24 de Marzo. Bonavena: “Si la burguesía lo pide, ni el ‘progresismo’ ni la derecha dudan en militarizar la sociedad”

El intento de “desmilitarizar” la sociedad presente en el andamiaje legal promulgado luego de la última dictadura militar a nivel local logró alto consenso a la salida de la dictadura. La búsqueda de desmilitarizar la sociedad era una iniciativa que procuraba ceñir a los militares al específico espacio de los cuarteles y alejarlos de la política. Las fuerzas armadas, además, ya habían construido un requisito para pensar en otras formas de desplegar la explotación como alternativa a la dictadura: la derrota del movimiento obrero autónomo, las movilizaciones de masas y las organizaciones insurgentes (armadas y no armadas). Esta exigencia es una dimensión que no debemos soslayar. Las condiciones para la “democracia” requieren de una pacificación previa. Se asientan sobre matanzas. En esta dirección, resulta imprescindible comparar, país por país en nuestro continente, las “condiciones democráticas” donde las fuerzas insurgentes persisten o perduraron más tiempo que en la Argentina. Tomemos los casos, por ejemplo de Colombia y, en menor medida, Perú y México. Allí se mantienen los rasgos de guerra abierta. Donde hubo derrotas populares contundentes, las burguesías se permiten discutir sobre los límites entre seguridad y defensa, pero únicamente en condiciones favorables en las relaciones de fuerza. Cada vez que escala el poder popular autónomo las burguesías actúan en condiciones de guerra. De allí la permanente yuxtaposición entre defensa y seguridad en el ejercicio de los gobiernos. Los límites, que en los momentos “calmos” parecen tajantes y se enfatizan, quedan desvanecidos ante el incremento de la protesta popular y todo conato de insurgencia. Recordemos, para mencionar un caso, que Alfonsín, para muchas opiniones sinónimo de “república”, no dudó el violar la ley cuando, en 1989, el Movimiento “Todos por la Patria” intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada. Estableció por decreto el Consejo de Seguridad, formado por los ministros del Interior, de Defensa y de Asuntos Exteriores y Culto, por la SIDE, por los jefes de las tres armas y del Estado Mayor Conjunto, con el fin de articular tareas de inteligencia interna, contrariando la ley vigente de Defensa Nacional. Por otra parte, no debemos olvidar que desde el gobierno de Menem escaló el uso de las fuerzas militarizadas en la seguridad interna con el uso de la gendarmería y prefectura, propensión que se profundizó con el decreto 880/2004, firmado por Néstor Kirchner y Gustavo Beliz, pues dispuso que ambas fuerzas híbridas asumieran “servicios de policía de seguridad en los puestos de la Avenida General Paz”, desplazando a los efectivos policiales.

Veamos otro ejemplo; en octubre de 2013 se movilizaron efectivos del Ejército junto a la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para desalojar a un grupo de vecinos en Río Gallegos que habían ocupado terrenos de la Armada. En el transcurso de las presidencias de Cristina Fernández, incluso, ascendió la participación de las FFAA en la seguridad interior, fundamentada, como hoy, en el desafío de la lucha contra el narcotráfico. En efecto, durante julio de 2011 entró en acción el Operativo Fortín II, que instruyó al Estado Mayor Conjunto de las FFAA para fortalecer las capacidades de vigilancia y reconocimiento aeroespacial. En 2013, además, fueron movilizados 4500 miembros de las FFAA para reforzar las fronteras norte y noreste. Esta tendencia continuó en el gobierno de Macri. Claro que la creciente militarización no trae aparejado el fantasma de los golpes militares. Ahora cuando se habla de maniobras “destituyentes” y el golpismo se mira hacia el parlamento o los partidos políticos.

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-¿Qué opinas sobre el envío de Fuerzas Armadas a Rosario ante los crímenes de las bandas narco?

En definitiva, los debates sobre las leyes siempre expresan un momento ilusorio pues la realidad de la lucha de clases impone otros criterios. ¿Por qué existen ciertas garantías constitucionales y un respeto, más o menos, de los denominados “derechos humanos”? Debido al simple hecho de que no asoma una fuerza social que ponga en peligro la hegemonía burguesa. En la medida en que se inicie su proceso de conformación, el ahondamiento de la militarización de la sociedad no se hará esperar y todos los debates jurídicos quedarán eclipsados por la fuerza militar, legal e ilegal; estatal y paraestatal. La derrota de la clase obrera y sus aliados en las confrontaciones de los ´60 y ´70, con su consiguiente desarme y aislamiento político, es el factor que crea la apariencia de que los mecanismos constitucionales han logrado limitar la violencia política y tutelar la diferencia entre la represión y la defensa. Cuando el campo del pueblo retoma potencia, la lógica de guerra subordina el orden político, jurídico y moral.

De todos modos, resulta menester aclarar que en la Argentina se reflejan procesos que tienen su génesis en los principales países capitalistas. Por eso, se habla de militarización de las policías o “policialización” de los militares a nivel global. Las sociedades se militarizan y nutren de armas letales y no letales para reprimir las protestas y radicalización de las masas. La variable independiente es la presencia/ausencia de una fuerza que pueda cuestionar el orden social y bajo distintos pretextos, como la guerra contra el delito, el “terrorismo” o el narcotráfico, se van alistando factores para cuando sea más álgida la lucha de clases. Obviamente que esta realidad, no implica que el movimiento popular deseche la oportunidad de aprovechar y utilizar todos los resquicios legales posibles frente a la criminalización de la protesta u otros atropellos.

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La pretendida intervención de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico no escapa a la lógica general del Estado. Tienen que ver con la dificultad estatal para gestionar los entramados sociales y económicos que marchan por fuera de la legalidad. La pérdida de capacidad de gestión de esas redes siempre es preocupante para aquellos que gobiernan el Estado. La meta es mantener esos tejidos sociales bajo una buena tutela. De todos modos, en ninguna parte se logra evitar la sangrienta lucha por el control de parte del negocio. Tal como puede observarse en cada serie que pasan por Netflix, desde Finlandia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Francia, Canadá, España, Estados Unidos, Japón o Rusia, por ejemplo, el entramado entre el negocio de las drogas, la “casta política” y los brazos armados estatales goza de gran vitalidad y capacidad de reproducción. El crimen organizado integra la estatalidad.

Finalmente, recordemos que la subordinación de la trama de los negocios ilegales al Estado es una fuente fundamental del “Estado negro”, pero no sólo por los dividendos económicos y posibilidades recaudatorias o inversiones. Como se hizo con la mafia en Estados Unidos o Europa, y como se utiliza aquí las barras bravas, puede ser una buena arma contra la militancia contestataria y las organizaciones obreras.
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Sobran motivos para movilizarnos este 24 de Marzo. Contra este gobierno negacionista, nuevamente diremso: Son 30.000. Fue un genocidio. En las plaza de todo el país nos mvilizamos junto al Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia.