El gobierno de Gabriel Boric refuerza la militarización en La Araucanía, en el centro-sur de Chile, con la entrega de drones de última tecnología y avanza en la aprobación de una ley antiterrorista que criminaliza la protesta social. Estas medidas, lejos de abordar las demandas históricas de las comunidades mapuche, profundizan la represión y protegen los intereses económicos de grandes empresas y terratenientes.
Lunes 16 de diciembre de 2024 10:31
El viernes pasado, la región chilena de La Araucanía vivió un nuevo capítulo en la escalada de represión impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, con la entrega de dos modernos drones de vigilancia por parte de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en la 2ª Comisaría C.O.P. Pailahueque.
Se trata de dos aeronaves no tripuladas modelo Camcopter S-100, fabricadas por la empresa austriaca Schiebel Aircraft GmbH, adquiridas por un monto de $ 7 millones de dólares provenientes de los fondos del Ministerio del Interior. Estos drones, de última tecnología, están diseñados para operaciones de vigilancia y control, reforzando una estrategia de militarización en la región.
La entrega de estos drones no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la política de militarización que el gobierno de Boric ha venido implementando en La Araucanía. Esta estrategia prioriza la protección de los intereses de grandes empresas forestales y terratenientes, en detrimento de las legítimas demandas de las comunidades mapuche.
Organizaciones mapuche han denunciado que esta inversión no busca resolver los problemas de pobreza, despojo territorial y criminalización que sufren, sino que refuerza la represión estatal para salvaguardar los intereses de los sectores poderosos.
El mismo viernes el Gobierno avanzó en la aprobación de la ley antiterrorista en el Senado, un paso más en la criminalización de la protesta social y la restricción de derechos fundamentales. La nueva legislación otorga al Estado herramientas para actuar con total impunidad, incluyendo el uso de agentes encubiertos, la intervención de comunicaciones, la sanción de conductas antes de que se cometan los delitos, y la ampliación del concepto de "asociación terrorista", lo que permite aplicar esta acusación incluso a personas que no formen parte de una organización, una maniobra que apunta directamente a criminalizar la disidencia política y las luchas sociales.
La aprobación de esta ley y la entrega de los drones son señales claras de que el gobierno ha optado por una política de fuerza y represión. Lejos de responder a las demandas históricas de las comunidades mapuche, estas acciones solo perpetúan la violencia estatal y agravan las condiciones de militarización que hoy se instalan en las comunidades del Wallmapu.
