Crisis Política. Censo en Bolivia: un balance provisional de la asonada derechista

En la madrugada del sábado 26 de noviembre, y luego de 36 días de paro cívico, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó, en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley del Censo exigida por la derecha oriental como condición para suspender el reaccionario paro cívico.

Conocida la resolución de la cámara baja del Parlamento, y faltando aun el difícil trámite en la Cámara de Senadores, donde el evismo tiene mayoría en relación a los renovadores (Arce y Choquehuanca), el presidente del comité cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión del paro. Calvo declaró que ingresaban en un “cuarto intermedio” y que se mantienen en “estado de alerta” hasta el cumplimiento de los plazos establecidos para las elecciones presidenciales del 2025. Es decir, que se garantice con la Ley la redistribución de escaños parlamentarios y de recursos el 2024, luego de la realización del Censo en marzo del mismo año.

En su declaración Calvo también afirmó que la “lucha continúa” mientras indicaba que el siguiente paso será formar una “comisión de notables” encargada de revisar la relación de este Departamento con el Estado.

Lejos de afirmaciones livianas y superficiales, que pretenden realizar el balance del conflicto sobre la base de quién ganó y quién perdió, como se escucha tanto desde el oficialismo y desde la oposición cívica, en estas líneas buscamos tener un cuadro de la situación que pueda contemplar no solo como quedan y salen del conflicto sus protagonistas sino especialmente qué tendencias y fenómenos político-sociales, luego del paro cívico, se anuncian como fuentes de nuevos conflictos.

Un escenario político más derechizado

La situación es tan compleja y contradictoria, que muy difícilmente se puede hablar de ganadores y perdedores en términos claros y categóricos. De hecho, pareciera que todos los actores en disputa se consideran a sí mismos como ganadores de la reciente pulseta política. Sin embargo, esta sensación de “victoria” disputada por la oposición y el oficialismo, se da sobre la base de un giro a la derecha de toda la situación política nacional.

Esta derechización de la situación nacional se expresa en que la oligarquía cruceña logró instalar, al menos provisoriamente, la discusión sobre un modelo de Estado federal alternativo al Estado Plurinacional de Bolivia. También se expresa en la “conquista” por parte de la derecha de que hayan quedado en la impunidad los responsables de toda la violencia desplegada a lo largo de los 36 días del paro. Violencia que no solo se caracterizó por racismo, violencia machista y sexista contra mujeres (que incluyó un caso de violación múltiple en un punto de bloqueo) y diversidades que permanecieron en una situación de “secuestro” y cobros extorsivos contra sectores populares que no podían movilizarse para ir a ganar el pan de cada día, sino que además incluyó el incendio y el saqueo a la Federación de Campesinos y la Central Obrera Departamental. Impunidad concedida y garantizada por el Gobierno del MAS.

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Pero también impunidad que contrasta con la represión que el mismo Gobierno ejerce contra sectores del movimiento campesino, como es el caso de las y los cocaleros de los yungas paceños organizados en ADEPCOCA que reclaman el control del mercado “legal” de venta de la hoja de coca en La Paz, o sectores de campesinos de Achacachi, como los ponchos rojos, que mientras repudiaban el paro cívico exigen, ya desde hace tiempo, un pliego de más de 40 demandas desatendidas por los gobiernos del MAS, así como los permanentes ataques contra las y los trabajadores estatales a quiénes el Gobierno de Arce busca eliminar incluso sus derechos a la organización sindical como ocurrió recién en los aeropuertos con la creación de NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos).

Este giro a derecha en la situación política nacional también se hace evidente cuando vemos que el fin del paro no es el resultado de que las mayorías populares, campesinas y trabajadoras hayan derrotado a la derecha. Cuestión que el MAS impidió al exigir a las organizaciones sociales la suspensión de las marchas y movilizaciones que se estaban desarrollando en repudio al paro.

El “fin” del paro entonces se da por el desgaste que los mismos derechistas se autoinfligieron, al convertir la fecha de octubre del 2023 en la consigna central del conflicto, lo que al no satisfacerse es percibido por franjas de la derecha radicalizada como una derrota.

Quedó claro que, si Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo aceptaban la distribución de escaños y de recursos a la que el MAS ya se había comprometido apenas iniciado el conflicto, podrían haber presentado este resultado como un clarísimo triunfo evitando no solo el paro sino el tener que pagar un enorme costo político como el que hoy están pagando. Muestras de ello las vimos por ejemplo con las movilizaciones y agresiones por parte de extremistas de derecha descontentos frente a la casa de Calvo. Así mismo, cabe recordar que, en días previos, cuando se trasladaba el conflicto cívico de las calles a las oficinas del parlamento, se había desatado un intenso debate dentro del bloque derechista, calificando esta situación de traición, engaño y trampa, entre otros denominativos.

Si como decíamos al inicio de este conflicto uno de los objetivos, no explícitos, de los cívicos era reagrupar fuerzas y unificar al conjunto de la derecha a través de la gimnasia callejera esto no fue alcanzado. El conflicto más bien terminó agravando su fragmentación ya que no solo no lograron nacionalizar el conflicto, sino que incluso perdieron aliados claves que optaron por mantenerse en una posición más dialoguista. Esto se expresó en las posiciones de los alcaldes de Cochabamba (Manfred Reyes Villa), de Santa Cruz (Johnny Fernández), de La Paz (Iván Arias), y algunos comités cívicos departamentales. El no alineamiento de estos representantes de la derecha, entre otros, como el caso de Comunidad Ciudadana (CC) del ex presidente Carlos Mesa, impidió que toda la oposición pueda llevar al Parlamento un solo proyecto de ley consensuado. Por el contrario, terminaron presentando 5 proyectos de ley lo que condujo a que se trate únicamente el proyecto del MAS presentado por la diputada renovadora Deysi Choque.

La fragmentación derechista, sin embargo, no puede ser subestimada como parecieran creer algunos funcionarios oficialistas. Los 36 días de paro cívico han puesto en evidencia la existencia y el desarrollo de un extendido movimiento social de derecha, militante, y con franjas fanatizadas que darán mucho que hablar en los próximos meses, y que actuará indudablemente como un semillero de nuevas figuras y representantes derechistas ante el incipiente desgaste de Camacho y Calvo.

Este movimiento social de derecha se erige en una peligrosa amenaza a las y los trabajadores, obreros y campesinos, a las comunidades indígena-originarias, así como al movimiento de mujeres, feminista y de las diversidades sexuales en el departamento, pero también a nivel nacional.

¿Cómo sale el MAS del conflicto?

Para el MAS los más de 30 días de paro cívico significan en primer lugar la crisis política más importante en los 2 años del Gobierno de Luis Arce Catacora. Al iniciarse la crisis, tanto renovadores como evistas intentaron mostrar unidad frente a la derecha, sin embargo, al desarrollarse el conflicto, las disputas al interior del partido de Gobierno no solo que se han agravado sino que han conducido a la consolidación de una nueva oposición parlamentaria al Gobierno de Arce, constituida por parlamentarios de su propio partido afines al evismo.

Los diputados afines a Evo Morales se negaron a votar a favor de la Ley del Censo en la ALP calificando la misma primero como innecesaria para luego denostarla como expresión de la derechización del Gobierno. Evo Morales consideró esta ley, aprobada entre el ala renovadora de su partido y la oposición, como el resurgimiento de la “democracia pactada” -forma del régimen que primó desde 1985 hasta los primeros levantamientos del año 2000-, y señaló que estas medidas muestran la derechización del Gobierno de Arce.

Las acusaciones de miembros del evismo de que el Gobierno de Arce habría pactado la impunidad de los golpistas por las masacres de Senkata y Sacaba, y que eso se expresaba en la reciente elección de Jerjes Mercado (diputado del ala renovadora), al frente de la presidencia de diputados, gracias al acuerdo con diputados de CC de Mesa y de Creemos de Camacho.

Luego de su pacto con Mesa y Camacho en el Legislativo, los operadores del pacto de la impunidad se preparan para defenestrar al MAS-IPSP y su dirigencia. Tratan de dividir y destruir el Proceso de Cambio por dentro. Con unidad y convicción derrotaremos la traición y la división.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 28, 2022

Estas acusaciones son respondidas desde el oficialismo con ataques del mismo calibre al afirmar que Evo Morales habría negociado con Camacho y sus parlamentarios la presidencia del Senado, en manos del joven líder cocalero, Andrónico Rodríguez, a cambio de alentar la desestabilización del Gobierno de Luis Arce.

Las mutuas acusaciones entre las distintas alas del MAS, lejos de ser diferencias, muestran en realidad lo que tienen en común. Es decir, la sistemática política de negociación y conciliación con la oligarquía agroindustrial y la derecha política nacional, que el MAS, antes con Evo Morales y García Linera y hoy con Arce y Choquehuanca, han desplegado. Lo vimos antes, durante y después del golpe de Estado del 2019. Hoy como balance se puede afirmar sin temor a equivocarnos que la debilidad de la derecha política, del partido de Gobierno y más en general de toda la institucionalidad democrático-burguesa es mayor que cuando se inició el conflicto cívico.

¿Qué estrategia y que política para derrotar a la derecha?

En este escenario y aunque la derecha cívica tuvo que levantar el paro aún con la incertidumbre de lo que pueda suceder con la negociación de la Ley en la Cámara de Senadores, lo cierto es que se ha puesto de manifiesto que la crisis política y la polarización política y social que volvió a ponerse de manifiesto luego del golpe de Estado, llegó para quedarse. Cada pequeño “conflicto” empieza a tener rasgos crecientemente explosivos. Pensemos en adelante por ejemplo la discusión acerca de la boleta censal, la discusión del pacto fiscal, etc. etc.

Todo esto que se expresa en la forma como conflictos coyunturales solo manifiestan, en el fondo, problemas estructurales profundos y esto pone a la orden del día pensar una salida de fondo a la crisis, pero no una salida que siga preservando la “gobernabilidad de los de arriba” en desmedro y a costa de los derechos y las vidas de las y los de abajo, sino una salida para esas grandes mayorías trabajadoras del campo y de la ciudad.

Ha quedado claro, una vez más, que la derecha racista y oligárquica continúa fortaleciéndose desde el golpe de Estado. La política sostenida por el MAS, primero por Evo Morales y ahora por Arce Catacora, solo contribuye a fortalecerla mientras desmoraliza y debilita las fuerzas de las y los trabajadores y el pueblo. El MAS no solo que ha estatizado, cooptado y dividido las organizaciones sociales y sindicales, sino que a través de sus burocracias controla, desmoviliza y evita cualquier intento de movilización independiente. Lo vimos durante la rebelión antigolpista del 2020 que encima fue gracias a la cual el MAS pudo volver a gobernar, y lo vimos recién cuando mientras se desarrollaban movilizaciones contra el paro agroindustrial y la derecha levantaban la movilización popular para allanar la mesa de negociación. Y también lo vemos cuando mientras desde La Paz se realizó un plantón en las puertas de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que son quiénes financiaron el golpe y también el paro cívico, no tardaron sectores del MAS en reprochar cualquier intento de avanzar en un sentido de movilización independiente.

Esta política del MAS, contemporizadora con la derecha, tanto por Evo Morales como por Arce, solo está desmoralizando a los sectores populares que quieren luchar y derrotar a los golpistas, mientras que estos últimos se envalentonan gracias a la impunidad que les garanticen desde el Estado. Casi como que la cobardía de los dirigentes del MAS se traduce de manera inversamente proporcional en la violencia y “valentía” de los grupos reaccionarios.

Desde la LOR-CI, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, llamamos a las organizaciones juveniles de las organizaciones sociales, a las y los trabajadores que ven con preocupación como los paramilitares y los fachos se pasean impunemente por las calles del país. Nos dirigimos a todos, todas y todes aquellos que rechazan la manipulación y cooptación de los sindicatos, a quienes ven como los derechos laborales duramente conquistados, no paran de perderse no solo con este Gobierno sino incluso con el de Morales. Nos dirigimos, en suma, a todxs aquellos que no quieren mantenerse de brazos cruzados mientras la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) golpea a mujeres, agrede a indígenas, saquean e incendian las oficinas sindicales. A todxs ellxs les invitamos a que discutamos seria y profundamente cuales son las vías para aplastar a la derecha movilizada, empezando por plantear la movilización obrera, campesina, indígena y popular y desarrollando los organismos unitarios y democráticos que potencien la movilización y la autodefensa independiente.

Es urgente impulsar un programa que afecte la propiedad y las ganancias de la agroindustria y de todos los capitalistas, es decir, necesitamos alentar y desplegar abiertamente un programa de lucha para constuir desde abajo una sociedad socialista.