Bolivia. Secuestro de dólares: la concesión del gobierno boliviano a los empresarios y el imperialismo

El precario equilibrio de la economía boliviana desde hace cerca de un año está marcado por la falta de divisas, específicamente del dólar estadounidense. En un reciente comunicado de prensa, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) -una de las entidades que aglutina a los empresarios privados de distintos rubros- hizo público un pliego petitorio de cinco puntos para que ‘haya más dólares’. La nota de rescate, que hicieron los voceros de la oligarquía, fue una exigencia de medidas económicas liberales a cambio de restablecer el flujo de la moneda del norte. Luego, en una reunión con todas las principales organizaciones empresariales del país, el gobierno de Luis Arce Catacora anunció como victoria el haber cedido a los empresarios en casi todas sus exigencias.

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¿Por qué no hay dólares?

La escasez de dólares no es solo un fenómeno boliviano, sino parte de la coyuntura político-económica mundial. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos -que funciona como la mesa directiva de los más importantes conglomerados financieros del país- de incrementar la tasa de interés, es una medida que apunta a aliviar los efectos de la inflación en la metrópoli, cargando ese peso sobre el resto del mundo, porque apunta a atraer la ‘repatriación’ del dólar. El as bajo la manga del capital estadounidense es que no hace falta imprimir más billetes y devaluar su moneda, sino ‘repatriar’ parte de los billones de dólares que circulan por el mundo. Sin embargo, esta medida golpea con una fuerza particular a la economía boliviana, que pese a la campaña de bolivianización de la economía que llevaron a cabo los gobiernos del MAS-IPSP, aún mide el precio de mercado de inmuebles y vehículos en moneda extranjera.

Las divisas ingresan al país fundamentalmente por las exportaciones, la cooperación internacional (léase deuda externa) y las remesas de las y los trabajadores bolivianos en el exterior, cuya cifra hasta noviembre del 2023 ha sido la más alta en una década. En los últimos años, hubo cambios notorios en la composición de las exportaciones del país, Bolivia dejó de ser un país exportador de hidrocarburos y volvió a ser un país exportador de minerales, fundamentalmente del oro. Las exportaciones agroindustriales prácticamente igualan las del gas natural. Este cambio de participaciones significa que ahora la mayoría de los ingresos por exportaciones queda en manos de los empresarios privados. En el boom de los hidrocarburos (2014) más del 51 % de las exportaciones era de este sector.

Los números hablan por sí mismos. En 2023, ingresaron al país 2.497 millones de dólares por la exportación del oro y sus derivados; 2.047 millones de dólares por la exportación de gas natural; más de 1.755 millones de dólares por soya y derivados; más de 1.326 millones de dólares por la venta de zinc y 998 millones de dólares por la venta de plata (INE, Bolivia: Exportaciones según Actividad Económica y Principales Productos, 2023). La mayor exportación del país, el oro, está en manos de los mal llamados cooperativistas, con ventajas impositivas y una política de saqueo y explotación. Los grandes agroindustriales (soya, girasol, carnes, azúcar, alcohol etílico, etc.) por su parte igualan en exportaciones al sector hidrocarburífero.

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Sin embargo, en 2023 las exportaciones del país en su conjunto fueron menores a las importaciones, con un déficit de 584,7 millones de dólares. Estas importaciones incluyen los combustibles (subvencionados) que representan un gasto de 2.983 millones de dólares, los suministros industriales que representan un gasto de 3.025 millones de dólares, los equipos de transporte que suman 1.534 millones de dólares, un total de 1.214 millones de dólares en artículos de consumo y 732 millones de dólares en alimentos (INE, Bolivia: Exportaciones según Actividad Económica y Principales Productos, 2023). Claro, como los egresos superan los ingresos el gobierno busca desesperadamente aprobar los créditos internacionales para tener un mayor flujo de dólares.

Según declaraciones de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) el sistema bancario del país tiene más de 2.000 millones de dólares en depósitos, pero solo disponen de 230 millones de dólares en sus bóvedas, el segundo dato fue corroborado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. El gobierno de Luis Arce Catacora desde febrero del año pasado ha eliminado el encaje legal en moneda extranjera, es decir, los bancos privados no dejan ninguna garantía de su cartera en moneda extranjera bajo resguardo del Banco Central.

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Los empresarios y su nota de rescate

La semana pasada el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, en su conferencia de prensa indicó las cinco medidas que exige al gobierno:

1. Liberación absoluta de cupos de exportación e impulso a la exportación no tradicional, en sectores de inmediata reacción (agropecuario/agroindustrial, forestal/maderero, turismo) a través de una gran concertación con el sector exportador, como generador idóneo de divisas.
2. Eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), considerando que castiga innecesariamente el uso de divisas y desalienta el uso de dólares en el sistema financiero.
3. Permitir la libre venta de dólares en el mercado paralelo, hoy inexistente, para romper con el proceso especulativo del “mercado negro” derivado de la persecución a los “cambistas” que siempre canalizaron dólares en un mercado abierto y competitivo, que hoy no existe.
4. Aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el Gobierno recurra a organismos multilaterales con la finalidad de recibir apoyo financiero.
5. Que el Banco Central de Bolivia (BCB) emita bonos en dólares a una tasa atractiva, bajo un seguro financiero, con la garantía del Estado, para subir las Reservas Internacionales Netas, atraer capital externo, así como parte de los 10.000 millones de dólares que están fuera del sistema.

Estas cinco medidas no son sugerencias, sino demandas provenientes de los grupos financieros, quienes con las exportaciones agroindustriales ingresaron más de 2.000 millones de dólares al país el año pasado mientras se benefician con la subvención de combustibles que paga el Estado boliviano. Los dueños de la gran agroindustria son a la vez socios y directores de los bancos que argumentan no tener dólares para entregar a sus ahorristas mientras declaran que aún hay 230 millones de dólares en sus bóvedas.

Los mismos grupos financieros que se llevaron millones de dólares a cuentas bancarias en Panamá y otros paraísos fiscales, cuyos nombres y apellidos salen en los Papeles de Panamá, Papeles del Paraíso, Papeles de Pandora e incluso en los informes parlamentarios bolivianos, hoy pretenden imponer su política monetaria en el país. Lo hacen porque gozan de impunidad, pues, cuando se hizo público a nivel internacional el escándalo de la evasión fiscal sistemática, el MAS-IPSP tenía dos tercios en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, durante el gobierno de Evo Morales, y rechazó el proyecto de ley para evitar esta fuga de capitales. Tampoco le llegó como sorpresa al gobierno del MAS-IPSP esta fuga de capitales, ya que los papeles de constitución de las empresas ficticias fueron visados por el propio consulado boliviano en Panamá.

El gobierno de Arce Catacora se arrodilla ante los empresarios privados

El lunes 19 de febrero, en la mañana, en una conferencia de prensa conjunta, los ministros del sector económico, junto a los principales representantes de la oligarquía financiera del país, anunciaron un Acuerdo económico, productivo y empresarial entre el Gobierno Nacional y el empresariado boliviano. El documento sin necesidad de preámbulos ni justificación apunta a secas diez políticas económicas exigidas por los banqueros, agroindustriales y grandes empresarios, que son:

1. Liberación de exportaciones con agilización de trámites.
2. Devolución inmediata de CEDEIMs previa entrega de divisas por exportaciones.
3. Emisión de bonos del BCB en dólares.
4. Subasta de diésel con grandes compradores.
5. Agilización en la importación de diésel para empresas privadas destinado a consumo propio.
6. Promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel.
7. Fomento de inversiones para mejorar el rendimiento del sector agrícola.
8. Incrementar el peso y la longitud máximos permitidos en vehículos de transporte de carga (Gestionar una ley de modernización del transporte de carga en Bolivia).
9. Establecer incentivos tributarios para la compra de vehículos flex y vehículos eléctricos.
10. Establecimiento de una banda en el cobro de comisiones para las transferencias y giros al exterior.

¿Qué significan estos acuerdos y cómo afectan al pueblo trabajador?

La liberación de cupos de exportación es una demanda del sector agroindustrial. Durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez en enero de 2020 mediante el decreto supremo 4139 se levantaron estos cupos de forma generalizada. El gobierno de Arce Catacora ha utilizado los cupos de exportación como mecanismo permanente de negociación con los empresarios agroindustriales, ajustándolos durante el paro cívico-empresarial de 2022. Se suma a la voz de la IBCE, Evo Morales, quien en Radio Kawsachun Coca (12/11/2023) exigió a Arce levantar los cupos. Al levantar los cupos de exportación los empresarios no tienen obligación de satisfacer la demanda interna del país y será ‘el precio de mercado internacional’ el que determine la disponibilidad de productos alimentarios en el país y el acceso de las personas a estos. El costo de la canasta familiar seguirá subiendo a la par de las ganancias de los agroindustriales.

No solo se liberan las exportaciones, dejando los precios en manos del mercado, sino que el gobierno se compromete a fomentar ‘las inversiones para mejorar el rendimiento del sector agrícola’. Al explicar este compromiso, el ministro de economía Marcelo Montenegro indicó que el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) otorgaría créditos preferenciales para desarrollar la ‘tecnología agropecuaria de precisión’. Para luego hacer referencia al uso de tecnologías que mejoran el rendimiento del maíz en el país y que podrían aplicarse en otros cultivos. Llama la atención, cuando los estudios en torno al rendimiento del maíz a nivel nacional (UAGRM, 2022) que han sido difundidos por los agroindustriales plantean que este incremento de rendimiento sería con el uso de biotecnologías (léase semillas transgénicas). ¿Será un guiño del gobierno apuntando hacia la liberalización de transgénicos?

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La liberación de exportaciones implica por supuesto un flujo mucho mayor de transporte de carga. Los empresarios agroindustriales que se benefician de la subvención de combustibles, de los créditos preferenciales y de beneficios tributarios, también necesitan garantizar un flujo eficiente de sus productos hacía el exterior.

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En su demanda inicial, los empresarios plantearon la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), pero ¿qué es el ITF? En 2003 el Fondo Monetario Internacional (FMI) había encargado al gobierno del MNR (Gonzalo Sánchez de Lozada - Carlos Mesa) un paquetazo de medidas económicas para ‘reducir el déficit fiscal’. Entre estas medidas se encontraba el impuestazo al salario que fue rechazado en las jornadas de lucha callejera de febrero negro de 2003 y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que empezó a aplicarse en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa, como medida temporal y se ha extendido hasta ahora.

En este momento el ITF se calcula en el 0,30 % de toda transacción bancaria o financiera. El último informe del Servicio de Impuestos Nacionales indica que en 2022, se recaudó un total de 547 millones de bolivianos (aproximadamente 79 millones de dólares) por este concepto. Tanto la IBCE como Evo Morales coincidieron en la supuesta necesidad de eliminar el ITF, para el ex-presidente la eliminación ‘por lo menos temporalmente hasta levantar la economía’ sería una medida necesaria para restablecer el flujo de la divisa extranjera (Radio Kawsachun Coca, 12/11/2023).

El gobierno del MAS-IPSP hizo una contrapropuesta aún más atractiva en el plano impositivo. En lugar de eliminar un impuesto de aplicación general en el país optó por hacer un trueque con los empresarios exportadores, la devolución de los CEDEIM (Certificado de Devolución Impositiva) a cambio del ingreso de las divisas por exportación al sistema financiero boliviano. Los CEDEIM son una devolución de impuestos a favor de los exportadores mediante un título-valor monetizable. En 2022, el Servicio de Impuestos Nacionales aprobó un total de 1.469 millones de bolivianos de devoluciones a los empresarios exportadores de los cuales apenas 31 millones de bolivianos fueron verificados, el resto fue aprobado sin verificación de gastos. Se suma a la propuesta de devolución de impuestos, la de generar mayores incentivos tributarios para la compra de vehículos flex y eléctricos, sobre las ya existentes.

La subasta de diésel con grandes compradores y la agilización en la importación de diésel para empresas privadas ‘destinado a consumo propio’ establece un marco de privilegio para los agro-exportadores, mientras la población ya se acostumbra a hacer largas filas para gasolina. Se abre lugar a que el ‘mercado’ regule el acceso al combustible.

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El gobierno de Evo Morales en 2018 mediante la ley 1098 delineó la política de biocombustibles que ahora aplica Arce Catacora, con el acuerdo de ‘promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel’. La ley en su artículo 7 plantea que esta ‘promoción’ debe traducirse en el establecimiento del precio de compra de biocombustibles para considerar la ‘inversión’ de los empresarios. Esta medida no solo busca disminuir la importación de combustibles, sino que también tendrá un fuerte impacto en la expansión de la frontera agrícola al tener que utilizar crecientes volúmenes de granos para la fabricación de biodiesel. De repente la oligarquía que exige la liberación del mercado y la desregulación, exige que el Estado le pague un precio preferencial considerando sus costos de inversión, en lugar de pagar la subvención a la importación de combustibles, el Estado debe pagar un ‘incentivo por la inversión’ del sector privado.

La demanda de emisión de bonos del Banco Central en dólares fue aceptada por el gobierno del MAS-IPSP. Si bien a principios del año pasado el BCB lanzó el Bono Remesa, para captar los dólares de las familias de trabajadores migrantes, la bolivianización de la economía ha sido política de Estado durante los gobiernos del MAS-IPSP. La emisión de bonos en dólares, no solo es retroceder en la política soberanista, es otra negociación con el capital financiero, los empresarios exigen tasas de interés atrayentes, seguro financiero, garantía estatal y participación de la banca privada a cambio de entregar los dólares al BCB, ven en la crisis de divisas un negocio seguro. El gobierno intenta revertir la tendencia decreciente de las Reservas Internacionales Netas (RIN) al generar en los hechos una deuda interna con el sector privado.

Este mes de febrero la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha aprobado nuevos tarifarios de servicios a los bancos del país, que posibilita a los bancos fijar su propia tarifa en varias transacciones en el exterior o con moneda extranjera. Asimismo los bancos han establecido nuevos montos mínimos de apertura de cajas de ahorro hasta de 10.000 dólares, una medida anti-democrática que imposibilita el acceso a servicios financieros. Como en tiempos neoliberales, la ex-Superintendencia de Bancos, ahora la ASFI avanza en la desregularización de los grandes capitales en el país. Se suma a esta desregulación el compromiso de establecer una ‘banda en el cobro de comisiones para las transferencias y giros al exterior’.

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