CRISIS HUMANITARIA. Bruselas quiere una “Europa fortaleza” frente a la oleada migratoria desde África

Los precios de los cereales, que ya habían experimentado una subida al verse afectados por la pandemia y la crisis medioambiental, han sufrido un aumento también por las consecuencias de la guerra, ya que tanto Rusia como Ucrania son de los principales productores agrícolas a nivel mundial.

Toneladas de semillas se encuentran bloqueadas en Ucrania, sin poder salir del país, y tampoco será posible por el momento producir en el territorio a causa de la contienda. Esta situación crítica, resultado directo del funcionamiento del sistema capitalista, ha llevado a que el riesgo de que se produzca una crisis alimentaria mundial sea elevado, particularmente en África, donde la hambruna golpearía con fuerza a millones de personas.

Ya el secretario general de las Naciones Unidas advertía el pasado mes de mayo al respecto de “una escasez mundial de alimentos que podría durar años” a causa de la guerra, donde “cientos de millones de personas más podrían verse empujadas a la pobreza”. No obstante, no solo se augura una hambruna a escala global con especial incidencia en los países más pobres, sino un consecuente aumento de la conflictividad social y política, auspiciado por el aumento de la desigualdad y la precarización que dejó la pandemia y a la que está conduciendo la inflación, sobre todo en el precio de combustibles y alimentos.

Ya estamos viendo las primeras respuestas obreras y populares fruto de esta situación convulsa, como son la rebelión en Sri Lanka contra la austeridad, las luchas campesinas en Perú, las huelgas de los trabajadores del petróleo en Gran Bretaña, los paros en Alemania e Italia, las movilizaciones en Irán ante la retirada de subsidios al trigo y a la harina por parte del gobierno, o el proceso emergente de sindicalización en EEUU.

En este marco de aumento de tensión social y de crisis alimentaria inminente se encuentra, por un lado, Rusia queriendo utilizar el riesgo de hambruna como una carta a su favor para presionar a las potencias imperialistas a que retiren las sanciones económicas—que son igualmente un chantaje reaccionario que perjudica a la clase trabajadora rusa— a cambio de levantar el bloqueo que mantiene en el Mar Negro, el cual impide que salgan las exportaciones de grano de Ucrania.

Por otro lado, las potencias imperialistas y la OTAN, ahora armadas hasta los dientes y temerosa de una oleada migratoria proveniente del sur global, se dispone a reforzar sus fronteras exteriores, política en la que países como Turquía, Libia y especialmente Marruecos cobran un rol fundamental, ya que estos países reciben compensaciones económicas a cambio de contener, perseguir y detener el flujo migratorio hacia Europa.

Si bien, las bases en las que se asienta esta Europa fortificada datan de los Acuerdos de Schengen de 1985, la construcción de muros fronterizos por razones migratorias se ha convertido en una política en auge, fruto de los discursos xenófobos y racistas, sostenidos especialmente la extrema derecha aunque no solo, que consideran a las personas migrantes y desplazadas por la fuerza como una “amenaza”, pero que solo llevan a la explotación y a la nulidad de derechos a quienes migran.

En esta política racista de refuerzo de fronteras frente a la potencial oleada migratoria procedente de África, el Estado español y su “gobierno progresista” tienen un papel protagónico, especialmente desde que el PSOE—con el apoyo de facto de Unidas Podemos y del PCE, por mucho que quisieran distanciarse de esta maniobra política en su discurso—reconoció la soberanía de la dictadura marroquí sobre el Sáhara, a cambio, por supuesto, de que sea la gendarmería de Mohamed VI la que asuma los crímenes en la frontera sur de la UE.

Lo cierto es que la colaboración entre el gobierno español y el marroquí en materia de inmigración cuenta con diversos precedentes, pues ambos Estados han sostenido un férreo control de la frontera, apoyándose mutuamente para reprimir y asesinar a miles de migrantes en su huida del continente africano, desde el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla con concertinas, hasta las matanzas y tiroteos provocados por la policía marroquí y la Guardia civil española, la vigilancia de las costas atlánticas y del estrecho que contribuyen a que las rutas migratorias se alarguen y aumente su peligrosidad o las devoluciones “en caliente” a miles de personas que huyen de la miseria permanente de la que es responsable el expolio imperialista español y europeo.

Son todas estas violaciones de los Derechos Humanos las que el “gobierno más progresista de la historia”, con el beneplácito de una UE a la que le viene de perlas contar con un centinela que actúe con puño de hierro para defender sus fronteras, quiere que queden garantizadas por la dictadura marroquí en el marco de una situación mundial cada vez más convulsa, marcada por la amenaza de hambrunas y un aumento en los conflictos sociales.

Es urgente, por tanto, la apertura de fronteras para todos aquellos que huyen de la miseria, poner fin a los acuerdos con la dictadura militar y la retirada de las empresas españolas del Sáhara Occidental, así como la derogación de la racista Ley de extranjería y el cierre de todos los CIEs para acabar con la violencia que sufren las personas migrantes tanto por las instituciones como sirviendo de mano de obra extremadamente precaria para los capitalistas.

Pero no solo eso, sino que también es necesaria una salida independiente, de clase, de la guerra, alejada de los intereses reaccionarios de los bandos contendientes, que exija además la expropiación de los grandes terratenientes de Ucrania y Rusia y de todos aquellos que especulan con el hambre de los pueblos, para planificar la producción en función de las necesidades alimentarias del mundo.