La polémica empresa que fue acusada en distintos países por sobornos a funcionarios para obtener contratos en petroquímica, anunció a través del gobierno federal, una modificación a las licitaciones con el gobierno para invertir 400 millones de dólares en almacenamiento de etano.
Jueves 10 de marzo de 2022
El anuncio fue realizado en la mañanera por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quién asegura que los cambios en las licitaciones para poder construir este complejo, van a correr a cargo de la propia empresa Braskem y se utilizará para almacenar el gas que vendrá de las plantas productoras de Texas. Estas modificaciones contractuales no alteran las licitaciones que ya de por sí, se tienen entre el gobierno federal con y la empresa desde por más de 15 años.
La filial de la empresa brasileña asegura que el almacenaje de etano, facilitará la acumulación del compuesto petroquímico, abaratando los costos de importación y resguardo. Sin embargo, la titularidad del contrato les da la propiedad sobre el almacenaje de esta materia prima, de la cual depende la industria del plástico, que enlos últimos años decayó un 22% en la participación del sector público dándole pasó a la iniciativa privada en esta industria.
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Este abandono no es casual, el avance de la privatización de distintos sectores de la industria, han abierto paso a empresas de capitales privados en esta rama de la petroquímica, que se encargan de procesar el petróleo crudo en la elaboración de plásticos, como el propileno transformado en etileno y éste en petroquímicos intermedios como el óxido de etileno, polietilenos, estireno o cloruro de vinilo.
La empresa Braskem es la principal productora de estos materiales y pese a las dudas que genera su asociación con Pemex, el gobierno decidió hacer un “borrón y cuenta nueva” después de distintos conflictos que tuvo con la subsidiaria brasileña durante 2017, cuando fue multada por el enorme esquema de sobornos que salpicaron a varios funcionarios del gobierno de Peña Nieto, dejando de invertir 386 millones de dólares en comparación con los 586 millones que planeaba invertir antes de que se ventilara el escándalo.
De la corrupción en Pemex y los fertilizantes
Ahora la 4T no solo mantiene los contratos con esta empresa, sino que mientras siguen las asociaciones, el gobierno asegura que las investigaciones de casos de corrupción presentadas ante la Fiscalía General de la República siguen su proceso. Dichas diligencias también señalan a funcionarios vinculados al gobierno actual, tal es el caso de José Antonio Marrufo Ruiz, quien estuvo en Pemex Transformación Industrial (PTI), así como Leonardo Cornejo Serrano, actual directivo de la refinería Dos Bocas.
Aunado a este tema, también se encuentra la rehabilitación de plantas de fertilizantes de la paraestatal, dichas fábricas son ProAgrondustria en Allende (Veracruz) y Grupo Fertinal en
Lázaro Cárdenas (Michoacán). Para ello, el gobierno asegura que se invertirán 300 millones de dólares para llevar adelante dicho proyecto, en lo que termina el sexenio.
El director de Pemex aseguró que 216 millones de dólares vendrán de las sanciones impuestas a Alonso Ancira, ex socio mayoritario de Altos Hornos de México (AHSM) quien había vendido a sobreprecio la empresa Agronitrogenados, en su momento por la cantidad de 443 millones de dólares, de lo que sólo se recuperó la mitad del desfalco.
Esta apuesta de inversión en fertilizantes responde, a decir de coaliciones empresariales como la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, al conflicto entre Rusia y Ucrania, que amenaza la importación de estos recursos hasta en un 30%, siendo este primero, el principal proveedor de fertilizantes para el agro mexicano.
Ante todo este complejo panorama, las y los socialistas del MTS consideramos que los casos de corrupción que continúan con la 4T se demuestran como fucicona el capitalismo, mediante enormes negocios que solo pueden darse a partir de “saltarse” ciertas regulaciones y cada vez dichas prácticas favorecen el fortalecimiento de la tendencias al monopolio. Es por ello que estas empresas deben ser expropiadas sin indemnización para los empresarios, y los recursos estratégicos y sus respectivas industrias, renacionalizadas y puestas bajo control de sus trabajadores.