Blanqueo de capitales. Blanqueadores seriales

El anuncio acerca de la presentación del proyecto de ley de blanqueo de capitales, so pretexto de financiar el pago adeudado a los jubilados por liquidaciones mal hechas, generó un fuerte debate en las distintos bloques políticos y mostró importantes divisiones en el oficialismo.

Dentro de sus filas, el principal escollo con el que se encuentra Mauricio Macri, es con la oposición de Lilita Carrió y de un sector de la UCR. La líder de la Coalición Cívica dijo el pasado sábado: "No estoy de acuerdo con un blanqueo, salvo que no comprenda a funcionarios públicos y a empresarios que hicieron negocios con el Estado, porque si no blanquea a Lázaro Báez".

Las críticas de Carrió traccionan al radicalismo y según el diario La Nación un diputado de la UCR declaró que “para qué vamos a opacar la reforma jubilatoria con un tema que puede ser interpretado como una defensa de la corrupción”. Este martes, esos sectores realizarán una reunión para terminar de definir su posición.

Sin embargo, no todas son pálidas para Macri y su gabinete. El proyecto que prevé “repatriar” capitales estimados en alrededor de U$S 70.000 millones, fue bien recibido entre los empresarios y sus cámaras. Como no podía ser de otra manera, quienes fueron rabiosos opositores de la Ley Antidespidos, argumentando que iniciativas como esa “desestimulan la concreción de inversiones y la generación de empleos”, festejan un nuevo premio del gobierno de la CEO.

El presidente de la UIA, José Urtubey, en una entrevista realizada con Radio Telam, señaló al proyecto de blanqueo como “un primer paso. Se estipula que 250 millones de dólares están ahorrados por los argentinos fuera del sistema, a ello tenemos que apuntar. Es un proceso, no algo inmediato, pero con mayor seguridad jurídica y políticas de incentivo y de clara orientación, se puede volcar al sistema todo ese ahorro". A eso agregó que “el modelo de desarrollo en la Argentina necesita inversión”.

Para terminar de ratificar el apoyo a la medida, señaló que “tenemos dos formas de volcar niveles de inversión: a partir de la inversión extranjera directa, y la segunda es ver cómo tentamos al ahorro nacional que está fuera del sistema para que pueda volcarse también a la inversión productiva”.

Este domingo, en un sentido similar, hablaron el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos y el director del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Miguel Blanco. Este último señaló que “después de lo que ha vivido Argentina en los últimos años, donde no había forma de proteger el capital de las empresas o los ahorros donde no se podía invertir en dólares, es una buena medida para poder reingresar ese dinero a la actividad productiva”. El director de AEA, usina del pensamiento patronal definió necesario “que se den beneficios para aquellos que ingresan la plata para procesos productivos”. Más claro, imposible.

Coyunturas

Lo cierto es que el proyecto de ley llega en un momento en el que Macri se encuentra cercado (e imputado) por las denuncias destapadas con los Panama Papers. Día a día aparecen nuevas pruebas que dan cuenta de que no se trató de empresas inactivas como intento defender el presidente. Por el contrario, parece ser que gozaron de “muy buena salud”.

En ese marco, el blanqueo de fondos en el exterior no declarados, podría beneficiar no solo al presidente, sino también a un número significativo de funcionarios de Cambiemos, que hizo uso y abuso de los beneficios prestados por la creación de empresas off-shore.

El “ejemplo” empieza por casa

Como una forma de mostrar que “ahora sí” el país es creíble y seguro, Macri, luego de presentar una nueva declaración jurada que incluye cuentas en paraísos fiscales, y que duplica su patrimonio en tan solo un año, aclaró que traerá esos fondos de vuelta al país.

Pero ni siquiera esta parte del discurso resulta creíble, ya que se contradice con lo expuesto por Macri mismo en abril pasado, cuando anunció la creación de un fideicomiso ciego que, supuestamente, le impedía actuar sobre sus propios fondos.

En teoría, durante el período de existencia del fideicomiso ciego, la administración ya no estaría a cargo del titular de estos bienes o capitales, por lo que no podría ni consultar ni proponer cambios en los criterios de inversión a favor de una acción, bono o moneda extranjera, de compra y venta. Sin embargo, ayer Macri declaró que ya había dado “la orden al administrador de que radique el ahorro que tengo en la Argentina”. Así, ni siquiera aquí tiene sentido el discurso de la “transparencia”.

La repatriación de los 18 millones de Macri, serán para comprar títulos del tesoro que cotizan en dólares, toda una demostración de la “confianza” que tiene en la moneda nacional.

Un blanqueo más y van…

El actual gobierno con este proyecto impulsa lo que podría definirse como la versión mejorada de aquel impulsado y aprobado por el kirchnerismo tres años atrás.

La ley sancionada en el 2013, en el artículo 9, definía que “Los sujetos que efectúen la exteriorización (de fondos NdR) (…) no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 (de Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo NdR) y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas (…)”.

Así, el gobierno de los “pagadores seriales” sentó las bases para que hoy Mauricio Macri impulse este nuevo proyecto. Los gobiernos argentinos, sean del signo que sean, tienen vocación de “blanqueadores seriales”.

Solo así se puede entender que lo reparos que se conocieron al proyecto, por parte de sectores que integraron el viejo oficialismo, hayan sido parciales. Como ocurrió con el acuerdo con los fondos buitres, todo el arco político patronal parece respaldar abiertamente esta política de blanqueo.