BANCA. Beneficios encubiertos para la banca: las desgravaciones de la última década superan los impuestos

El rescate bancario supuso un antes y un después en el modelo bancario español. Con el rescate de las entidades bancarias y la falta de control respecto de sus actividades venideras, así como la construcción de la Sareb o “banco malo” que hoy es uno de los principales propietarios de pisos cuyos inquilinos son desahuciados, se inauguró toda una época del “sálvese quien pueda”, que puso fin a la época dorada del ladrillo español.

Durante esta década, las entidades bancarias no solo han aumentado enormemente sus beneficios, sino que se han acogido a una nueva fórmula de descuentos fiscales a la medida exacta de sus intereses. Esta fórmula, de activos fiscales diferidos (DFA en inglés) entró en vigor durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2013 y supuso una bonificación que que asciende ya a 42.073 millones de euros; un dinero que los bancos pueden descontar de sus impuestos o canjear por deuda pública en 2032. Es decir, las entidades podrían recuperar la cantidad pagada en impuestos durante los últimos diez años directamente de las arcas públicas.

En un contexto de inflación, crisis y pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora del país, los bancos españoles se encuentran en pleno proceso de recurso judicial del “impuesto extraordinario” que pretende tímidamente imponerles el gobierno. Un impuesto que apenas cubre el aumento de gasto militar planteado por los Presupuestos Generales del Estado de 2023, pero que el gobierno “progresista” se ha hartado de calificar como social.
La jugada no es nueva: mientras los bancos siguen declarando unos “modestos” beneficios, el nuevo sistema de las DTA permite a las entidades ahorrarse el coste íntegro de los planes de pensiones y de las jubilaciones anticipadas de los empleados.

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Evidentemente, esto beneficia en mayor medida a los altos cargos y directivos, cuyos planes de pensiones son más cuantiosos. De esta forma, los bancos convierten los “beneficios” en retribuciones a sus trabajadores, que en lugar de otorgarse en forma de salario, lo hacen en forma de prejubilación o fondo. Unas retribuciones que saldrán directamente de las arcas de Hacienda.

Si bien los impuestos pagados en el periodo 2012-2022 supusieron 74.869 millones de euros en total, la suma de las desgravaciones a las que se acoge la banca alcanza la casi totalidad de esa cifra: 73.294 millones. Una “trampa” por la que se vuelve a ver que el sistema impositivo no tiene nada de justo ni progresivo: los grandes capitalistas son los que más impuestos evaden con estas medidas.

Lo escandaloso es que, a lo largo de esta década, el rescate bancario se hizo sin ninguna garantía de que ese dinero fuese a reforzar la banca y evitar una nueva crisis. Esto ha hecho que los beneficios de la banca sigan siendo astronómicos (entre 2012 y 2022 suman más de 122 millones, una buena parte de negocios en el extranjero de las principales entidades BBVA y Santander), y tan solo la cuarta parte de esos beneficios han ido a reformar y reforzar el sistema bancario. Los otros tres cuartos se han destinado, principalmente, a enriquecer a los accionistas y directivos.

En cuanto al cambio de modelo de negocio de la banca, la transformación tampoco ha sido positiva para los usuarios: se han cerrado cerca de la mitad de las sucursales bancarias, dejando en la calle a la tercera parte de las plantillas. Algo que ha tenido, además, una fuerte repercusión en la atención a los clientes.

Lo que se esconde detrás de este sistema de reparto de beneficios es la garantía de que tarde o temprano el Estado vuelva a intervenir para pagar las pérdidas en caso de crisis. Una estrategia congruente con la política del último periodo donde los gobiernos del PP ni del PSOE-UP se han dedicado a legislar en favor de la banca, y por otro lado, lógicamente no se ha avanzado en el necesario control público de la banca que arrebate de las manos de los capitalistas del IBEX el control económico del país.

Solo una medida así, junto con un control de la banca por parte de los trabajadores y usuarios, desterrando las antidemocráticas “juntas directivas y de accionistas” permitirían tener un verdadero control de la banca pública. Además, es de los sueldos de los grandes capitalistas de donde debe extraerse la cuantía necesaria para hacer frente a la crisis social en curso: una crisis que amenaza cada vez más los bolsillos de la clase trabajadora y el pueblo trabajador.

En lugar de establecer mecanismos por los que estos empresarios sigan evadiendo impuestos (legal e ilegalmente), debemos imponer un plan de lucha que pelee por expropiar los beneficios millonarios de empresas como bancos y eléctricas, que en un contexto en el que parte de las familias no pueden poner ya la calefacción son especialmente escandalosos.