Causa Ford. Carlos Propato: "Los gerentes siguen en sus casas, a pesar de haber sido condenados por delitos de lesa humanidad"

Pasaron ya cuatro años del comienzo del histórico juicio contra ex directivos de Ford por el secuestro y tortura de 24 trabajadores en 1976. Gracias a la lucha consecuente de sobrevivientes, familiares, extrabajadores de esta y otras automotrices como Mercedes Benz, organizaciones sociales y de derechos humanos, lograron llevar al banquillo de los acusados a dos gerentes de la multinacional, que fueron condenados en 2018 por crímenes de lesa humanidad.

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Carlos Propato es uno de los trabajadores sobrevivientes y querellante en la causa. En diálogo con este diario recuerda todos estos años de lucha, que continúa por la cárcel común para estos y todos los genocidas: "La causa Ford, que es un emblema para todo el movimiento obrero hoy está parada, con los gerentes en sus casas a pesar que Casación confirmó sus condenas. Es una enorme injusticia, nosotros no tenemos mucho tiempo, muchos de nosotros se fueron, como hace unos meses un compañero como Pedro Troiani que luchó todos estos años y falleció sin poder ver a estos empresarios donde deben estar, en cárcel común".

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El juicio comenzó a fines de 2017, y durante su desarrollo ante el Tribunal 1 de San Martín, pudo reconstruirse, gracias a los testimonios de sobrevivientes, extrabajadores y profesionales que investigaron la historia de la dictadura, cómo operaba la empresa en complicidad con el Smata y el Ejército. Tal es así que dos exjefes de la planta Pacheco, reconocieron al prestar declaración que entregaron trabajadores a los militares.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, integrado por Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro, condenó en diciembre de 2018 a los exdirectivos de la automotriz Pedro Müller (87 años) y Héctor Francisco Sibilla (92). Müller fue condenado a diez años de prisión por privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravado por el empleo de violencia y amenazas. Por los mismos cargos en diversos hechos Sibilia fue condenado a doce años de prisión. En esa ocasión también fue condenado el exmilitar Santiago Omar Riveros a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravas por el empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados.

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Propato señala: "Cuatro años han pasado del inicio del juicio de Ford, una lucha sin cuartel que dimos nosotros, pero no lo hicimos solos si no junto a las organizaciones que nos acompañaron. Las condenas que logramos para estos empresarios genocidas fueron gracias a la lucha de todos. Nos costó un montón llevar a juicio a los empresarios de Ford y a pesar de que los gerentes fueron condenados siguen en sus casas y a nosotros nos duele mucho. Yo todavía llevo secuelas en el cuerpo y en el alma, hay cicatrices que no se cierran nunca y por más que pasen los años, los días y las noches uno siempre sigue recordando todas esas cosas". Y agregó: "Este cuarto aniversario del comienzo del juicio coincidió con los 20 años del 2001, muchos compañeros se perdieron en una lucha, pero fue una gran enseñanza para el movimiento obrero y los que luchan. Creo que cambiamos un poco la historia en esas jornadas porque veníamos de la dictadura y el neoliberalismo, pero nos pusimos de pie y dimos pelea contra el todo eso y también contra la impunidad de los genocidas, incluidos los empresarios".

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La causa Ford

En mayo de 2013 la jueza Alicia Vence procesó a tres exdirectivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores. Müller, Galárraga y Sibilla fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados y como consta en el auto de elevación a juicio, por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte (el Quincho), para que sus dependientes fueran interrogados, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”.

En el mismo escrito de elevación a juicio, la jueza Vence dio por probado que “la empresa aportaba recursos y apoyaba al gobierno de facto a cambio de la ’limpieza de los elementos’ que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”. Además el mismo documento sostiene que los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros.

"La empresa Ford como lugar de los hechos"

Así se tituló una de las partes del alegato de la querella durante el juicio, donde se detalla que “la planta de Pacheco de la empresa Ford Motor Argentina, ubicada en la Panamericana y la Avenida Henry Ford, en la localidad de Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con 244.000 m2, es el territorio central de la represión a los 24 trabajadores víctimas. Todos ellos eran trabajadores de la fábrica -a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes- y en su mayoría eran delegados sindicales”.

Está demostrado que “diecisiete de ellos fueron secuestrados en su puesto de trabajo y todos ellos conducidos a los quinchos del sector recreativo de la propia fábrica para ser torturados. Luego de ello, fueron llevados a diferentes lugares de detención. Permanecieron un tiempo secuestrados, en calidad de detenidos-desaparecidos, y posteriormente blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y trasladados a diferentes unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal”.

El Smata, impune

A mediados de 1975, en el marco de una huelga con ocupación de fábricas por parte de los obreros de automotrices, los de Ford marcharon hasta la sede del Smata, que conducía José Rodríguez, para rechazar la paritaria y exigir la convocatoria a un plenario de delegados.

Aquella lucha concluyó con el despido de más de 300 trabajadores, un estricto régimen de control policial dentro y fuera de la planta y el desplazamiento de la comisión interna, según se relata en el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, coeditado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, Flacso, el CELS e Infojus.

Basta transcribir parte del auto de elevación a juicio de la causa Ford por delitos de lesa humanidad, firmado por la jueza federal Alicia Vence, para ver lo que el propio Estado argentino reconoció: que los empresarios y la burocracia sindical son responsables del genocidio. En un extracto de esa elevación a juicio, Vence demostró la dura disputa entre la burocracia sindical y las expresiones clasistas y antiburocráticas del movimiento obrero. En el auto de elevación señala que los dirigentes sindicales que “lideraban las bases, pues su cercanía a los empleados y trabajadores fomentaba una relación más directa y consciente de los inconvenientes diarios que reclamaban sus pares”, tenían diferencias que trajeron no pocos problemas “con la llamada ‘burocracia sindical’ que según su sentir no reclamaba sus problemas ni luchas por mejoras tangibles”.

El escrito agrega que “la eficacia y productividad tan añorada por los empresarios se topaba con su enemigo puntual, ‘la comisión interna’, y pareciera que este análisis de la situación fue compartida con las fuerzas armadas que usurparon los poderes del Estado, fueron los obreros quienes más sufrieron la violencia del régimen. En definitiva, los grandes grupos empresarios hicieron mucho más que apoyar la acción de las fuerzas militares. La aquiescencia de Ford y su cooperación para que personal militar detuviera a ciertos empleados que no cooperaban con la exagerada necesidad de mayor producción y eficacia, a esta altura, es incuestionable”.

Pedro Troiani, en su declaración en el juicio relató que, gracias a la lucha, en 1975 lograron un convenio colectivo que era uno de los mejores del país, que entre otras conquistas incluía un aumento del 100 % de los sueldos y el 1 % del valor de cada auto que sería destinado a la obra social (dinero que finalmente el gremio jamás usó para tal fin). De hecho, el histórico burócrata entregador de obreros, José Rodríguez, murió en 2009 procesado pero impune por el manejo fraudulento de la obra social junto a otros miembros de su familia.

La lucha de hoy

Carlos reflexiona sobre la situación actual, el ajuste, la pobreza y los derechos humanos: "Yo realmente no entiendo como se puede decir popular un Gobierno que tiene a la mitad de la población en la pobreza y que además tiene presas y presos políticos. ¿Cómo puede ser que Milagro Sala siga presa?. Es increíble, estas cosas no pueden pasar en democracia pero siguen sucediendo. Estamos así, pero seguiremos luchando para intentar algún día cambiar el rumbo y que se escuchen las voces de los de abajo, de los trabajadores, del pueblo pobre, de los que nunca se escuchan. Vamos a seguir luchando, acompañando a los que cortan las calles, a quienes reclaman, a los y las que luchan".

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