Insólita respuesta. Bregman pidió datos sobre los operativos represivos y Bullrich se niega a informar a la población

A comienzos de mayo, Myriam Bregman presentó desde la Cámara de Diputados un “pedido de acceso a la información pública” dirigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Allí indagaba sobre la actuación de las fuerzas federales en diversas movilizaciones masivas y preguntaba en particular por cuántos millones se gastaron en los operativos desplegados el 24 de marzo y el 1° de mayo pasados.

En su pedido de acceso a la información (un derecho que por ley tiene toda persona, de solicitar la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, que a su vez tienen la obligación legal de contestar) la abogada y referente del Frente de Izquierda preguntó además si se pagaron horas extras y/o adicionales para los agentes de estas cuatro fuerzas a su cargo (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina); indagó sobre la cantidad, el origen y el costo de las municiones, postas de goma, gases, aerosoles irritantes y otros armamentos usados en los operativos, así como por la cantidad y tipo de vehículos usados y el costo que tuvo su movilización. La presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH) preguntó asimismo por el gasto de los vallados, del equipamiento de los efectivos, por la duración de cada operativo desplegado ante esas manifestaciones masivas, tanto las convocadas en rechazo a la Ley de Bases como las que se dieron los mencionados feriados del 24 de marzo y 1° de mayo, donde también se vio un desproporcionado despliegue pese a no tratarse de un día laborable o con un tránsito mayor al habitual (sino al contrario), que son los argumentos que frecientemente esgrimen desde el aparato del Estado para justificar la represión del derecho a la protesta.

La respuesta de la cartera que conduce Patricia Bullrich llegó un mes y medio después, a pocos días de la brutal represión del 12 de junio, donde hubo 33 detenidos y más de 200 heridos y hospitalizados por la actuación de estas fuerzas, bajo órdenes de la Ministra y del Gobierno de la Ciudad. Llega también en el marco de del viaje de Bullrich a El Salvador, para encontrarse con el presidente Nayib Bukele y “conocer de cerca el régimen de tolerancia cero que implementó” su gobierno, según contó Manuel Adorni en conferencia de prensa. Y también llega en el marco de nuevos ataques contra la referente del FITU, perpetrados por la vicepresodenta Victoria Villarruel.

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En su texto, que reproducimos abajo, Patricia Bullrich y el ministerio de Seguridad sostienen que el despliegue de las fuerzas federales responde “a proyecciones y planificaciones ajustadas a normativa específica” y niegan informar sobre cualquier otro dato ya que su publicidad -argumentan- “podría comprometer seriamente” la capacidad de prevención y de respuesta de los agentes a su cargo. Siguiendo con el intento del Gobierno de avanzar en la criminalización de la protesta bajo el relato de “terrorismo”, afirman también que brindar esa información podría poner en riesgo “la seguridad pública”.

Llamativamente, aunque la funcionaria sostiene que esa información no puede hacerse pública, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en una de sus habituales conferencias de prensa, el martes pasado (un día después de la respuesta de la ministra de Seguridad a Bregman), que en el marco del tratamiento de la ley Bases en el Senado, el 12 de junio pasado, el costo del operativo de seguridad fue de más de 130 millones de pesos, que también anunció que pretenderán descargar sobre varias de las organizaciones convocantes a esa movilización.

Es decir que, por un lado, el gobierno dice que es una cuestión "ética" no informar cuánto se invierte en los megaoperativos que se realizan bajo las órdenes de Bullrich para criminalizar la protesta, y por otro lado es rápido en querer cobrar esos gastos a las organizaciones que se movilizan contra el ajuste del Presidente Javier Milei y sus planes para el país.

Otra mentira de Bullrich que se derrumba, otro papelón del vocero presidencial: ayer Adorni detalló el costo del operativo de seguridad por la ley de Bases (dice que superó los 130 millones de pesos) y dijo que las organizaciones deben pagarlo.
¿Cómo descubrimos que miente?

— Myriam Bregman (@myriambregman) June 20, 2024

Aunque queda claro que para la ministra de Seguridad las manifestaciones públicas son motivo de tareas de inteligencia y de política criminal, y por eso sostiene que dar respuesta al requerimiento de Bregman y de las bancas del PTS/FITU incidiría en el "ulterior procesamiento de esa información” -ya que a su criterio “potencialmente" podría significar "la ejecución de acciones", "amenazas" o "riesgos graves" para el desarrollo de las "funciones esenciales" de las fuerzas represivas-, lo cierto es que como afirmó Bregman “se trata de una respuesta vergonzosa para no brindar información que debería ser pública, es decir, información que está obligada a brindar por la ley de acceso a la información pública”. El objetivo último, está a la vista: profundizar la impunidad para que, desde el propio Estado, se armen causas para criminalizar la protesta social.

MSG Responde Solicitud AAIP... by Sol Bajar