Al igual que lo hizo en octubre pasado, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, volvió a realizar declaraciones dando por muertos a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Como en aquella oportunidad generó una ola de indignación entre los familiares y organismos de derechos humanos.
Sábado 24 de enero de 2015
Fotografía: EFE
El martes pasado, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República (PGR), dio a conocer a los medios de comunicación los resultados de los análisis forenses realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria, a los supuestos restos de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Según los estudios, la cantidad de ADN hallada en los restos no permite obtener un perfil genético, haciendo imposible su identificación mediante la técnica de cuantificación utilizada.
Basado en estos resultados, Murillo Karam declaró: "me queda claro que allí mataron a por lo menos uno" (en referencia a la identificación de restos pertenecientes al normalista Alexander Mora), añadiendo que "las declaraciones, las pruebas y todo lo demás me hacen pensar que allí los mataron". Es la segunda vez que la PGR presenta "avances" de la investigación para sostener su versión de que los normalistas habrían sido asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y posteriormente sus restos arrojados a un río, apoyada en "pruebas" extremadamente débiles como, por ejemplo, las declaraciones hechas por presuntos miembros del cártel Guerrero Unidos vinculados al secuestro de los normalistas.
Las voces de reclamo frente a semejantes declaraciones carentes de sustento no se han hecho esperar. Diversos investigadores universitarios han criticado la ausencia de pruebas científicas que sustenten las afirmaciones del procurador. Julio Muñoz Rubio, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, ha señalado por ejemplo que el gobierno no ha respondido a los análisis difundidos por los científicos Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física, y Pablo Ugalde Vélez, de la UAM Azcapotzalco, en los que se refuta con pruebas científicas la versión oficial.
Por su parte, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que las declaraciones de Murillo Karam violan los acuerdos firmados con los padres de los normalistas, en los que se establece que toda información sensible sería dada a conocer en primer término a los padres, a los que no se les informó de los resultados forenses antes de las declaraciones oficiales.
La respuesta en Guerrero
Al día siguiente de las declaraciones de Murillo Karam, padres de los normalistas junto a campesinos, organizaciones sociales y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), marcharon en la cabecera municipal de Tecoanapa. Desde allí, lo padres y madres de los desaparecidos dieron un plazo de cinco días al presidente Enrique Peña Nieto para que devuelva los restos de Alexander Mora y presente con vida al resto de los normalistas. Exigieron también la salida del Ejército de la región de la Costa Chica, se pronunciaron porque no se realicen elecciones en el estado y continuaron demandando el acceso a los cuarteles militares para buscar a sus hijos. Ante las investigaciones que señalan la participación de militares en los hechos del 26-27 de septiembre en Iguala, que terminaron en el asesinato de 3 normalistas y la desaparición de 43, la PGR se ha negado a investigar al Ejército, y ha declarado que no existen indicios de su participación.
El mismo miércoles, en Chilpancingo, más de 5 mil personas entre las que se encontraban familiares de los normalistas y maestros de la CETEG, se manifestaron con una marcha y un bloqueo de casi 4 horas en la Autopista del Sol, en exigencia de la presentación con vida de los estudiantes y de que la PGR abra líneas de investigación al Ejército y al ex gobernador Ángel Aguirre. Advirtieron además que en tanto no aparezcan con vida los normalistas no se realizarán elecciones en Guerrero. Ya el martes 20, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense habían irrumpido en una sesión del Instituto Nacional Electoral, en Tlapa, dándola por concluida y trasladando al personal del Instituto al zócalo de la localidad para un diálogo público, en donde advirtieron que no se permitirá la realización de elecciones -programadas para el 7 de junio- en el estado.
El jueves, maestros de la CETEG junto a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa cerraron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Guerrero, anunciando que en tanto no aparezcan con vida los normalistas no habrá labores en la dependencia, aunque las instalaciones fueron liberadas por la noche.
El movimiento se mantiene en pie
A pesar de los intentos del gobierno por dar carpetazo al caso de los normalistas desaparecidos, para el lunes 26 de enero está programada la VIII Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, en la que se espera la participación del movimiento estudiantil, organizaciones campesinas, populares y de trabajadores.
En acuerdo con los padres de los normalistas y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, la Unión Nacional de Trabajadores ha anunciado su participación en la jornada del 26, cuyos ejes políticos serán la presentación con vida de los 43 y a favor de las luchas de los trabajadores.
Mientras se mantiene la crisis de legitimidad del gobierno, los partidos tradicionales y las instituciones del régimen político, la profundidad del movimiento democrático en solidaridad con Ayotzinapa, luego de acicatear desde el año pasado la entrada en escena de sectores de trabajadores, está mostrando las primeras tendencias a la unificación de las demandas, abriendo la perspectiva de un poderoso fortalecimiento del movimiento.
