El próximo domingo se celebrarán las elecciones generales con la cuestión catalana como eje principal de la política estatal de los meses venideros. Entre el inmovilismo y las alternativas más discursivas que reales, el proceso catalán sigue sin vislumbrar solución en los marcos del Régimen del 78.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Jueves 17 de diciembre de 2015
Si algo tienen los cuatro principales candidatos a ocupar la Moncloa desde el próximo 20D es que en su agenda política tendrá un papel protagonista la cuestión catalana y el pulso que las diferentes fuerzas soberanistas han lanzado, sobre el ejecutivo español.
Ante este cuestionamiento a uno de los pilares del Régimen del 78 nacido de la “idílica” Transición -la indiscutible unidad territorial española- las diferentes formaciones estatales han apostado por diferentes discursos y matices, centrados en agradar a su electorado, pero que en su conjunto bloquean el desarrollo de cualquier tipo de proceso democrático que permita al pueblo catalán ejercer su legítimo derecho a decidir.
En el bloque inmovilista y más reaccionario encontramos la triada formada por PP-PSOE-C’s. Los dos partidos pilares del régimen y estandartes del bipartidismo reinante hasta la fecha, son los garantes clásicos de la constitución y por supuesto de la unidad nacional como expresión organizativa del proyecto de la burguesía española heredera directa de la dictadura franquista -en acuerdo con las periféricas allá por 1978- .El nuevo partido emergente de Rivera viene a sumarse a este bloque como “alumno aventajado” en estos posicionamientos.
Las movilizaciones masivas del pueblo catalán han llenado las calles cada 11 de septiembre desde 2012, sin embargo el ejecutivo de Mariano Rajoy y el Partido Popular en su conjunto se han negado si quiera a cualquier tipo de negociación o concesión.
La primera de sus actitudes se debe a la voluntad de mostrarse fuerte ante su electorado con la cuestión nacional, y más con un partido como C’s buscando pescar en su electorado. El hecho de no ofrecer ninguna concesión como la que demandaba Mas al inicio del proceso (pacto fiscal), se enmarca en la profunda crisis económica que sufre el Estado español desde el 2008 y que le impide hacer algún tipo de concierto “a la vasca” para Cataluña, una comunidad autónoma que supone casi un cuarto del PIB estatal.
El Partido Socialista se ha limitado a repetir la necesidad de reformas constitucionales, vías de dialogo, búsqueda de consenso, y un largo etcétera que no son más que frases vacías para un partido tan pilar como el Partido Popular de este Estado y su reaccionaria Constitución que impide todo posible ejercicio del derecho a decidir. Ni siquiera en el pasado cara a cara con Mariano Rajoy, cuando el candidato socialista Pedro Sánchez fue interpelado por el actual presidente del gobierno para que especificara que medidas aplicaría sobre la cuestión catalana, el líder socialista dejó de ser esquivo e ir más allá de las palabras “bonitas” que pretenden ocultar que en este tema, como en otros tantos, tiene la misma línea que la derecha tradicional.
Los dos partidos emergentes buscan aportar nuevos “relatos” a la hora de afrontar la cuestión catalana. Ciudadanos y su líder Albert Rivera es la versión radicalizada del bloque inmovilista. Su principal “activo” para captar electorado en el resto del Estado han sido sus años en el Parlament catalán como principal ariete del proceso soberanista. Hace gala de un españolismo sin tapujos, alentando abiertamente a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la unidad territorial. Este aspecto ultra lo combina con un marqueting en el que se presenta como un defensor de la legalidad, ensalzando el Estado de Derecho como garante de las libertades de todos los españoles y un discurso anticorrupción que quiere marcar distancias del PP y el PSOE.
Por último, Podemos se ha querido erigir en estas elecciones como el defensor del “derecho a decidir”. Esta fórmula enarbolada como una vía democrática dentro del parlamentarismo burgués queda absolutamente sin potencialidad. Para Iglesias el “derecho a decidir”, el referéndum que promete para Catalunya, debería ser aprobado por ¾ partes del Congreso de los Diputados. No parece que los compañeros de viaje, los que ocuparan la mayoría de los escaños después del 20D, estén muy por la labor. Ante ese bloqueo esperable y hasta esperado, Podemos ya ha dejado claro que se opone a cualquier tipo de movilización en la calle que lleve este “derecho a decidir” hasta el final. Después de todo pues, una alternativa cosmética.
La marca de Podemos en Cataluña, “En Comú Podem”, les una coalición electoral formada por Podem, Equo, EuiA y Barcelona en Comú, y se suma, lógicamente, a la misma estrategia que su “hermano mayor”. Incluso alguna figura, como Ada Colau alcaldesa de Barcelona, que se mantuvo ajena en la campaña para las elecciones catalanas del pasado 27S, se ha movilizado esta vez a favor del proyecto de las generales.
Por aquel entonces la figura de Pablo Iglesias y su formación tocaban fondo, y la presencia de las CUP era un competidor y una presión por izquierda para la alcaldesa y el espacio político que representa. No obstante, con un Podemos que busca emular al ave Fénix, y sin una opción electoral que le presione por izquierda, Ada Colau no ha tenido problema en apoyar el proyecto de “En Comú Podem” y con ello la estrategia “sui generis” de conquistar el referéndum “con la venia” y en los marcos de la legalidad constitucional del 78.
Por su parte CDC, los representantes políticos de la burguesía catalana, se presentan a las generales en una coalición electoral junto a Demòcrates de Catalunya y Reagrupament bajo el nombre de “Democràcia i Llibertat” defendiendo hipócritamente que la independencia será negociada y que el Estado "no tendrá alternativa". Lo único que se proponen los representantes políticos de la burguesía catalana es volver a ocupar su lugar estratégico en las Cortes generales que les proporcione en un futuro próximo una posición en Madrid desde la cual negociar con el nuevo gobierno un nuevo desvío autonomista al proceso catalán y los mismos favores que tanto han disfrutado estos casi 40 años.
Por último, este martes la CUP compareció ante los medios para anunciar que se decantaban por la abstención de cara a las elecciones del próximo 20D. Según la formación independentista, las elecciones a las Cortes Generales no aportan un paso progresivo para la cuestión catalana, y apuntan acertadamente, que ninguna de las formaciones que se presentan apuestan por una salida clara para el proceso catalán. En este sentido la formación de Antonio Baños establece que no es en el Congreso de los Diputados donde Cataluña conquistará su derecho a decidir. Lo cual es cierto.
Sin embargo, este mismo análisis se podría hacer extensivo al parlamento catalán, donde es el partido histórico de la burguesía catalana el que se propone seguir siendo el gerente del proceso. No será desde esa institución autonómica de donde se podrá imponer la voluntad del pueblo catalán sobre su relación con el resto del Estado, sino desde la movilización obrera y popular.
Y en ese mismo sentido, igual que ni “Democracia i Llibertat” o ERC son en este caso para la CUP opciones de voto en favor del derecho a decidir, tampoco un acuerdo político con estos mismos partidos -que conforman Junts pel Sí- como el que se está negociando, va a hacer avanzar el proceso.
La única garantía de que el proceso pueda ampliar su base, incorporar al conjunto de los sectores obreros y populares y combatir la ofensiva del Estado y las tretas encaminadas a un nuevo desvío autonomista (hoy disfrazado de proceso de negociación) es que la izquierda independentista rompa con la política de mano extendida y adopte una estrategia de independencia política y apueste por la organización y movilización popular con los trabajadores al frente.
