una vivienda y un trabajo dignos, tomando las calles como espacio de lucha.

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