El pasado sábado en Tucumán se llevó a cabo una gran movilización al cumplirse un año del femicidio de Paola Tacacho. El pedido de justicia en el marco de la etapa final del juicio político al juez Pisa trajo como consecuencia la presión de la defensa del magistrado ante Anses, gestionando un amparo presentado en el mes de agosto, espectante de que le otorguen el beneficio previsional. Mecanismos dilatorios entre Legislatura y Poder Judicial que tienen un denominador común: desligar la responsabiliad del poder político.
Martes 2 de noviembre de 2021 12:08
El pasado sábado 30 de octubre las mujeres tucumanas salieron a las calles en el marco del pedido de Justicia por el femicidio de Paola Tacacho. La familia de la mano de distintas organizaciones sociales confluyeron en calles San Juan y Monteagudo desde donde marcharon hasta Casa de Gobierno. Posterior a la movilización, Mariela Tacacho dirigió unas palabras. En la jornada estuvieron presentes artistas que acompañan la causa.
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Más de un año pasó del femicidio y el juicio político que se desarrolla desde el 26 de agosto contra el juez Francisco Pisa parece estar llegando a su etapa final. En esta semana se llevará a cabo la lectura de alegatos. A la vez, las partes aguardan que el jurado de enjuiciamiento fije las fechas de audiencias públicas.
Pisa gestiona un amparo para jubilarse
Lo cierto es que en todo el tiempo transcurrido, para el juez Pisa la posibilidad de jubilarse con privilegios sigue abierta. Sucede que ante la formalización de la acusación ante el jurado de enjuiciamiento en el mes de agosto, los abogados defensores del magistrado, Ernesto Baclinni y Camilo Atim Antoni, iniciaron ante la Justicia Federal una acción de amparo en contra de Anses, para que le otorgue al juez el beneficio de la jubilación ordinaria.
Presentaron un escrito de 23 páginas, donde se plantea que la jubilación a Pisa ya había sido aceptada el 4 de octubre de 2018, que el Poder Ejecutivo y la Corte aceptaron su renuncia condicionada, que los cambios que hubo en el régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios judiciales fueron posteriores a que cumpliera con todos los requisitos, y que la solicitud de Anses en junio del 2021 de una segunda renuncia es jurídicamente impracticable porque no se puede renunciar dos veces como magistrado.
Es por medio de este amparo que se encuentran ejerciendo presión dada la etapa en la que se encuentra el juicio político y que los plazos acorralan a Pisa. Sin embargo todos estos mecanismos de desgaste a los que juegan la Legislatura y el Poder Judicial tienen un denominador común: desligar de responsabiliades al Poder Político.
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El actuar misógino de la justicia, es solo uno de los eslabones de toda una cadena de un régimen que avala y reproduce todo tipo de violencias en Tucumán y encubre a los poderosos. Mauricio Parada Parejas fue protegido justamente por ser miembro de una familia empresaria, que hizo grandes negocios durante los Gobiernos de Manzur y Jaldo.
A la vez, la enorme ligazón política del Gobierno con este juez, es la que explica que Juan Manzur en un primer momento y sin dudarlo, le haya aceptado la renuncia a Pisa, para que acceda a una jubilación de privilegio, evitándole el juicio político.
Por otro lado, en el mes de junio, la Legislatura tucumana presidida por el jaldista Raúl Ferrazano resolvió correr el traslado a Pisa, lo que fue interpretado por la familia Tacacho como una maniobra dilatoria ya que Pisa estaba en ese momento a la espera de que se concreten los trámites para acceder a la jubilación con el 82% móvil, lo que dejará sin efectos todas las actuaciones. Previamente, en febrero, de manera irregular la comisión de Juicio Político, controlada en ese entonces por legisladores manzuristas, había “clausurado” el proceso contra Pisa tras la aceptación de la renuncia condicionada por parte de Manzur como ya se mencionó.
Tras este historial de impunidad, finalmente al enjuiciamiento de Pisa lo conquistó la familia mediante una enorme lucha, acompañada por organizaciones sociales. Por casos como este, la asunción de Manzur como jefe de gabinete fue enérgicamente cuestionada en la provincia y a nivel nacional. Como se señaló muchas veces, es el responsable estatal de menospreciar la vida de miles de mujeres en Tucumán, provincia que encabeza los índices más altos de femicidios a nivel nacional
Pasaron siete años desde el día en que se sancionó la Ley de Emergencia en Violencia de Género, y el Gobierno provincial sigue sin destinarle presupuesto alguno. Del mismo modo que es nula la creación de refugios en Tucumán. Ninguna medida estructural toma el Estado en materia de género.
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