La baja de la edad de imputabilidad es uno de los puntos en los que coinciden la mayoría de las listas, en su plataforma sobre seguridad. En esta nota se comparten apuntes para pensar cuestiones claves alrededor de la criminalización a las infancias y adolescencias.
Jueves 19 de octubre de 2023 02:19
Cada cierto tiempo, la cuestión de la baja de la imputabilidad vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda política, con argumentos que alegan que esta medida es necesaria para mitigar el delito. Estas propuestas punitivas con respecto a la infancia y adolescencia no son exclusivas de nuestro país; lamentablemente, podemos observarlas en diversas partes del mundo.
Candidatos actuales, como Bullrich, durante el segundo debate presidencial, la mencionan como premisa necesaria para “combatir” la inseguridad y el narcotráfico. No obstante, la reducción de la edad de imputabilidad no es un tema limitado a Juntos por el Cambio. Como era de esperar, el candidato libertario Milei la incluye en sus plataformas políticas, y Massa también ha respaldado esta iniciativa desde la creación del Frente Renovador en el año 2013.
Ante estas propuestas, surgen preguntas cruciales: ¿realmente reduce la baja de la imputabilidad las tasas de crímenes? ¿Son los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) quienes cometen delitos graves? ¿Cuáles sectores sociales están involucrados en estos “actos delictivos”?
La detención infantojuvenil en otros países
En una primera instancia, veamos qué sucede en el resto del mundo. A pesar del dramático impacto de la delincuencia y la violencia en niños, niñas y adolescentes (NNyA), suelen ser vistos como la principal causa de la violencia y no como víctimas, lo que perpetúa una percepción negativa hacia ellos, y sigue allanando el camino hacia legislaciones más severas en Justicia Penal Juvenil. En los últimos años, varios gobiernos de América Latina y el Caribe, en particular Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay, han promovido reformas o políticas basadas exclusivamente en una agenda de seguridad. Estas reformas consisten en aumentar la severidad de las sanciones, reducir la edad de responsabilidad penal y eliminar las garantías procesales para NNyA en conflicto con la ley.
Estas políticas no solo violan flagrantemente la Convención de los Derechos del Niño, sino que tampoco cumplen “los objetivos de lucha contra la delincuencia y la violencia”. Una preocupación adicional es la tendencia a otorgar un poder discrecional a los jueces en la evaluación de la madurez del niño/niña para decidir sobre el régimen aplicable, o para utilizar una edad mínima más baja de responsabilidad penal, en los casos en que el niño/niña es acusado de cometer un delito grave.
En el año 2011, un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” indicó que “los sistemas de justicia juvenil en el continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el uso excesivo de las medidas de privación de libertad”. Según el estudio, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con frecuencia tratan a los NNyA con brutalidad, basada en prejuicios discriminatorios. A menudo realizan detenciones preventivas y los privan del contacto con sus familiares. Las condiciones materiales, la violencia, la falta de recreación y la falta de acceso a la educación, entre otros factores, afectan su vida cotidiana y sus oportunidades de reinserción. La situación se agrava por la inexistencia o insuficiencia de mecanismos de monitoreo y denuncia.
De la misma forma, La Organización de las Naciones Unidas ha presentado un documento en el cual expone que más de 7 millones de niños y niñas son privados de libertad cada año, desde prisiones, centros de prisión preventiva, hasta centros de detención de migrantes e instituciones de todo tipo. La investigación es una continuación del “Estudio Global sobre la Violencia contra los Niños y Niñas”, publicado en 2006, el cual fue liderado por Manfred Nowak, experto independiente designado por el Secretario General de la ONU.
¿Qué sucede en Argentina?
Según la Base General de Datos de La Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2022, predominan los delitos contra la propiedad, que representan el 82% del total, principalmente distintas modalidades de robos (3 de cada 4 casos). Las causas iniciadas por delitos contra las personas solo implican un 1.4% del total, es decir, las estadísticas demuestran que la mayoría de los NNyA que tienen conflictos con la ley penal lo hacen por delitos menores, mientras que los delitos graves representan un porcentaje ínfimo.
Específicamente en menores de 16 años, se asentaron un total de 1,047 causas en 2022; el 80% de ellos no tenían causas anteriores en la Justicia Nacional de Menores. Nuevamente, el 85% de estas causas corresponden a delitos contra la propiedad. Además, solo el 8% tenían causas judiciales previas, lo que contradice la premisa sostenida por algunos dirigentes y medios de comunicación de que “los chicos entran y salen del sistema penal por una puerta giratoria”.
A su vez, de los 1.485 casos de delitos cometidos por menores de 18 años, en CABA, cabe destacar que solo el 23% poseía una figura familiar ’convencional’ (madre y padre). El 60% eran NNyA de hogares monomarentales, y el restante vivía con otro familiar o cuidador, padre o en situación de calle, es decir, que sus redes de cuidado son mucho más reducidas. El 80% solo contaba con cobertura de Salud Pública.
En 2018, UNICEF presentó “Las Voces de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina”, un estudio sobre 500 chicos y chicas detenidos en Centros Cerrados de distintas partes del país. Los datos fueron desoladores: casi el 30% de los chicos privados de la libertad vivió en la calle y el 14% lo hizo en “hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales” debido al haber sufrido violencia y maltrato en su hogar, abandono, abuso sexual, entre otros factores.
Casi el 40% manifestó haber sido maltratado por las ’fuerzas de seguridad’ antes del encierro, y 3 de cada 10 sufrió algún tipo de violencia en la institución. Como era de esperarse, la mayoría no pudo realizar una denuncia. Solo la mitad de ellos asistía a la escuela, y de la otra mitad, casi el 80% había repetido de año. En cuanto al trabajo, casi el 80% había trabajado previamente, y el 60% había realizado trabajo infantil. Además, casi el 80% había tenido experiencia en consumo de sustancias.
Los establecimientos penales los adolescentes y jóvenes privados de su libertad contaban con intervenciones previas de los organismos “protectores” de la infancia, las cuales habrían sido inadecuadas, y no resolvieron las privaciones y vulneraciones de derechos que presentaba la población alcanzada por el Sistema Penal Juvenil.
En adición, numerosa bibliografía especializada hace referencia a la selectividad del sistema penal: no puede desconocerse, que la población más afectada es aquella que proviene de los sectores sociales de menores recursos, y la cual, una vez que ingresa al sistema penal, no cuenta con iguales herramientas para su reinserción social.
Hace unas semanas el Indec arrojó que el 60% de los NNyA en Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Es decir que no solo actualmente poseen vulnerados más de un derecho, como educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro, sino que también, algunos sectores buscan culpabilizarlos de la inseguridad.
En definitiva, los números, tanto nacionales como internacionales, demuestran que bajar la edad de punibilidad no resuelve el problema de la inseguridad, y por el contrario, profundiza las desigualdades, por lo que los esfuerzos del Estado deberían estar dirigidos a transformar esa realidad.
Asimismo, esta “demagogia del castigo” fomenta la acción de la fuerza policial contra las infancias y adolescencias, dando lugar a ejecuciones extrajudiciales: el hostigamiento y los casos de "gatillo fácil" parecen dirigirse siempre hacia los sectores más humildes y desfavorecidos, lo que pone de manifiesto una base racista, discriminatoria y aporafóbica.
A más de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, no debemos permitir estos discursos punitivistas contra los NNyA. La única deuda que debemos reconocer, es la que poseemos con las infancias.
