El juez Lijo dictó la prisión preventiva para el exvicepresidente pasando por encima de las garantías procesales. Una casta judicial que supo ser aliada del kirchnerismo y hoy favorece al gobierno.
Sábado 4 de noviembre de 2017
Amado Boudou acumula varios cargos de corrupción. Aunque se redujo el número respecto a las sesenta y nueve causas que llegó a tener, el ex vicepresidente está complicado.
Ayer por la mañana se conoció que Boudou había sido detenido por el juez Ariel Lijo, bajo los delitos de ser jefe de una “asociación ilícita” dedicada al “lavado de activos” desde 2009 hasta 2015. Una figura más que cuestionada. La misma suerte corrió su ex amigo y socio, José María Nuñez Carmona.
En la orden de detención, Lijo habla de la posibilidad de “entorpecimiento del proceso” y de “fuga” para dictar la prisión preventiva. Esta decisión fue fuertemente criticada por especialistas de la materia. También periodistas, que van desde Marcelo Zlotogwiazda (C5N) y Ernesto Tenembaum (Infobae) hasta Claudio Savoia (Clarín), se pronunciaron en contra.
Las personas sometidas a proceso penal deben permanecer en libertad en resguardo de la presunción de inocencia. Lijo atenta contra esta garantía procesal señalando generalidades y sin especificar un delito que amerite la privación de libertad.
Boudou es Boudou... pero que no hablen de "república" los que usan estos casos para sentar jurispurdencia restringiendo garantías procesales
— Myriam Bregman (@myriambregman) 3 de noviembre de 2017
A la figura de "asociación ilícita" la hemos denunciado siempre. Los luchadores populares la han sufrido mucho. Claro, a quién le importaba?
— Myriam Bregman (@myriambregman) 3 de noviembre de 2017
La decisión del juez Lijo desconcertó incluso al abogado denunciante, Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien advirtió que el ex vicepresidente “siempre estuvo a derecho”. La apresurada decisión de Lijo, a cargo del tema hace cinco años, ocurrió días después de que el Consejo de la Magistratura recibiera una denuncia por parte del Colegio de Abogados, la ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia. Acusaban al juzgado de Lijo y de otros magistrados de “una demora excesiva en la tramitación de causas”.
Amado Bodou, quien fue ministro titular de la Anses, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación durante el gobierno kirchnerista, está salpicado por casos de corrupción. La lista incluye además la adquisición de Ciccone calcográfica, la compra de autos de alta gama sin licitación, la falsificación de papeles para la transferencia de un vehículo, la renegociación de la deuda formoseña y la presentación de vales de viáticos injustificables.
Sin embargo, no se puede avalar las prisiones preventivas como penas anticipadas. Aproximadamente el 60% de la población carcelaria esta sin juicio o a su espera. En este caso, la pretendida “lucha contra la corrupción” se usa para atacar las libertades democráticas y sentar una jurisprudencia peligrosa.
La arbitrariedad de los tribunales de Comodoro Py es evidente. Esta avanzada contra ex ministros y legisladores, va de la mano de sus favores al macrismo mediante sobreseimientos en causas de corrupción así como avalando su programa antiobrero y popular.
Justicia de clase y amiga del oficialismo
En las redes sociales, políticos cambiemitas celebraron el accionar judicial. Entre ellos, la “abanderada de la República”, Elisa Carrió. Pero la velocidad de la justicia en este caso contrasta con la lentitud en causas contra los funcionarios actuales. Cabe mencionar que el propio juez Lijo es quien tiene a su cargo la investigación sobre el escandaloso acuerdo entre Correo Argentino y el Estado nacional.
Jorge Macri, primo del presidente e intendente de Vicente López, logró que se levantara un embargo en su contra por $8 millones en menos de 72 horas. Y la investigación contra Gustavo Arribas (titular de la Agencia Federal de Investigación) por recibir coimas de parte de la constructora Odebrecht, también encontró un final feliz para el oficialismo. Esto mismo ocurrió con la investigación que recaía sobre la familia de Macri por supuesta evasión fiscal a través de cuentas offshore, que fue cerrada; al igual que con la denuncia de corrupción contra la vicepresidente Gabriela Michetti, quien tenía en su casa una enorme suma de dinero sin declarar.
El kirchnerismo denuncia ahora un intento de disciplinamiento de la oposición. Aunque el contenido es parcialmente correcto, deja de lado que el mismo Partido Judicial operaba en sentido contrario durante su gestión, limitando investigaciones a los funcionarios k y regalando sobreseimientos a velocidad récord.
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El falso republicanismo de Cambiemos sirve como cobertura del brutal ajuste que implica la contrarreforma laboral y previsional. La casta judicial y los grandes medios le brindan al gobierno y los empresarios un blindaje necesario a los ataques contra los trabajadores. Como dijo escribió alguna vez el poeta desaparecido, Roberto Santoro:
Cada vez que hay un problema
el juez levanta el martillo
y el país se hunde
más adentro.