La Argentina está hipotecada. Macri y ahora el Frente de Todos lo hicieron. Junto con la convalidación de la fraudulenta deuda del macrismo, se proclama el “sendero fiscal” (redoblar el ajuste, sobre todo vía inflación), la “reducción de la brecha cambiaria” (mayor devaluación), “tasas de interés reales positivas” (negociado financiero y encarecimiento del crédito), y un paquete para moldear toda la economía a la medida del Fondo y en contra de los intereses del pueblo trabajador. Un nuevo endeudamiento con desembolsos periódicos sujetos a controles trimestrales que instauran una especie de “cogobierno” con el Fondo y una hipoteca a pagar hasta el 2034. Y todavía falta la “letra chica”.

Mientras el país se sumerge un poco más en la pesadilla eterna del FMI, el reciente acuerdo neocolonial ha empezado a desplegar las primeras consecuencias políticas. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del Frente de Todos en la cámara de diputados marca un salto en la desagregación del bloque gubernamental. El kirchnerismo enfrenta un dilema que ha sido presentado pomposamente por Mario Wainfeld en términos del sociólogo Max Weber como contradicción entre una ética de la responsabilidad y una ética de las convicciones. Más prosaicamente consiste en apuntalar a su propio gobierno apoyando el acuerdo con el FMI con todas las consecuencias que necesariamente traerá aparejadas, o conservar su “capital simbólico” –cuyo desgaste dejaron traslucir las elecciones pasadas– frente a situaciones más convulsivas.

El argumento de Máximo Kirchner en su carta de renuncia a la jefatura del bloque –no a integrarlo, por cierto– es que su intención es “señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI”, dejando en claro su “pragmatismo”, que ejemplifica con el apoyo a la Ley que reestructuró la deuda privada, con la que el Frente de Todos convalidó sin chistar toda una parte del festival de deuda del macrismo, incluido el bono a 100 años emitido por el “Messi de las finanzas”, Luis Caputo. Como viene planteando el Frente de Izquierda, no se trata de corregir “errores y abusos” sino de que no hay salida posible para los intereses de las grandes mayorías, que permita recuperar los salarios y jubilaciones, terminar con el desempleo y la pobreza, sin un desconocimiento soberano de la deuda que sea parte de un programa de conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas; y esto solo se puede imponer con un amplio proceso de lucha y organización.

Son dos caminos. Uno, el de la movilización, el mismo que en 2017 le puso freno al “reformismo permanente” de Macri, y que hoy está planteado retomar para reconquistar lo perdido y enfrentar lo que viene. Otro, el del eterno malmenorismo, del cual Antonio Gramsci daba una ilustrativa explicación cuando decía que siempre hay en términos relativos un mal menor, donde “cada mal mayor se vuelve menor en comparación a otro mayor, y así hasta el infinito. Así pues, se trata nada más que de la forma que adopta el proceso de adaptación a un movimiento regresivo” [1]. Si miramos la historia argentina reciente –no como un cúmulo de hechos aislados sino como un proceso– vemos que este malmenorismo cumplió un papel fundamental en llevar al país hasta acá, sumergiéndolo cada vez más en el infierno del Fondo.

En el principio era la acción

Allí por 2017, las jornadas del 14 y 18 de diciembre fueron un parteaguas en el gobierno de Macri. Incluso algunos como Eduardo Febbro decían, en referencia a la oleada de lucha de clases que atravesó América Latina en 2019, que “la secuencia rebelde la abrió la Argentina en 2017 cuando el poder macrista reprimió la protesta social contra la reforma de las pensiones”. Lo cierto es que Macri encaró una arremetida de ataques después del triunfo electoral de 2017, el llamado “reformismo permanente”, pero se topó con la lucha de clases.

La bronca y la voluntad de movilizarse de importantes sectores de trabajadores a pesar de las amenazas ciertas de represión fue el gran motor de aquella jornada del 18D. No se trató de una simple movilización de protesta más sino una acción combativa que actuó como catalizador de la bronca popular. Mientras que la CGT retaceaba el llamado al paro y Moyano se ausentaba sin aviso, alrededor de cien mil personas se movilizaron, algunas en las columnas de diferentes sindicatos, muchas otras lo hicieron a pesar de ellos, hubo una importante presencia de la izquierda y de los movimientos de “trabajadores informales” y desocupados. Por la noche llegaron los cacerolazos y miles de jóvenes y estudiantes volvieron a llenar la Plaza Congreso y otras a lo largo del país. El régimen vio con preocupación estos acontecimientos, tanto la radicalidad de las acciones, como por los sectores sociales que insinuaban combinarse en la calle. Fueron aquellas jornadas las que efectivamente le impusieron un freno a la agenda de contrarreformas estructurales de Macri.

A continuación comenzó un recorrido que puede rastrearse hasta el presente, donde el malmenorismo kirchnerista tuvo un papel central, siguiendo una tradición de larga data del peronismo como “partido de contención” –que alterna o combina según la situación con la de “partido del orden”–. En 2018, la conjura del fantasma de diciembre inició por el lado de las direcciones oficiales del movimiento obrero. El triunvirato de la CGT profundizó su tregua. Moyano llamó a “votar bien” por el peronismo en la próxima elección. Los dirigentes sindicales del kirchneristas coincidían en esa línea. Así se instituyó como estrategia del kirchnerismo la desmovilización bajo las banderas del “hay 2019”. La contracara fue la recuperación de la iniciativa por los grandes capitalistas, fondos de inversión, sojeros, bancos, etc., que en mayo de 2018 pasaron a pulsear con el debilitado gobierno de Macri y acelerar la devaluación –que llegó al 30%– con un golpe de mercado.

El FMI acudió en auxilio de Macri. Así llegó el primer acuerdo a mediados de 2018, que dio las pautas para el presupuesto 2019, votado por buena parte de quienes integrarían el Frente de Todos. Los 44.500 millones de dólares desembolsados por el FMI fueron a lubricar la gigantesca fuga de capitales, que durante todo el mandato macrista ascendió a 86.000 millones de dólares. Mientras tanto, el kirchnerismo lograba (una vez más) correr la política de las calles, y los diferentes fragmentos en los que se había dividido el peronismo –muchos de los cuales oficiaron de puntal para la gobernabilidad de Macri– volvían a unirse de cara al “hay 2019”. Resultado de esta alquimia fue la candidatura a la presidencia de Alberto Fernández, figura “de centro” y con buena relación con “la corpo”; un mal menor para destronar a Macri.

Entre el fado portugués…

“No podés romper con el Fondo”. Esto sentenciaba, meses después de la hipoteca con el FMI contraida por Macri, Axel Kicillof, en ese entonces y hasta hoy indiscutible referente económico de CFK. Dentro del FMI, todo; afuera, nada. La campaña del Frente de Todos de 2019 se basó en la promesa de poner fin al ajuste de Macri para que “vuelva el asado” y “elegir a los jubilados en vez de a los bancos”. ¿Cómo compatibilizar esto con la idea de que no era una opción repudiar la deuda contraida por Macri y las enormes consecuencias que implicaba?

En ayuda de este planteo se construyó un primer mito alrededor de la experiencia de Portugal. Este país de la Unión Europea estuvo entre los que atravesaron una aguda crisis de deuda desde 2010, junto a Grecia, España, Irlanda e Italia. El FMI, junto a las instituciones centrales de la UE (la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) conformó la llamada “Troika”, que otorgó préstamos a estos países para salvar a los acreedores (bancos alemanes y franceses, principalmente), y a cambio exigieron duras metas de austeridad para alcanzar superávit fiscales, de la balanza de pagos, y todo el combo de medidas de reforma estructural (laboral, previsional, privatizaciones, etc.). De acuerdo al rescate que por estos pagos se hizo del ejemplo de Portugal, lo que distinguiría la trayectoria de este país es haberle dicho “no” a las exigencias de la Troika y abandonado la austeridad para lanzar una política económica de estímulo a la actividad. Por eso era presentado como una luz al final del túnel. Pero esta narrativa se basaba en contar la historia de la crisis portuguesa solo agarrando el capítulo final, cuando en 2015 llegaba al gobierno una coalición entre el Partido Socialista, el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista lideraba por António Costa y daba un giro moderado en la política económica, que los entusiastas locales del “ejemplo” portugués califican como el final de la austeridad.

En realidad, entre 2011 (cuando había entrado en el programa de asistencia de la Troika) y 2015, Portugal se había graduado como el mejor alumno del ajuste. Para mayo de 2014, bajo el gobierno de centroderecha de Passos Coelho y más de un año antes de que Costa se convirtiera en Primer Ministro, la Troika había dado ya su visto bueno final a la política económica y liberado al país de condicionalidades. En 2013 el ajuste había permitido alcanzar el déficit primario cero (con un déficit financiero de 4,8 % del PBI), en 2014 hubo déficit, pero en 2015 se logró un superávit primario de 0,2 % del PBI. El gobierno había ajustado lo suficiente como para poder soportar los pagos de deuda. Había completado además todas las reformas que se le exigieron (nuevas leyes laborales, privatizaciones, aumento de la edad jubilatoria, recorte de salarios en el sector público y de otros derechos). Por si esto fuera poco, Passos Coelho siguió avanzando con nuevas privatizaciones y recortes aun después de cumplidos los compromisos con la Troika. Así, Portugal estaba graduado “con honores” en la política de austeridad. El gobierno del partido socialista de Costa aumentó el gasto público en algunas partidas y revirtió algunos de los recortes como el que afectaba el salario en el sector público, pero a cambio redujo el gasto en inversión pública. Su celebrada política “antiausteridad” se cuidó mucho de mantener la “disciplina presupuestaria” sobre la base de lo conquistado por la centro-derecha y a salvar a los bancos. El “milagro” portugués que celebraron por estos pagos nunca llegó a la juventud, para la cual después de las reformas laborales que implementó Passos Coelho y dejó en pie Costa, la precariedad se convirtió en la “nueva normalidad”. Recientemente Antonio Costa festejó un nuevo triunfo electoral, con un aditamento clave: sus aliados “de izquierda” (el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista) retrocedieron ampliamente al ser vistos como parte de un gobierno que llevó adelante aquellas políticas y no se privó en los últimos años de apelar a la intervención de los militares para terminar con huelgas en el transporte y otros sectores; en su lugar, la extrema derecha de Chega! creció y se transformó en tercera fuerza.

Presentar a Portugal como un ejemplo de que era posible “negociar con dureza” con el FMI y sacarle concesiones, o “romper” con el ajuste sin ir a un choque frontal con el FMI, no tenía nada que ver con la historia de la crisis que atravesó el país ibérico. Pero fue parte de las ilusiones fomentadas por sectores afines al oficialismo en que se podría negociar “con fuerza”, pero siempre bajo la máxima de “no podés romper con el Fondo”.

En los hechos, lo primero que hizo el gobierno del Frente de Todos fue postergar la negociación con el FMI amparado en el congelamiento que el propio Fondo había hecho del programa pactado con Macri. Lo que había quedado en pie del crédito otorgado a Macri era un cronograma de vencimientos, que se volvía leonino a partir de 2022. Llegó la pandemia de Covi-19 que no solo desde el punto de vista sanitario, sino económico y social, golpeó con especial dureza a la Argentina. Sin embargo, la discusión con el FMI se postergó al precio de pagar en cash cada vencimiento de capital e intereses, lo que sumó desde que asumió Alberto Fernández la friolera de USD 7.185 millones, que contribuyó a perder divisas y vaciar el Banco Central (a pesar de las restricciones para la compra de dólares se siguieron evaporando como resultado de abultadas importaciones y del acelerado pago que hicieron las empresas de su deuda externa, en muchos casos deuda con la misma firma en el exterior).

En el medio cambió la imagen que el gobierno presentaba del FMI. Durante la campaña electoral había sido señalado como cómplice de la fuga de capitales. Después se convirtió en supuesto aliado frente a los bonistas privados. Guzmán y Alberto coquetearon con la idea de un “nuevo nuevo FMI” con la llegada de Kristalina Georgieva al frente del mismo. Más cercana al mentor de Guzmán, Joseph Stiglitz, y afín al Papa Francisco –sugerían– podría impulsar un balance autocrítico del préstamo a Macri y tomar nota de algunos reclamos argentinos. Entre estos últimos se contaban la eliminación de las sobretasas de interés que paga el país porque el préstamo recibido en 2018 excede lo que podría corresponderle al país por el capital integrado ante el organismo, o el reclamo de un plazo para devolver el crédito mayor a 10 años (máximo que contempla hoy el FMI en sus programas). Una vez más puro humo.

Mientras tanto, aunque no hubiera un compromiso vigente, el FMI siempre estuvo. Desde el día uno del gobierno de Alberto Fernández no solo siguió cobrando puntualmente como el acreedor privilegiado sino que, además, parte de lo que podía pedir el Fondo en la mesa de negociaciones fue realizado de antemano. Desde la ley de emergencia económica con la que empezó el gobierno del FdT, que incluía impuestazo a la clase media y ajuste a las jubilaciones, siguiendo por el amarrete paquete de gasto Covid durante 2020 (y su anticipado recorte a casi nada en 2021 aunque la pandemia no terminara), las principales decisiones de política económica estuvieron dictadas por la autoimpuesta necesidad de complacer al Fondo de cara a una negociación con el organismo. En 2021 el déficit fiscal concluyó en 3 % del PBI, muy por debajo de la meta de 4,5 % establecida en el presupuesto. Este ajuste a cielo abierto contó no solo con el silencio de los sectores del oficialismo referenciados en Cristina o Máximo, sino con su acompañamiento explícito, como reconocieron luego Cristina Fernández en su catárquica Carta poselectoral, o la verborrágica diputada Fernanda Vallejos que dejó bien en claro que todas las leyes de ajuste (como la de las jubilaciones) fueron votadas por todos los sectores del oficialismo a sabiendas de que producirían el resultado que finalmente tuvieron: un ajuste que recayó en los sectores populares. Querer tapar tamaño ajuste con un aporte extraordinario a las grandes fortunas (que además se volcó en buena parte a financiar el fracking) es como querer tapar el sol con las manos.

El resultado, que lejos está de poder ser atribuido a la pandemia, es que en 2021 la masa salarial anual bajó por cuarto año consecutivo (-4,7% en 2018; -8,8% en 2019; -1,2% en 2020; también caerá 3,2% en 2021 a pesar de que los últimos datos disponibles (noviembre) muestran un salario real más alto que en igual mes de 2020). En este mismo período de cuatro años la participación del salario en el ingreso generado pasó, según el Indec, de 50,6 % a 42,7 %, una formidable caída en tan poco tiempo, solo superada por el desplome de 2001/2002, mientras que el sector empresario aumento su parte de la torta, pasando en el mismo período del 39 % al 48,3 %. Tomado desde octubre de 2015 a noviembre de 2021, el salario se derrumbó un 19% para el sector privado, un 26% para el sector público, y, desde octubre de 2016 un 29% para los trabajadores “informales”. Con la reforma jubilatoria cambiemita de 2017 se le sacaron de un zarpazo $ 100 mil millones a jubilados y pensionados, con la nueva reforma del FdT en 2021 se le sacaron $160 mil millones. Mientras tanto, la pobreza pasó de 32,2% en 2016 al 40,6 % de la población en 2021 (y ronda el 60 % entre los niños y jóvenes de hasta 14 años).

… y la tragedia griega

Ante la evidencia de que no hay manera de compatibilizar la convalidación de la herencia macrista de la hipoteca con el FMI con el supuesto punto final para el ajuste, las contorsiones que realizan los sectores más díscolos de la coalición oficialista se parecen más a una repetición –en clave tragicómica– de los pasos que terminaron en la capitulación de Syriza en Grecia durante 2015. Este fue el país más golpeado por la crisis iniciada en 2010 y por las medidas de austeridad que impuso la Troika. La crisis se fagocitó a los partidos tradicionales y llevó en 2015 al triunfo de Syriza, que forjó una coalición “antiausteridad” con Alexis Tsipras como Primer ministro. Antes de llegar al poder Tsipras hablaba de negociar “con dureza” ante la Troika (lo que nos recuerda a sectores del FdT en 2019). Pero, guiados por una máxima como la de Kicillof, de que es imposible romper con el Fondo (y en el caso griego con el conjunto de las instituciones de la Unión Europea del capital), terminaron acorralados por la presión combinada de Bruselas y los grandes bancos y capitales especulativos, que los llevaron a una capitulación en toda la línea al cabo de pocos meses, dando incluso la espalda al referéndum impulsado por Tsipras sobre el programa de austeridad, en el que se impuso un rotundo “No” por más del 60 % de los votos.

En esta línea, después de darle largas a las tratativas con el FMI e imaginar concesiones de la contraparte en materia de sobretasas y plazos que quedaron en la nada, Guzmán y Fernández quieren vender como un logro un acuerdo que “recién” obliga al déficit cero en 2025, que incluye draconianas exigencias monetarias y más devaluación. La idea de que el crecimiento pueda permitir cumplir las metas comprometidas sin imponer drásticos recortes del gasto, aunque se disfracen con la licuadora de la inflación, y que tendrán al llamado “gasto social” y las jubilaciones entre sus principales destinatarios, solo puede sostenerse en las planillas de Guzmán, tan dibujadas como las de Dujovne o Prat-Gay.

Lo que se está acordando, que los propios funcionarios del FMI definieron como “pragmático” y no se propone atacar seriamente los “desequilibrios macroeconómicos”, con suerte vuelve a patear la crisis de deuda durante un tiempo pero sin conjurar la amenaza en lo más mínimo. La suma de la deuda con el FMI y con los acreedores privados tiene un horizonte insostenible, es decir, que enfrentamos la perspectiva de nuevas crisis de deuda y reestructuraciones cuando a los pagos del FMI se sumen los vencimientos de la deuda en manos privadas que reestructuró Guzmán. La deuda, que era impagable cuando asumió este gobierno, sigue siendo impagable, solo que el embudo se postergaría. Los compromisos fiscales, monetarios y del tipo de cambio que se dieron a conocer, no solo implican nuevos ajustes sino que están diseñados para fracasar, lo que llevará rápidamente la necesidad de pedidos de “perdón” (“waiver”) a la burocracia del FMI, y dejará abierta la posibilidad de que emerjan nuevas exigencias para compensar los incumplimientos. Así ha sido siempre la dinámica de la relación de la Argentina –y todos los demás países dependientes y semicoloniales– con este organismo encargado de defender los intereses del capital trasnacional y preservar el orden imperialista.

La carta de renuncia del Máximo Kirchner es una confesión de parte que deja en claro que lo pactado con el FMI no puede traer más que una profundización del ajuste, empezando por los tarifazos pero sin detenerse ahí. Lo contrario a las políticas activas que prometían en 2019 a pesar de la tutela del Fondo, y cuya posibilidad de implementar sin romper con el organismo se muestra ahora como la quimera que siempre fue. Una repetición farsesca de las tragedias helénicas.

Ahora las especulaciones están puestas en los votos en el Congreso. Periodistas oficialistas como Iván Schargrodsky se consuelan con aquel ejemplo griego, señalando que cuando Tsipras decidió desconocer el resultado del referéndum que impugnaba el acuerdo con la Troika y sectores de la alianza gobernante (agrupados en la Plataforma de Izquierda) se opusieron, igualmente el acuerdo con la “Troika” se aprobó en el Congreso con los votos de la oposición. Y que luego Tsipras convocó a nuevas elecciones y se impuso, mientras que aquella ala izquierda quedó reducida a su mínima expresión. Le faltó agregar que al cabo de cuatro años y después de haber cumplido con todas las exigencias de la Troika que siguieron desangrando a la economía griega y cuyas consecuencias duran hasta hoy, Tsipras fue derrotado electoralmente por la centroderecha de Nueva Democracia que volvió al gobierno luego de que Syriza completara el “trabajo sucio”.

Es todo un síntoma que un escenario de este tipo sea visto como “optimista” para Argentina, pero está por verse si se dará un resultado así o primarán las tendencias más inmediatas a la desagregación del régimen y se producirá un empantanamiento en el tratamiento del acuerdo en el Congreso que provoque un nuevo salto en la crisis.

El camino de la movilización

En este breve racconto desde 2017 a esta parte puede verse el saldo catastrófico del malmenorismo. Ahora desde sectores del kirchnerismo esgrimen post festum una posición “testimonial” criticando que se habría podido actuar de otra manera. Una especie de malmenorismo retroactivo con el cual pretenden despegarse del ajuste del FMI, tanto por cálculo electoral como por necesidad de autopreservación de su corriente.

Pasados cuatro largos años desde el primer acuerdo con el Fondo puede verse cada vez más claro aquello que viene planteando el Frente de Izquierda: que el único camino es enfrentarlo con la fuerza de la movilización y la organización para imponer el desconocimiento soberano de la deuda y la expulsión del FMI. Claro que no puede ser una medida aislada, se trata de iniciar un proceso de ruptura con el sometimiento del país al gran capital. Por ejemplo, frente a la crisis de 2001, un puñado de bancos organizaron el 80 % de la fuga de capitales mientras que al pequeño ahorrista le imponían el “corralito”. La nacionalización del sistema bancario, con la expropiación de los bancos privados (pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos) y la conformación de un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, sería una medida clave. A su vez, una política soberana implicaría la nacionalización del comercio exterior, es decir, que todos los exportadores entreguen lo que se va a exportar a una institución creada por el Estado quien sea el que comercialice y administre la relación con otros países y pueda apropiarse de rentas, como la agraria, y definir los precios internos. Sin estas, y otras medidas de este tipo, no hay alternativa posible al ajuste y el hundimiento aún mayor en la crisis. Por eso esta lucha va de la mano con el objetivo de recuperar lo perdido, con la pelea por establecer aumentos de emergencia de salarios y jubilaciones, por medidas indispensables contra el desempleo y la precariedad como la reducción de la jornada laboral a 6 horas, sin rebaja salarial, para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, entre otras.

Lo que está planteado es retomar el camino de lucha que se había iniciado en 2017. No se trata de una lucha aislada a nivel internacional; muchos pueblos, en primer lugar de América Latina, han protagonizado desde aquel entonces importantes procesos de movilización contra el tipo de políticas que propicia el FMI. El gran rodeo desde aquel diciembre de 2017 a esta parte no ha hecho más que profundizar la decadencia nacional. La tregua eterna de la CGT y la CTA es cada vez más escandalosa, la CGT incluso ha dado apoyo explícito al pacto con el Fondo. Las organizaciones sindicales dirigidas por el kirchnerismo parecen no estar dispuestas ni siquiera a salir a las calles por el nuevo planteo esbozado por sus diputados de “mejorar los términos del acuerdo”. La pelea en los sindicatos, centros de estudiantes y demás organizaciones del movimiento de masas pasa por poner todas las fuerzas para revertir el saqueo que han sufrido las grandes mayorías en sus condiciones de vida e imponer el no pago de la deuda externa y el desconocimiento del acuerdo con el FMI.

La marcha del pasado 11 de diciembre, fue un primer paso en el objetivo de desarrollar una fuerte resistencia contra el pacto de coloniaje con el FMI. Convocada por casi 200 organizaciones, decenas de miles de personas que se movilizaron a Plaza de Mayo como parte de una jornada nacional, con marchas en las ciudades más importantes del país. Este próximo martes 8 de febrero tendrá lugar una nueva movilización para profundizar este camino. Frente al cogobierno con el FMI, el problema estratégico del momento es articular la unidad en las calles para enfrentarlo por el único camino posible para ello, el de la organización, la lucha y la movilización.

Esta cuestión estratégica excede a la aprobación o no del acuerdo en el Congreso y se liga a los procesos de lucha que vendrán contra las consecuencias del ajuste interminable sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador. Recientemente, por ejemplo, la rebelión de Chubut mostró un camino de unidad entre los movimientos ambientalistas y la clase trabajadora contra la megaminería “para juntar dólares y pagar la deuda”. Hay que construir un camino de unidad de la clase trabajadora, los movimientos sociales y la juventud, generar instituciones de unificación y coordinación, que a su vez ayuden a romper la estatización de las organizaciones del movimiento de masas y puedan imponer paros generales activos y planes de lucha en el camino de una huelga general. Se trata de romper de una vez por todas, el círculo de sometimiento al imperialismo e imponer una salida favorable a los intereses de las grandes mayorías. A grandes crisis, son necesarias grandes soluciones: la perspectiva es la lucha por un gobierno de los trabajadores.