Diputados. Avanza el juicio político a los jueces de la Corte: tres posiciones en debate

En la tercera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, se votó empezar a investigar a los cuatro jueces de la Corte Suprema, con 16 votos del Frente de Todos (y 15 en contra de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal) que le permitieron conseguir la mayoría simple necesaria. Fueron más de 7 horas de cruces y polémicas entre las y los diputados, pero la votación se hizo a la mitad de la reunión, que luego continuó con la lista de oradores.

Se avanza así con uno de los pasos formales para darle continuidad al proceso, que evaluará de ahora en más si corresponde acusar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda por mal desempeño y delito en el cumplimiento de sus funciones.

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La Comisión de la Cámara Baja se convocó a partir de 14 proyectos con pedido de juicio político a los magistrados, donde constan 60 hechos denunciados. Cinco de ellos fueron presentados por el Frente de Todos, dos por la Coalición Cívica y siete por particulares (entre ellos organismos de Derechos Humanos). La resolución del oficialismo que se votó este jueves, incluyó la totalidad de los mismos, inclusive los dos que son autoría del espacio liderado por Elisa Carrió.

Tal como anunciaron desde el principio, Juntos por el Cambio rechazó la resolución presentada por el oficialismo, y presentó una propia donde fundamentan su decisión de no considerar procedente los pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte. El texto común de la coalición opositora incluye una salvedad: la de la Coalición Cívica (Paula Oliveto y Juan Manuel Lopez) que declara la admisibilidad del pedido de juicio político sólo contra uno de los cortesanos, Ricardo Lorenzetti. El diputado “Topo” Rodríguez del Interbloque Federal hizo un informe separado para fundamentar su rechazo de abrir el proceso.

La Comisión de Juicio Político, a partir de ahora, podrá iniciar la “etapa de instrucción”: investigar y recabar pruebas para evaluar si la Cámara de Diputados acusa a los jueces de la Corte Suprema o a algunos de ellos. Para ello, convocará a testigos relacionados con los 60 hechos denunciados. Se espera que desfilen desde ministros como “Wado” de Pedro (por el fallo sobre la coparticipación); afiliados y afiliadas de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (por irregularidades en su administración por las que hay dos causas en juzgados federales); organismos de derechos humanos y víctimas de la dictadura (por el fallo 2x1); hasta Silvio Robles, el asesor del juez Rosatti, y Marcelo D’Alessandro el ministro de seguridad de Larreta (por los chats filtrados de Lago Escondido). Esta etapa podría extenderse por alrededor de tres meses.

La presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard (FdT), adelantó que el próximo jueves buscarán armar un cronograma para producir la prueba y convocar testigos.

El calendario electoral está en tiempo de descuento, y las dos coaliciones mayoritarias eligen priorizar su disputa judicial. Una forma de escaparle al debate económico, cuando el ajuste de Sergio Massa pesa en los bolsillos populares con el aval de todas las alas del Frente de Todos, con el apoyo de Juntos por el Cambio y con el festejo del FMI.

Los debates

A lo largo de la jornada hubo cruces y polémicas a tres bandas entre diputados y diputadas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda.

Dio el pie el radical Mario Negri que, para defender a los jueces, cuestionó cualquier concepción que considere que “voluntad popular tiene un plus superior” e intente gobernar por encima de los otros poderes porque es “la idea de una democracia no representativa sino directa”.

Myriam Bregman tomó el guante y lanzó “Negri hizo una defensa encendida de la rosca, cuestionó cualquier mecanismo de democracia directa”, como si fuese bárbaro que los jueces lleguen por la rosca a donde están. Bregman habló en defensa de la voluntad popular expresada en las movilizaciones y ratificó la propuesta de la elección directa de los jueces, que no tengan ningún privilegio, y la extensión de juicios por jurados. El diputado Juan Manuel Lopez (CC-JxC) no se aguantó y le contestó reafirmando que el poder judicial “es un poder contramayoritario” y es “para evitar la dictadura de la mayoría”. Detrás de la defensa de Juntos por el Cambio a los jueces y sus privilegios, está la defensa de la “dictadura de una minoría” que se sustenta en la letra de la constitución. Una letra que legitima esa “dictadura de una minoría”, y que también el Frente de Todos no se cansa de defender (aunque cuestione a determinados jueces).

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La diputada de izquierda le retrucó “a los que nos dicen que entonces habría que cambiar la Constitución” con lo que está pasando en Perú. “Un pueblo que se levanta tras años de ajuste y precarización laboral, donde muchos trabajadores, trabajadoras, campesinos se movilizan proponiendo una Asamblea Constituyente. Por ahí va el camino, pero una que sea libre y soberana, no como la de 1994, que pueda discutir el saqueo y la dependencia a la que han sometido al país. Hay que discutir el conjunto del régimen político y social sin ninguna limitación” sostuvo Myriam Bregman. Luego de la Comisión de Juicio Político, el Frente de Izquierda Unidad, y sus diputadas y diputados, se movilizaron contra el gobierno golpista de Perú y en solidaridad al pueblo peruano que protagonizaba en simultáneo una nueva jornada de protestas y paro.

Los diputados de Juntos por el Cambio, para defender su rechazo al inicio de juicio político a los cortesanos, acusaron al oficialismo de llevar adelante “un acto destituyente”, y atentar contra “la independencia del poder judicial”. Juan Manuel López (CC-JxC) alertó que cuestionar a los jueces por el contenido de sus fallos es “como ir contra un presidente por el contenido de su gestión y políticas públicas”, y señaló que hay un peligroso antecedente en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff.

Fue Leopoldo Moreau del Frente de Todos quien polemizó: "No digan que ahora están preocupados por la democracia (...), les recuerdo que no repudiaron el golpe de Estado en Bolivia" . Además cuestionó la equiparación entre presidentes que son elegidos cada cuatro años y los jueces: “la Corte no tiene una instancia de revisión salvo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados”.

Myriam Bregman aportó otra mirada y contextualizó el debate sobre el poder judicial en lo que viene pasando en América Latina: “las cortes supremas han sido legitimadoras de golpes reaccionarios del último periodo. En Brasil, en Honduras, Bolivia, en Perú”. Así como le recordó a Juntos por el Cambio que “cuando a Dilma Rousseff la removían por motivos casi administrativos o políticos, se negaron a rechazar el golpe en el recinto, y en su gobierno tuvieron relación con el golpismo en Bolivia”; también apuntó al Frente de Todos. Bregman interpeló a Moreau: “tenemos que repudiar el golpe en Perú. No lo hizo la Celac, en 111 puntos no le dedicaron un renglón, no lo ha hecho el gobierno argentino”. No hubo respuestas por parte del oficialismo.

Otra de las polémicas que dejó la jornada fue el contenido de los fallos de los jueces y si pueden o no ser juzgados por ellos. Juntos por el Cambio repitió hasta el cansancio que de ninguna manera se los puede cuestionar. El Frente de Todos defendió hacerlo, y explicó sus motivos poniendo sobre la mesa los chats filtrados de Lago Escondido entre funcionarios macristas, jueces, espías y empresarios. Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) aseguró que “no hablamos de juicio político hasta que aparecieron los chats que demostraron que estaban arreglados los fallos”. Leopoldo Moreau sumó otro ejemplo de “fallos negociados” de la Corte: el del 2x1 para beneficiar a los genocidas. Les recordó que negociaron el voto de la ex cortesana Elena Highton de Nolasco, a cambio de prebendas.

Myriam Bregman fue de las diputadas que apuntaron al contenido de los fallos de los jueces por lo que manifiesta el pueblo, como en el 2x1 que fue repudiado y se dio vuelta por la movilización. La diputada del Frente de Izquierda y abogada en causas de lesa humanidad, después de cruzar a Pablo Tonelli del PRO por defender como legal el fallo de 2x1, cuestionó otros fallos de la Corte que el oficialismo ha decidido no poner sobre la mesa en este proceso de juicio político. Bregman apuntó contra “fallos antiobreros y contra el derecho a huelga” y recordó que la Corte es parte de “legitimar el fraude del monotributo en un país donde decrece el trabajo con derechos”. Algo que también apuntó Romina del Plá de la bancada de izquierda: “Estamos frente a una Corte propatronal, antiobrera, socia del saqueo ambiental y enemiga del interés nacional”.

Myriam Bregman agregó que “no nos podemos oponer a que se investigue a esta Corte Suprema y la hemos cuestionado con la movilización popular. Pero ninguna de las salidas que se proponen acá son salida democráticas”.

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Una vez más, Bregman expuso el doble discurso del oficialismo: "es increíble que no se diga que desde 1983 para acá el peronismo tuvo mayoría en el Senado, esos jueces no salieron de un repollo, esos jueces llegaron a ese lugar todos y cada uno con el voto del peronismo o al menos de alguna de sus alas”. Incluso recordó que el juez Rosatti, que ahora es uno de los blancos de ataque del Frente de Todos, fue Ministro de Justica en el gobierno de Nestor Kirchner en 2004-2005. Es que uno de los pedidos de juicio político que va a investigarse lo hace una sobreviviente de la ultima dictadura, Patricia Isasa. Denuncia a Horacio Rosatti por encubrir un represor de la dictadura (Eduardo Ramos) mientras ejerció su cargo como intendente de Santa Fe entre 1995 y 1999. "Cuando lo nombraron ministro de justicia, ¿no sabían esto de Rosatti?" preguntó Myriam Bregman frente al silencio oficialista. "Alguna explicación tiene que haber, lo que no puede pasar es que salte de tema, hay como un bache temporal y de eso no se habla" reclamó la diputada.

La Cámara de Diputados seguirá consumida por la agenda judicial, y se prepara para extenderla por varios meses cada jueves, con la apertura de la investigación sobre los jueces de la Corte Suprema. Afuera del Congreso, la “dictadura de la minoría” hace sentir todo su rigor contra las mayorías con salarios y jubilaciones que continúan en caída. Puertas adentro, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio prefieren las disputas judiciales que mirarse en el espejo del país que siguen fracturando con el saqueo y la dependencia.