Legislatura Porteña. Bregman por Edenor y Edesur: "Con qué cara votan este traspaso a días de un apagón histórico"

"Señor presidente, tengo una desgracia bárbara, lugar donde me siento, lugar donde condonan deuda a las empresas eléctricas", ironizó Bregman durante su intervención, en referencia a la condonación de deuda que el Estado realizará con Edenor y Edesur por 35 mil millones de pesos a partir de este traspaso.

La referente del PTS y el Frente de Izquierda Unidad recordó que "cuando fui diputada nacional en el Congreso en 2016 me tocó presenciar otra ley: les traje hoy esta nota de Ámbito Financiero que titula ‘Condonan 19 mil millones a las eléctricas aunque las tarifas ya subieron’. No debe ser mi desgracia sino que le perdonan más plata a las empresas a cambio de un servicio cada vez peor".

Bregman afirmó también que con esta ley “no veo ningún avance de autonomía, sino cómo cumplen con el consenso fiscal que junto con el peronismo votaron en el Congreso Nacional y que es esa política que llaman déficit 0”. A su vez, cuestionó: "Por qué un servicio público tiene que dar ganancia, un servicio público que puede ser igualado a una escuela, tiene que dar ganancia. El concepto está mal, no es un problema de subsidiarlos o aplicar tarifazos, el problema es eliminar el concepto de ganancia de un servicio básico. Esto es lo que cuestionamos".

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Antecedentes de traspasos, el (pésimo) ejemplo del Subte

Lo que quedó claro es que la ley aprobada es una trampa para los usuarios. En los acuerdos que incluye la Resolución que se aprobó, no se plantea hacer ningún control sobre el destino que le dieron Edenor y Edesur a los subsidios que recibieron, qué inversiones realizaron y cuántas ganancias obtuvieron. Es decir, el contrato de concesión del servicio nunca se toca, mucho menos se pone en debate, porque lo que le importa a este gobierno es hacer negocios con derechos elementales del pueblo trabajador como el acceso a la luz.

Utilicemos tan solo un ejemplo: ya vimos qué ocurre con la transferencia de servicios públicos en el caso del Subte. El Estado Nacional le transfirió el Subte a la Ciudad sin controles sobre los balances ni el destino de los subsidios que recibía Metrovías. Luego Roggio confesó que usaba parte de los subsidios para pagar coimas. Como demostró Myriam Bregman con en el amparo que presentó el año pasado junto a Patricio del Corro y Claudio Dellecarbonara, quedó demostrado cómo Metrovías incluye en la tarifa no solo gastos de mantenimiento (gastos que la propia Ciudad le cubre mediante subsidios), sino también los gastos de la gerencia de Metrovías, tales como cenas en restaurants lujosos.

Todo esto ocurrió y ocurre no solo por un control deficiente, sino por una complicidad abierta del GCBA (y de las autoridades del propio Ente Regulador) con Metrovías, ya que nunca se cuestionan los aumentos del servicio, basta con que la empresa diga que tiene que ganar un poquito más para que el gobierno deje pasar todos y cada uno de los tarifazos. Estos acuerdos con empresas llenos de irregularidades ahora se repiten también con el servicio eléctrico.

Negocios para empresarios amigos

Al poco tiempo de que el gobierno nacional comenzara con la liberación de los precios y los tarifazos, quedaron en evidencia las ganancias de sus empresarios amigos, que fueron imposibles de ocultar. En los balances del 2018 se vieron los números del terror. Edenor en su balance oficial reconoce que sus ingresos aumentaron en un 240 %. Edesur, con un margen de aumento del 200 % en sus ingresos, registró ganancias de más $ 3 mil millones. ¿Cómo mejoró eso el servicio? A finales del último verano había más de 30 mil usuarios sin luz. Facturas de luz impagables para miles de familias incluidas las de los trabajadores de las fábricas recuperadas como sucede en la neuquina Zanon o en el conurbano como en MadyGraf.

Sin ir más lejos, hoy rodearon la Legislatura los y las vecinas de la Villa 31 en reclamo de sus viviendas, a quienes el oficialismo les habló de un servicio eficiente y de calidad cuando el Gobierno de la Ciudad es el titular de los medidores comunitarios que las empresas ponen en las villas y quien se tiene que hacer cargo de las instalaciones desde esos medidores comunitarios hasta cada vivienda, pero las mantienen en condiciones de total precariedad, con lo cual ya no solo se trata de un problema del mal funcionamiento del servicio sino que pone en riesgo la vida de los vecinos.

De un lado, ganancias millonarias para los “dueños de la energía” amigos del presidente, como Marcelo Mindlin propietario de Edenor, y Nicolas Caputo, al frente de Edesur. La realidad para las mayorías de esta Ciudad y el país, un servicio público deficiente y de alto costo. Para este Estado, un servicio esencial no es un derecho sino una manera de lucrar con sumas millonarias para algunos pocos. Y que todas las ganancias queden en familia.

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Las privatizadas y un sistema estructural que garantizaron todos los gobiernos

Este tipo de acuerdos para efectivizar el traspaso, es un capítulo más en la historia de las privatizadas de este país. El servicio eléctrico se privatizó en 1991 con la ley 24.065. Este traspaso es en los términos de concesión del menemismo. Aún cuando se hicieron reformas, la ley 24.065, el Decreto 714/92 y el esquema de las privatizadas se mantuvieron durante todos los gobiernos posteriores al menemismo.

Y por si fuera poco pretende llevar adelante un traspaso que no hace más que beneficiar a las empresas que desde Menem en adelante no pararon de favorecerse jugando con el acceso a nada menos que la luz de cada ciudadano y ciudadana, lo armaron a la medida de las demandas del Fondo Monetario, acordado entre el oficialismo con el PJ en el famoso Consenso Fiscal del año pasado.

Estamos hablando de la vida de millones de personas. Entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires hay algo más de 5 millones de usuarios contemplando el uso de ambas empresas, que representan a más de 10 millones de personas, y que es aproximadamente el 40 % del consumo eléctrico del país.

Por eso es urgente debatir salidas concretas y realistas. Hay que cambiar el eje del debate y ponerlo en función de las necesidades del pueblo trabajador. Argentina cuenta con una gran capacidad científico tecnológica en materia energética, además de numerosos técnicos en los organismos públicos, empezando por los propios trabajadores del ENRE.

Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos una salida de fondo para resolver el problema: el sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa elijan los órganos de dirección y administración. No como ocurrió ahora con el proyecto de ley aprobado, donde se creará un nuevo ente regulador (EMSE), cuyos funcionarios serán elegidos a dedo por los ejecutivos de Ciudad y la Provincia.

Una producción y distribución que comprenda la participación de comités de usuarios populares. Que el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, así como las cooperativas y gestiones obreras, en el camino de un plan hacia el abaratamiento permanente de los costos energéticos en base al desarrollo productivo.