La derecha ha utilizado políticamente el caso convenios para fortalecer su hipócrita discurso de anti-corrupción mientras que el Frente Amplio y todo el oficialismo se ponen del lado del régimen y la probidad, manteniendo el modelo en su conjunto. En este artículo hablamos sobre la integración del Frente Amplio al régimen y el caso de CEMA Chile como uno de los precedentes para el robo estatal a través de fundaciones y cuya práctica se refleja hasta nuestros días.
Miércoles 16 de agosto de 2023
Las organizaciones de la sociedad civil surgen como una necesidad de gestionar asistencia humanitaria a la par del desarrollo del Estado Burgués. Estas organizaciones se traducen en fundaciones, Ongs y otras; y funcionan como órganos reemplazantes de la labor social del Estado, el cuál se ve cada vez más reducido a los intereses privados. Bajo este contexto es que la derecha liberal y quienes aceptan este régimen sostienen que -las fundaciones u otras- son una vía para hacerse cargo de lo que el Estado "no puede", teniendo este que contratar y financiar externos para, por ejemplo, llevar agua a un campamento.
Para las corrientes neo reformistas cómo el Frente Amplio, estas organizaciones sociales son su trabajo territorial, la forma en que la población incidiría en el Estado. En otras palabras, el FA se adapta al neoliberalismo, lo acepta y se integra al régimen defendiendo administrar el Estado burgués, pero apoyándose en las Organizaciones de la Sociedad Civil como parte de su "trabajo territorial".
El problema de esto es que no se hace cargo del problema estructural, de un Estado que se limita aún más a los intereses capitalistas y de la división de clases que rige todo lo demás, de aquí el tráfico de influencias, los tratos directos, corrupciones, etc.
Si bien el caso convenios ha desatado toda una ofensiva por parte de la derecha, ésta ofensiva es favorecida por el propio gobierno que mantiene una política de pactos y cedidas. Y es que la integración del FA al régimen es utilizando todas las herramientas que el propio régimen tiene para sostenerse a sí mismo. Toman la herencia de fundaciones y organización de asistencia para llegar a sectores populares, sobre todo en elecciones.
CEMA Chile: Entre ricos y golpistas
Acorde a sus contextos históricos las organizaciones de la sociedad civil han tenido distintos fines y formas de operar. Ejemplo de lo anterior es el caso de Cema Chile, una organización artífice en el enriquecimiento de la familia Pinochet-Hiriart que además sirvió para asentar el poderío de las y los colaboradores de la dictadura.
El caso de CEMA Chile es un ejemplo de cómo puede mutar una organización, siendo este uno de los precedentes históricos que muestra cómo opera la derecha Chilena y de cómo usar una "fundación" para robarle miles de millones de pesos al fisco.
Cema Chile fue fundada por Ibáñez del Campo en 1954 bajo el nombre de Fundación Graciela Letelier, como una forma de arrastrar el voto femenino y llegar a sectores populares agrupando ampliamente a centros de madres y voluntarias.
Dirigido por las primeras damas, durante la Unidad Popular CEMA actuó a como Coordinadora de Centros de Madres COCEMA, siendo un órgano de organización principalmente en poblaciones. Para 1973 existían alrededor de 20.000 Centros de Madres con casi 1 millón de socias
Tras el golpe militar de Pinochet este organismo volvió a ser llamado CEMA, a cargo de Lucía Hiriart, y se modeló como un espejo al ejército. Esto quiere decir que las esposas de altos mandos del ejército tenían altos cargos en Cema, las de los mandos medios tenían medios cargos y así sucesivamente.
CEMA adquirió el carácter de una organización profundamente antimarxista, cuyo discurso moldeaba una mujer chilena acorde a la moral conservadora con acento en ser esposa, madre y dueña de casa fiel a la patria y a la dictadura. Controlaba a las mujeres con la fachada de capacitaciones y talleres de asistencia.
Es preciso decir que dentro de las perspectivas de Hiriart estaba conformarse de una Élite que incluso después de la dictadura siguió recibiendo dinero del Estado y funcionando como club social.
Recién tras una investigación abierta como una arista del caso Riggs fue que Hiriart quedó al descubierto. El caso Riggs acusaba a Pinochet de malversación de cargos públicos debido a 125 cuentas bancarias secretas en el Banco Riggs de Estados Unidos. El dictador habría movido discretamente sus bienes desde Reino Unido a EEUU tras su arresto en 1998 en Londres. Este caso contempla un robo al fisco de casi 18 millones de dólares.
De esta investigación se llega a que entre los años 1980 y 1998 la fundación CEMA recibió gratuita y directamente entre 100 y 200 bienes inmuebles provenientes del Estado. Según una investigación [linkear] de Ciper del año 2014, la organización habría encontrado una fuente de ingresos por concepto de venta y renta de propiedades, alcanzando millonarias ganancias.
Dentro de las propiedades investigadas por Ciper sólo en Santiago los inmuebles tienen un equivalente mayor a 7.7 millones de dólares ($3.783.967.579), alguna de estas fueron vendidas a universidades asociadas a la derecha como ppr ejemplo, la Universidad Bernardo O´Higgins.
Las platas iban directamente a las cuentas de Hiriart, CEMA financió la estadía de Hiriart en Londres mientras Pinochet era detenido y funcionó como una receta para acomodar familiares y amigos en puestos de fundaciones con millonarios sueldos y regalías.
Meses antes del plebiscito de 1988, Hiriart modificó los estatutos de CEMA perpetuando su presidencia en el organismo y manteniendo todo su poder económico. La fundación siguió recibiendo dineros del Estado hasta el 2006, además de aportes de La Polla de Beneficencia y la Lotería de Concepción, aportes evaluados en 820 millones de dólares.
Paralelo a Cema en 1983, se creó la Fundación Apoyo Social FAS, que era presidida por Hiriart y por el mismo directorio de Cema. Esta fundación actuó en total silencio como una entidad espejo que, en caso de disolverse Cema, recibiría la mitad de los bienes y activos. El 2016 se solicitó la disolución de esta personalidad jurídica a la cual Hiriart traspasó millonarios fondos, Cema siguió existiendo hasta el 2022.
En todos esos años Pinochet gozó de impunidad, al igual que Hiriart y sus hijas e hijos, vinculados además al gran narcotráfico. Esto último fue también artista del caso Riggs que se confirmó por investigaciones de la DEA de EEUU y las declaraciones de Iván Baramdyka en 1993, narcotraficante que entregó detalles de los nexos de Marco Pinochet (hijo de Pinochet-Hiriart), las responsabilidades de altos mandos como Álvaro Corbalán y el rol del ejército en la fabricación y tráfico de cocaína que se relacionaba con carteles internacionales.
El hilo conductor que dejó CEMA Chile fue el método "legal" de fraude a través de una personalidad jurídica o un "fin social" como parte de una operación mucho más grande.
No es solo el magno desfalco por parte de la familia Pinochet-Hiriart y su impunidad, sino toda la maquinaria detrás de los tratos ocultos, intereses particulares y riqueza. Las y los funcionarios colaboradores de la dictadura siguieron la receta de esta estafa histórica que a través de mandatos legales blinda el fraude al fisco.
Con tales antecedentes es una hipocresía que los defensores de la dictadura y del régimen legado por esta salten a la voz de la "anticorrupción". Se puede llegar a pensar que los fraudes fiscales se terminarán reformando una u otra normativa o aumentando la fiscalización, pero ¿qué fiscalización? ¿A cargo de quienes?
En este y otros casos actuales podemos ver que existen operadores políticos y materiales para hacer una gran tajada del fondo fiscal, por esto es que la única solución más factible sería ponerle fin al sistema de subsidio Estatal a privados y al clientelismo subordinado de políticos y burócratas Estatales, que operan a través de fundaciones, Ongs, entre otras personalidades jurídicas.
Finalmente, toda gran necesidad pública requiere un plan coherente y coordinado, no una suma anárquica de arreglines postelectorales y compadrazgos. Toda iniciativa respecto a soluciones de vivienda y urbanismo, salud y educación pública, así como las autoridades responsables de realizarlo, deben ser discutidas, decididas, controladas y fiscalizadas por sus usuarios y trabajadores.
Fer Morales
Antropóloga Social y poeta Slam