Miles de campesinos y pobladores del valle de Tambo iniciaron acciones de protesta contra la resolución judicial que ordena el encarcelamiento de tres de sus ex dirigentes que encabezaron las luchas populares contra la contaminación ambiental promovida por la empresa minera Southern.
Miércoles 13 de enero de 2021
El martes 12 de enero un grupo significado de agricultores y pobladores del valle de Tambo se concentraron en el distrito de Cocachacra y desde allí iniciaron una masiva movilización hacia la ciudad de Mollendo. Los dirigentes agrarios y populares anunciaron que su movilización tiene como destino la ciudad de Arequipa, a donde llegaran para sumarse a la marcha convocada por la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa FDTA.
Los campesinos, trabajadores y demás sectores populares, se movilizaron para cuestionar la sentencia judicial que ordena el encarcelamiento de los ex dirigentes ambientalistas Jesús Cornejo Reynoso, Jaime de la Cruz Gallegos y Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, quienes en el año 2015 lideraron el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT), a través del cual, el pueblo se enfrentó a los intentos de la minera Southern y del gobierno de aquel entonces que buscaban imponer el proyecto mega minero Tía María, el cual, a decir de los agricultores y pobladores del valle de Tambo, contaminaría el agua, el aire y el suelo afectando así la agricultura, que es la principal actividad económica que realizan los pobladores de esta zona.
Cabe mencionar que la semana pasada, el Poder Judicial de Arequipa, sentenció a prisión efectiva a estos tres dirigentes, aduciendo que ellos habrían incurrido, indistintamente, en diversos delitos como “extorsión, entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y motín”. Sin embargo, por la forma como se habría llevado adelante el proceso judicial, se cree que esta resolución tiene el objetivo de escarmentar y amedrentar a los dirigentes sociales para evitar de esa manera futuras acciones de protesta contra las medidas políticas que favorecerían al gran capital minero, como la puesta en vigencia de grandes proyectos extractivitas como Tía María y otros que actualmente se encuentran en agenda del ejecutivo.
Según los especialistas consultados, esta resolución criminaliza el legítimo derecho a la protesta social, el cual es un derecho fundamental. En ese entender, la Red Muqui, manifestó que:
“El juzgado no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0009-2018-PI/TC, ha establecido claramente que el ejercicio del derecho a la protesta social puede devenir en la limitación de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio. Esta es constitucional siempre y cuando tenga como fin la búsqueda de la protección de un derecho fundamental o bien constitucional. Esto es lo que ocurrió en las protestas de Tía María, pues cuestionaban un proyecto minero que carece de estudios ambientales suficientes para garantizar el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y que afectaría gravemente el desarrollo de las actividades económicas de la zona”.
Así mismo, actuales dirigentes sociales como Mary Luzmila Marroquín (presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía-Mollendo), quien es una de las que convocantes a la movilización del pasado martes, dijo que la medida judicial que ordena la encarcelación de los dirigentes, criminaliza la protesta social. La dirigente también dejo sentado que “nunca se demostró que los dirigentes de ese entonces bloquearon las vías de comunicación”.
Hace bien la Federación de Trabajadores de Arequipa FDTA en sumarse a la movilización de rechazo a esta sentencia judicial que, como se ve, busca crear jurisprudencia contra los dirigentes de los sectores sociales y populares que hoy salen a luchar. Eso no se puede permitir ya que la lucha por el medio ambiente, por la vida y por la preservación de las fuentes de trabajo, hace parte de la defensa de nuestros derechos humanos fundamentales que las grandes trasnacionales como Southern, en alianza con los gobiernos de turno, vulneran sistemáticamente.
Por esa razón, hacemos un llamado a las centrales sindicales de trabajadores como la CGTP, CUT, gremios de trabajadores, además de los Frentes de Defensa y organizaciones sociales y populares de todo el país a pronunciarse y movilizarse contra esta injusta resolución judicial que criminaliza el derecho a la protesta social.
