La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa del ex marino y le negó el beneficio de excarcelación. El represor está procesado con prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Viernes 18 de diciembre de 2020 12:41
Foto: 20Minutos
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal negó la excarcelación del extraditado ex marino Ricardo Miguel Cavallo, quien se encuentra procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.
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Casación rechazó el planteo de la defensa de tener en cuenta, además del plazo que lleva detenido en la Argentina desde 2007, el período que estuvo privado de su libertad en España, tiempo que según el recurso excedería el máximo de detención preventiva.
En la resolución, los jueces determinaron: "En el caso no se ha superado el límite temporal de la prisión preventiva regulado por la ley 24.390, ni tampoco se ha demostrado que la duración de ésta, computada según los criterios antes sentados desde que el requerido de extradición ha sido efectivamente entregado a las autoridades del Estado Argentino, entre en crisis con el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad”, dijo el tribunal.
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A casi 45 años del golpe, la mayoría de los genocidas siguen impunes
De acuerdo a los datos publicados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), el 72 por ciento de los detenidos por estas causas goza del beneficio de la prisión domiciliaria.
A su vez, la impunidad garantizada durante todos los gobiernos constitucionales, tiene entre sus consecuencias que 653 represores investigados por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, hayan fallecido sin pisar una cárcel.
El organismo informó que a casi 45 años de la dictadura son sólo 997 las personas condenadas, lo que fue posible gracias a la movilización y lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.
La lucha por el juicio y castigo para todos los responsables del genocidio, muchos de ellos empresarios, es un compromiso ineludible del presente.
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