Se reunieron los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con Alejandro Gertz Manero, encargado de la Fiscalía General de la República y acordaron volver a comenzar las indagaciones.
Raúl Dosta @raul_dosta
Miércoles 18 de septiembre de 2019
Ante los recientes hechos escandalosos de parte de las autoridades judiciales, quienes se han dedicado en las últimas semanas a liberar a sospechosos detenidos por el caso de la desaparición forzosa de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, era urgente que la Fiscalía General de la República, se reuniera con los familiares y sus representantes legales para aclarar la situación y las perspectivas de la investigación.
La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, se vio en la necesidad de “lamentar” el día de ayer que hubieran sido liberados 24 presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes, luego de que el fin de semana pasado el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas decretara la liberación de 24 policías municipales , por considerar insuficientes las pruebas que había en su contra.
Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó en la reunión de hoy que buscará un mecanismo para evitar que se sigan liberando personas que estaban presas debido a las indagatorias.
Para dar cauce al descontento de los familiares, las autoridades encabezadas por Gertz Manero, propusieron un plazo, que vencerá a principios del mes de diciembre, para dar un balance de las nuevas investigaciones. Y aquí es donde está trampa del planteamiento del gobierno de la Cuarta Transformación: la propuesta de Gertz Manero, reconstruir prácticamente desde cero las investigaciones del caso prometiendo frenar las liberaciones de presuntos implicados.
Este volver empezar echa para atrás todos los esfuerzos realizados por los familiares y habrá que ver si también las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) serán hechas a un lado. Las poderosas movilizaciones del pueblo y estudiantes del todo el país se hacen necesarias para obligar al gobierno a asumir su responsabilidad y entregar resultados sobre el paradero de los normalistas.
Como reconoció el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, hay impunidad porque no se ha podido alcanzar la verdad en el caso donde, aseguró, hubo tortura e irregularidades. Y admitió: “prácticamente estamos en el inicio, tristemente tenemos que reconocerlo”.
Con esta política el gobierno gana tiempo a costa del sufrimiento de padres y familiares, pero sobre todo, deja en la impunidad la serie de liberaciones ya realizadas, todas ellas originadas por un recurso perverso de la anterior PGR, de realizar equivocadamente el debido proceso, para otorgar una salida jurídica a la liberación por falta o presentación incorrecta de pruebas, inclusive alegatos de tortura. Finalmente, el principal responsable de este proceso fraudulento, el fiscal organizador de “la verdad histórica”, Jesús Murillo Karam, sigue en la total impunidad, junto los demás autores y actores materiales de este crimen de Estado.
