Tras cinco horas de indagatoria ante el juez y la fiscal federales de Bariloche, Francisco Pintos se retiró como había llegado, libre pero hipercustodiado. ¿Qué dijo el sospechoso?
Jueves 5 de julio de 2018 22:05
Fotos Marcelo Martínez
Cinco horas duró la declaración indagatoria de Francisco Pintos, el cabo primero de Prefectura sospechado de ser el asesino del joven Rafael Nahuel. Luego de dar su versión de los hechos (que en algunos puntos choca con pruebas periciales que figuran en el expediente) se retiró del Juzgado Federal de Bariloche como había ingresado: en libertad.
Como informó este diario, el juez federal Gustavo Villanueva había dispuesto un fuerte operativo de “seguridad” para Pintos, vallando todo el juzgado y poniendo una veintena de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria pertrechados para amedrentar a los manifestantes que se habían reunido al mediodía para exigir justicia por Rafael.
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Según lo informado por el sitio En estos días, Pintos aseguró ante el juez y la fiscal Silvia Little que él “no disparó el subfusil MP5” que tenía asignado el 25 de noviembre de 2017 para sus tareas de patrullaje en la zona de Villa Mascardi y de cuyo recámara, según determinaron las pericias incorporadas en el expediente, salió la bala 9 milímetros que acabó con la vida del joven de 22 años.
Pintos “no logró explicar porqué faltaban proyectiles en el cargador del arma” informó el sitio patagónico. Y agregó que “pese a esa laguna en su relato, el juez Villanueva decidió que no era procedente la detención y el uniformado aguardará en libertad que el magistrado resuelva su situación procesal”.
Según la reconstrucción de En estos días, el efectivo (miembro del grupo de elite Albatros de Prefectura) “introdujo con su declaración una circunstacia que le será difícil de probar: que no ingresó al territorio mapuche con ese arma, y que por ende, no la disparó. Pero no pudo explicar al magistrado y la fiscal porqué había faltantes de proyectiles en los cargadores del MP5”.
Lo que sí hizo Pintos fue comprometer a uno de sus camaradas. Le dijo al juez que en aquella jornada violenta “el único uniformado que llevó su subfusil MP5 fue su compañero de armas Juan Ramón Obregón”.
Pintos, como ya lo había declarado en enero para una “investigación interna” del Ministerio de Seguridad sobre los hechos, reiteró al pie de la letra su versión (compartida con los otros prefectos que intervinieron a los tiros en Villa Mascardi) de que actuaron para repeler un ataque con armas de fuego proveniente del “bando” que integraba Nahuel. Un relato que hasta el momento, y pese a todos los esfuerzos de Patricia Bullrich y sus secuaces, no ha podido sustentarse en ninguna prueba o instancia pericial.
Pintos (siempre según la reconstrucción del sitio En estos días) declaró que aquella jornada “los cuatro miembros del grupo Albatros se vieron rodeados por ‘28 mapuches‘, dos de los cuales ‘disparaban con armas de fuego‘. Especificó que se trataba de ‘armas de puño‘. Siempre según su relato, luego de vaciar el cargador de su arma marcadora no letal FN 303, tipo paintball, solicitó permiso por handy para disparar con balas de plomo con su pistola Beretta 9 mm. No obtuvo respuestas por las dificultades para la comunicación, por lo que decidió comenzar a tirar ‘a 45 grados hacia el suelo‘”.
Ahora el juez Villanueva (el mismo que ordenó a fines de noviembre el desalojo de la comunidad Lof Winkul Lafken Mapu y la posterior ocupación armada durante varios días) deberá resolver ahora si procesa y, eventualmente, dicta la prisión preventiva de Pintos.
“Queremos que lo detengan a Pintos y le den perpetua porque él fue quien asesinó a mi hijo Rafa disparándole por la espalda, no queremos que quede libre, el juez y la fiscal van a tener en su cara al asesino ese, tiene que pagar”, dijo esta tarde en las afueras del Juzgado Alejandro Nahuel, el padre de Rafael.
Horas antes María Nahuel, tía del joven, había denunciado que las comunidades mapuches son perseguidas sistemáticamente “por el juez, por la fiscal, por la ministra (Bullrich), por el Presidente (Macri). Ellos solo trabajan para los ricos, no trabajan para los pobres”.
Por su parte Marcos Miguel, uno de los abogados de la familia de Rafael, confirmó a La Izquierda Diario que para ellos el caso se trata de claro “asesinato por la espalda” y que desde la querella tienen “varias pruebas que se están encaminando todavía y eso quizás amerite que la indagatoria se amplíe”.
