En plena burbuja de beneficios con récord histórico para la banca y las inmobiliarias, el Gobierno del PSOE y Sumar pretende aumentar aún más las ganancias del sector financiero y de la construcción, aprobando un programa de avales de 2.500 millones de euros para que se puedan contratar hipotecas garantizadas con dinero público. Esto es lo que se ha anunciado para su aprobación en el próximo Consejo de ministros. Sumar dice oponerse, en el contexto de las elecciones gallegas y la competencia por izquierda de Podemos, pero con la boca pequeña, puesto que este plan formaba parte del programa de investidura aprobado por ambas formaciones.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 13 de febrero
Pedro Sánchez, junto a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. Foto de archivo.
El problema de la vivienda en el Estado español es una de las cuestiones claves que gravitan sobre el “debe” de las políticas sociales del Gobierno ya desde la legislatura pasada. La incapacidad política de este gobierno de resolver la cuestión, a pesar de sus múltiples promesas, es manifiesta en todo sentido.
Una auténtica política neoliberal
La política de facilitar avales garantizados con dinero público viene de un anuncio ante las elecciones de mayo de 2023, cuando se planteó para financiar hasta el 20% de las hipotecas para jóvenes y familias con problemas para acceder a la vivienda.
En concreto, lo que facilita esta política es que la banca acceda a conceder préstamos hipotecarios a sectores sociales que de otro modo no tendrían acceso a la propiedad inmobiliaria, con el aval del Estado.
A primera vista pareciera una política progresista y redistributiva, un vehículo para la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la realidad es todo lo contrario. Organizaciones sociales y colectivos de defensa de la vivienda pública la denuncian por ser contraproducente, dado que lo único que pueden garantizar es un aumento de la especulación inmobiliaria y de incremento de los intereses en las hipotecas y, en consecuencia, mayores beneficios para la banca y el sector inmobiliario. Estrictamente, es una política puramente neoliberal respecto de la vivienda, algo que se viene implementado ya por gobiernos del PP hace tiempo en diferentes comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Andalucía o Murcia. Tan es así que hasta el Partido Popular ha señalado al Gobierno por haber llevado a cabo un “copia y pega” de su programa electoral.
Desde mayo de 2023, cierto es que Yolanda Díaz ha sostenido que esas mismas políticas se han realizado en otros países sin resultados favorables, además de las propias comunidades autónomas españolas en las que se han implementado. Sin embargo, aceptaron esa medida en el programa de investidura de Sánchez, apoyado por Sumar. Por ello, su oposición no va más allá de alguna que otra declaración de rechazo -más bien suave-, siguiendo su máxima de que no hay que hacer “ruido” para no debilitar al Gobierno.
Las criticas de Díaz y Sumar son mero cinismo y oportunismo político. Y muy oportunas para buscar rédito político en las próximas elecciones de este domingo en Galicia, donde su disputa es con un Podemos que viene “izquierdizando” su discurso.
Pero la capacidad de Sumar de llevar adelante, aunque sea una mínima posición radical frente a las políticas social liberales del PSOE, es más bien nula. Así lo ha demostrado con la supuesta derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, cuyo contenido reaccionario no solo no ha sido derogado, sino que ha salido fortalecido con la reforma orquestada por la propia Yolanda Díaz. Lo mismo sucede con la “ley mordaza”, que vergonzosamente ha mantenido el Gobierno “progresista” con las complicidades de Podemos y Sumar. Por no mencionar el aval a las reaccionarias políticas militaristas e imperialistas al lado de la OTAN, las acciones policiales contra los migrantes, el abandono a su suerte de la causa saharaui, o la lucha del pueblo palestino contra el genocidio sionista mientras se sigue comerciando armas con Israel.
Todo en un contexto en que la gran banca ha obtenido beneficios de récord histórico durante 2023, ganando un 26% más que el año anterior que ya fue excelente, hasta sobrepasar los 26.000 millones de euros de beneficio para el conjunto de la banca. Frente a esos superbeneficios el impuesto extraordinario del Gobierno a la banca apenas ha recaudado 1.050 millones de euros. Y ahora con programas como éste se le garantizan nada menos que 2.500 millones al tratarse de avales garantizados que sí o sí obtendrán los bancos con la garantía del Estado.
Respecto a las grandes inmobiliarias solo hay que ver la voracidad con la que están invirtiendo en bienes inmuebles los fondos buitre y cómo se ha disparado el precio de los alquileres para darse cuenta de los pingües beneficios que se dan en el sector, pese a que el volumen de ventas general es inferior por el alto precio de los intereses actuales.
Derecho a la vivienda: discurso y realidad
Mucho discurso “progresista”, pero el Gobierno de Sánchez y Díaz no ha sabido dar ninguna respuesta para resolver mínimamente un problema social tan acuciante como el acceso a la vivienda, en un contexto de precios disparatados -al nivel de la burbuja inmobiliaria de la crisis de 2008-, que están arruinando las economías domésticas de las clases populares.
Y esto en el mejor de los casos, puesto que en muchos otros el drama se manifiesta brutalmente con la expulsión de sus casas de multitud de familias con niños y ancianos a su cargo y sin alternativa habitacional vía desahucios, abandonados así a la máxima penuria que se pueda concebir.
A su vez, para la gran mayoría de los jóvenes resulta imposible emanciparse. Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de 2023, solo lo pueden hacer el 16,3% de los jóvenes entre 18 y 29 años, y la media de edad de emancipación estaba en 30,3 años en 2022 según Eurostat.
Lograr una vivienda a precios asequibles, por debajo del 30% del ingreso de las familias, no solo se ha convertido en una odisea para las mayorías sociales, sino también en la materialización de la impotencia política del Gobierno “progresista” -el actual con Sumar, y el anterior con Unidas Podemos-, que en ningún momento se han planteado avanzar sobre la propiedad privada y la especulación inmobiliaria para atajar el problema.
Los desahucios -que se siguieron produciendo desde la pandemia pese a que cínicamente se decía desde el Gobierno que estaban prohibidos-, fueron uno de los mayores golpes de realidad al malogrado “escudo social” del Gobierno PSOE-UP. Una vez controlado el pico de la pandemia y, sobre todo, recuperada la actividad normal en los juzgados, se produjo un auténtico tsunami de desahucios, que luego se mantuvo a buen ritmo durante todo el periodo y aún continúan.
Posteriormente y tras mucha presión de los socios gubernamentales de Sánchez, se comenzó a elaborar una Ley de Vivienda que fue aprobada con muchas dificultades el 27 de abril de 2023. Ley que lo único que ha hecho después de muchas idas y vueltas, y tras ser aceptada por Podemos y Sumar sin mucho rechistar, ha dejado en manos de las comunidades autónomas la clave de bóveda de la acción legislativa, que es la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado. Y encima con unos requisitos complicados de verificación, además de redefinir el concepto de gran tenedor y establecer un nuevo índice (todavía por definir) para las subidas anuales de las rentas de alquiler que ya no se vinculan al IPC, solo para las viviendas de los grandes tenedores.
En síntesis, una ley que no aborda lo central: incrementar el parque público de viviendas -que en el Estado español es ridículo (2,5%) frente a la media europea (9,3%)- y recuperar para el alquiler público todas las viviendas de la SAREB. Ni, por supuesto, se plantea afectar en lo más mínimo la propiedad privada de los grandes tenedores, o los fondos buitre de inversión inmobiliaria, que siguen campando a sus anchas con sus actitudes mafiosas de desalojos de viviendas.
Por poner solo uno de los ultimo ejemplos, allí está el caso emblemático de la calle Tribulete en Lavapiés. La empresa inmobiliaria Elix Rental Housing, propiedad del fondo buitre Altamar CAMP Partners -cuyo presidente es Claudio Aguirre, primo de la expresidenta regional Esperanza Aguirre-, pretende expulsar a todos los inquilinos, algunos con rentas antiguas de bajo coste, para hacer viviendas de lujo y especular con esas viviendas y gentrificar aún más la ciudad.
Un programa anticapitalista contra la especulación inmobiliaria
Frente a estas políticas neoliberales de vivienda del Gobierno del PSOE y Sumar, que fomentan la especulación inmobiliaria desenfrenada, hay que defender un programa de emergencia social basado en la expropiación bajo control de las organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales de todas las viviendas propiedad de la SAREB y la banca, de los fondos buitre y de los grandes tenedores para ponerlas a disposición del parque público de viviendas de alquiler de bajo coste, siempre por debajo del 20% de los ingresos de la unidad familiar.
Junto con ello, es necesario luchar por el aumento de las inversiones públicas para construir más vivienda pública, siempre bajo régimen de alquiler barato, allá donde sea necesario. Además de garantizar con el empleo público, el reparto del tiempo de trabajo sin recorte salarial, el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios según el IPC de manera automática y, si falta el trabajo, la existencia de un seguro de desempleo igual al SMI de 1.500 euros netos mensuales, los ingresos necesarios para pagar el alquiler y garantizar un nivel de vida digno.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
