Aprobación en Diputados. Bullrich más cerca de tener su ley para perseguir y atacar a quien considere “mafia”

Pasada la medianoche de este martes la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley titulado “de abordaje integral del crimen organizado” pero difundido por el Gobierno nacional como “ley antimafias”. El texto original fue presentado en abril por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y en agosto, con algunas modificaciones tras algunas reuniones y mucha rosca con la “casta”, logró dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior.

Sobre el final de la larga sesión de este martes, el proyecto obtuvo 137 votos a favor y 92 en contra (no hubo abstenciones). Ahora será girado al Senado, que puede convertirlo en ley.

El proyecto es parte de una batería de iniciativas de La Libertad Avana para legalizar el reforzamiento del control violento sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad y la represión a la protesta social. Enfocan su propuesta en ampliar categorías penales y años de cárcel en el marco de lo que llaman eufemísticamente “lucha contra la criminalidad organizada”.

Como se viene manifestando desde este sitio, se trata de un punitivismo recargado que, particularmente en América Latina, fracasó ya muchas veces y profundizó la criminalización de la clase trabajadora y los sectores populares con altas dosis de violencia, muertes y desapariciones a manos del Estado. Pero para Bullrich reprimir y fracasar parece más vital que comer y dormir.

El proyecto fue presentado en el recinto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado. Acompañaron con su voto, además del oficialismo, los bloques colaboracionistas del PRO, el interbloque pichettista Hacemos Coalición Federal, la UCR, el MID (ex LLA), Producción y Trabajo y el MPN. En contra votaron las bancadas completas del Frente de Izquierda y Unión por la Patria.

El supuesto objetivo del proyecto de ley es combatir las diversas ramas del crimen organizado dándole al Estado “herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”, a las que define como “grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

La definición es tan abstracta que pueden ser consideradas “organizaciones criminales” desde bandas narco y redes de trata hasta clubes, centros culturales, agrupaciones políticas y sindicales que, por el solo hecho de tener alguna “relación” con supuestos delincuentes son pasibles de recibir una misma calificación penal y una misma pena (de entre ocho y veinte años de prisión) que quienes manejan y se enriquecen con las llamadas “mafias”.

Así lo denunciaron en el recinto los diputados del PTS en el Frente de Izquierda Christian Castillo y Nicolás del Caño, tal como lo había hecho la bancada completa en las reuniones de comisiones de donde salió el dictamen votado anoche. Se recomienda escucharlos con atención.

Con “delitos especialmente graves” el proyecto que obtuvo media sanción se refiere, además del lavado, los homicidios, secuestros, privación ilegítima de la libertad y trata, a delitos mucho más discutibles como cohecho (coimas) y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. Y también delitos contra la integridad sexual y la propiedad. Es decir, acapara gran parte del Código Penal.

De hecho al texto dictaminado por las comisiones se lo volvió a cambiar para su votación, ya que originalmente también incorporaba a la lista delitos como los de amenazas, daños e intimidación pública, que no sólo son considerados por la jurisprudencia como “delitos comunes” sino que son utilizados regularmente para criminalizar la protesta social. Como explicó el diputado Castillo, si hace tres meses ese texto hubiera sido ley, a las 33 personas irregularmente detenidas en la movilización contra la Ley Bases les hubiera sido mucho más difícil desmantelar la causa armada por el fiscal Carlos Stornelli y lograr sus sobreseimiento y liberaciones (tal como lo consiguieron gracias a una campaña de denuncia nacional e internacional).

Un dato nada menor es que durante el debate en las comisiones el proyecto presentado por Bullrich y su equipo de “expertos” fue duramente cuestionado por la gran mayoría de expositores invitados a las tres reuniones que se hicieron. Entre ellas y ellos, especialistas en criminología, académicos del derecho, fiscales y defensores oficiales, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia del Estado. Sólo un puñado de invitados por el oficialismo y funcionarios como el gobernador santafesino Máximiliano Pullaro defendieron la iniciativa liberfacha.

Es probable que finalmente el Senado convierta en ley el proyecto mal llamado “antimafias” (las verdaderas mafias negocian y pactan convivencia todo el tiempo con el Estado, como está ocurriendo ahora mismo en Rosario). Así el gobierno de Javier Milei, y muy especialmente la ministra a la que hasta no hace mucho el Presidente acusaba de “poner bombas en jardines de infantes”, tendrá más “herramientas” para reprimir a la población en medio de una crisis social profundizada por el propio plan económico ejecutado por La Libertad Avanza.

Para no olvidar quiénes integran la lista de los cómplices de la avanzada represora, podés ver en este link la nómina completa de la trasnochada votación en Diputados. Allí están quienes votaron a favor, quienes lo hicieron en contra y quienes estuvieron ausentes. Será importante saber quiénes levantaron la mano en favor de esa “herramienta” cuando se empiecen a sentir los efectos nefastos de las medidas hiperrepresivas del gobierno libertariano. Ni olvido, ni perdón.