Además de reprimir toda protesta que se lleve adelante, el Gobierno ahora intervendrá judicialmente.
Lunes 10 de abril de 2017 10:29
Ph: Felipe Moreno, Enfoque Rojo
La escalada represiva que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos aumenta día a día. En momentos en que se estaba escribiendo esta nota, maestros que intentaban instalar una escuela itinerante frente al Congreso eran reprimidos por la Policía Federal.
Los maestros no estaban cortando la calle, ni la Panamericana. La estructura que intentaban instalar estaba siendo montada en el mismo lugar que se instaló la carpa blanca en la década del 90. Los dirigentes del gremio docente denunciaron que la represión se desató a pesar de que ni siquiera se estaba obstruyendo la vereda. Y que además habían pedido autorización para realizar dicha actividad. Nada importó. Cuatro docentes fueron detenidos.
Otra noticia del día de ayer relataba de la inversión presupuestaria que el gobierno está dispuesto a hacer para la compra de armamento y tecnología anti protestas.
También Infobae detallaba que el gobierno se presentará como querellante en la causa abierta por el corte realizado en la Panamericana y la 197 el día del paro. Quieren dar la señal de que seguirán a los que salgan a la calle hasta las últimas consecuencias. Incluso mintiendo descaradamente sobre la existencia de botellas tipo “molotov” entre otros disparates. El gobierno sabe que también tiene que dar una batalla en el plano judicial ya que la lucha de los organismos de derechos humanos y los trabajadores consiguió fallos que reconocieron que interrumpir el tránsito como consecuencia del ejercicio del derecho de protesta no es delito. Ya habíamos dicho que “En importantes causas en las que nos tocó intervenir a los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), se terminó reconociendo que el derecho de protesta es jerárquicamente superior que el derecho de tránsito”.
En efecto, mientras se llevan adelante más de 4000 procesos judiciales contra luchadores, en el marco de algunos de ellos, como los que se abrieron a partir de la lucha de Lear, la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, citando a la CIDH, determinó que: “en el momento de hacer un balance sobre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”. En otro de los expedientes abiertos a partir de la lucha de Lear el Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, falló en idéntico sentido ordenando el sobreseimiento de más de 13 manifestantes. El fallo se refiere a más de 15 cortes de panamericana en estos términos: “los cortes y caravanas de autos se encontraban amparados en el legítimo ejercicio del derecho de reunión - en el caso particular de peticionar y hacer oír sus reclamos…la conducta de los imputados se encontraba amparada constitucionalmente”. Esta última jueza es quien tiene a cargo la causa por la represión al corte del 6 de abril.
Dos días antes el gobierno salió en defensa del multimedios Clarín y montó un operativo represivo de cientos de policías y gendarmes para desalojar a los obreros que ocupaban la planta gráfica de AGR. Desde hace meses los trabajadores gráficos tomaron la planta en protesta por el lock out patronal que provocó el despido de todos sus trabajadores.
Es que en verdad la necesidad del gobierno de reprimir nada tiene que ver con los problemas de tránsito que provocan las movilizaciones y las protestas en nuestro país.
Estas represiones son la respuesta del gobierno a las masivas movilizaciones que los trabajadores y el movimiento de mujeres llevaron adelante, junto a la movilización del último 24 de marzo. El paro del 6 de abril terminó de decidir al gobierno.
Recordábamos en este mismo diario que la ministra de Seguridad encargada de conducir a las fuerzas represivas “también fue funcionaria del gobierno de Fernando De La Rúa. Patricia Bullrich, como ministra de Trabajo de la Alianza, aplicó el ajuste mediante el cual se le recortó el 13 % del sueldo a los jubilados y a los empleados estatales. Conoce perfectamente la dinámica de las cosas. Ajuste y represión nunca se sueltan la mano. Los trabajadores también tienen las cosas claras, para no perder derechos hay que luchar.”
Por eso existe actualmente una tarea de primer orden para derrotar al plan del gobierno. La lucha docente debe triunfar, quebrando el techo salarial de Vidal, de los gobernadores del PJ y FpV, defendiendo a ultranza el derecho a la protesta.
