Cumbre del agro. Bolivia: una "cumbre agraria" para reagrupar a los derechistas

El gobernador de Santa Cruz, el empresario clerical Luis Fernando Camacho, ha llamado a respaldar la iniciativa del Comité Cívico departamental convocando a la asamblea programada para este lunes 2 de agosto. Lo hacen en momentos en que la Comisión Agraria departamental, dirigida y controlada por la oligarquía agroindustrial, pretende impedir la dotación de tierras a quienes no sean “nativos” del departamento, con el argumento de “defender la tierra y el territorio” cruceño. Camacho, adelantó la posibilidad de tomar medidas de hecho, ante la negativa del director del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) de asistir a la reunión convocada por esta comisión y ante la posibilidad de que las resoluciones adoptadas por esta Comisión Agraria sean desconocidas por el Gobierno nacional.

El impulso tomado por el comité cívico y la gobernación cruceña en la discusión de la tierra y el territorio, busca en primer lugar “rayar la cancha” para que en este debate, los agro industriales y terratenientes cruceños puedan estar en una mejor relación de fuerzas frente a colonizadores [1], campesinos sin tierra o pueblos indígenas.

La convocatoria también es parte de un esfuerzo derechista de reagrupar fuerzas ante el retroceso que vienen teniendo desde las elecciones de octubre pasado y ante el avance de los procesos penales por los casos del golpe de Estado y masacres de Sacaba y Senkata. Estas ya han llevado a una docena de civiles y militares detenidos preventivamente, sin que la derecha golpista haya tenido alguna capacidad de resistencia.

Desde el MAS han minimizado la importancia de la convocatoria a la Cumbre Agraria Departamental, afirmando que al no tratarse de una instancia institucional con respaldo legal, el director nacional del INRA no tiene por qué asistir a la misma. De la misma forma, diversas organizaciones campesinas y de colonizadores han manifestado su rechazo a esta cumbre al considerar que lo único que pretende es establecer las reglas de distribución de tierras desconociendo en los hechos la normativa nacional agraria y favoreciendo a los grupos empresariales del sector.

Esta tensión creciente sobre las tierras es el resultado de la tendencia histórica a la subida de precios de los alimentos, tendencia que probablemente no disminuya de precipitarse la crisis económica internacional que diversos analistas vienen anunciando y que el efecto rebote que estamos transitando hoy no sería más que un viento pasajero en un escenario más que sombrío. La presión que se manifiesta sobre la tierra y que se ha traducido en los desastres ambientales del 2019 y 2020, está amenazando echar por la borda la política que Evo Morales y el MAS sostuvieron durante el Gobierno anterior, tendiendo puentes tanto con la agroindustria, que fue ampliamente favorecida y por otro, la entrega de tierras fiscales a colonizadores y sectores populares sin tierra.

Esta política de Morales, era coherente con su objetivo de conciliar con las clases dominantes, evitando que las disputas por la tierra se transformen en enfrentamientos abiertos entre campesinos y agroindustriales, buscando que “todos ganen”, entregándole a los agroindustriales paquetes legales que alentaron las exportaciones y la ampliación de la frontera agrícola y por otro lado calmando el hambre de tierra de colonizadores mediante la dotación de tierras fiscales en regiones selváticas y sin presencia de terratenientes.

De esta manera Morales y García Linera lograban establecer buenas relaciones con la oligarquía oriental sin perder el apoyo y su base social campesina, logrando una “pax social” que se prolongó hasta el golpe de Estado del 2019. Sin embargo, hoy la oligarquía agroindustrial, capitaneada por el fascista Camacho, se siente en condiciones de exigir el control, absoluto del territorio cruceño, buscando establecer “prioridades” para quienes son de Santa Cruz respecto de los que no son nacidos en el departamento. Con esta política se pretende reeditar las tendencias separatistas y racistas que el 2008 pusieron al país al borde de la guerra civil, esta vez, disfrazándolas con el slogan de “defensa de la tierra y el territorio” buscando conquistar aliados entre algunas organizaciones indígenas del oriente y alentando un grosero y reaccionario chauvinismo departamental.

La política de beneficiar a los diversos sujetos agrarios, ha fortalecido a la agroindustria de tal forma que después de la crisis del 2008 y los posteriores buenos negocios con el MAS, les permitieron pasar a la ofensiva y llevar adelante el sangriento golpe de Estado del 2019. Hoy están más fuertes gracias a esa política, y hoy, quieren institucionalizar esa nueva relación de fuerzas que conquistaron con Añez. La necesidad de impulsar la unidad del movimiento campesino e indígena con los centros urbanos y particularmente con los trabajadores y sectores populares para derrotar las aspiraciones reaccionarias de la oligarquía agroindustrial y también la política conciliadora del gobierno del MAS que ha llevado a que hoy estos derechistas estén a la ofensiva. Solo la lucha unificada de trabajadores y trabajadoras, urbanos y rurales, contra el imperialismo y el capital financiero puede abrir un rumbo progresivo al atraso y la desigualdad rural.

La cuestión agraria nacional y la necesidad de la movilización campesina revolucionaria

Las disputas por la tierra y el territorio que empezaron a tomar cuerpo con el Gobierno de Áñez. Apenas asumido el control del Estado no tardó en revertir tierras entregadas a familias campesinas otorgando y consolidando tierras a la gran propiedad terrateniente agroindustrial. Con estas medidas pusieron nuevamente sobre la mesa la discusión de las vías de industrialización del agro, entre una llamada vía Junker, es decir, la transformación de los hacendados y la vieja y rancia oligarquía nacional en empresarios capitalistas, y la llamada vía Farmer, consistente en la transformación del campesino individual y su familia en pequeños empresarios capitalistas.

Este viejo debate académico, sin embargo, en el país adquiere contornos particulares, además de ser un falso debate desvinculado de la realidad nacional.

A lo largo de la historia el discurso de las clases dominantes siempre fue el de disolver a las comunidades indígenas-campesinas y transformar a sus integrantes en propietarios individuales capaces de sostener sobre sus espaldas la industrialización agraria nacional y con ella la construcción de un Estado Nacional. Con esos discursos se llevaron adelante los ataques más feroces contra los pueblos y naciones indígenas, como por ejemplo con las leyes de ex vinculación del Gobierno de Melgarejo en la segunda mitad del siglo XIX, y diversas medidas posteriores con los mismos objetivos.

Sin embargo, si el discurso era convertir a los campesinos en propietarios, el resultado fue que los integrantes de la clase dominante, en general miembros de la casta blanco-mestiza, se apropiaban de las tierras comunales impulsando en los hechos una muy relativa vía junker de industrialización agraria. Decimos muy relativa, ya que la industrialización agraria no se produjo, reduciéndose estas políticas al acaparamiento de tierra y reduciendo a las comunidades a formas de servidumbre y pongueaje. Es decir, consolidando formas de trabajo basadas en el aprovechamiento rentista de las tierras y las comunidades, impidiendo la industrialización y el desarrollo capitalista del agro.

La revolución del 52 y su posterior reforma agraria del 53, fueron el intento más extendido de llevar adelante esa idea de transformar al campesino comunero en un campesino empresario. Esto se hacía gracias al enorme impulso que habían impuesto las milicias campesinas que expresaban el hambre de tierras que habían sido usurpadas por la clase dominante. El fracaso de este intento quedó plasmado en el surgimiento del “surcofundio” en el occidente y el relanzamiento del latifundio en el oriente. Recién luego del golpe de Estado del 71, se llevaron algunos tímidos intentos de avanzar en el agro oriental con esta industrialización. Será a mediados de los años 80, con la profunda crisis minera y con la transformación de la soya en mercancía de alta demanda que la burguesía y la oligarquía oriental incursionarán en este rubro capitalista.

En general, en Bolivia no hubo ni una vía junker, ni una vía farmer, ya que a las clases dominantes jamás les interesó industrializar el agro, que solo servía para obtener ventajas financieras y crediticias, poniendo la tierra bajo control de bancos y del gran capital financiero. Mientras la vía junker hace referencia a la transformación de la nobleza y terratenientes alemanes en empresarios capitalistas. O lo sucedido en EE. UU. con la vía farmer gracias a la enorme extensión del territorio que permitió desarrollar un amplio y extendido sector social propietario de tierras. En nuestro país, la dominación imperialista y el carácter subordinado de las clases dominantes solo alentó el acaparamiento de tierras con fines meramente rentistas.

Solo la lucha campesina independiente, aliada a las y los trabajadores de los grandes centros urbanos, terminará la discusión académica sobre las vías capitalistas de industrialización agraria, imposibles en un Estado semicolonial como el nuestro y abriendo las compuertas para un desarrollo agrario en función de los intereses de las grandes mayorías trabajadoras del país.