Crisis Política. Censo para el 2024 y cívicos evalúan medidas a tomar

Las negociaciones que se realizaban en Trinidad por medio de “mesas técnicas” que buscaban acortar los plazos del Censo Nacional de Población y Vivienda, culminaron con el abandono de las delegaciones de La Paz, Beni, Tarija y Santa Cruz y las posteriores declaraciones del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmando que el censo podría llevarse a cabo entre marzo y abril del 2024.

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Esta resolución, que deja en manos del presidente Luis Arce la emisión de un nuevo Decreto Supremo con la fecha definitiva, fue rechazada por los cívicos cruceños quienes ya anticipadamente amenazaron con radicalizar el paro cívico si la fecha del censo no se establecía en octubre del 2023. Coherentes con esto, mientras ayer en la noche abandonaban las mesas técnicas, grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) se desplazaban a la localidad de Buena Vista, donde se produjeron violentos enfrentamientos hasta altas horas de la madrugada. Buscaban de esta manera, reiterar la violencia que se produjo la semana pasada en la localidad de La Guardia. Así mismo, a tempranas horas de la mañana, según informa la prensa, se habrían producido enfrentamientos, en el Plan 3000, que fueron rápidamente disueltos por la intervención policial.

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Por otro lado, miembros afines a los cívicos y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, habrían montado una vigilia “pacífica” en las puertas de Impuestos Internos como protesta por el resultado de las mesas técnicas. Sin embargo, pese a estas informaciones se reporta que la actividad comercial y el transporte en la ciudad de Santa Cruz se estaría normalizando, evidenciando de esta manera que el paro cívico y agroindustrial, del gobernador Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y del rector de la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriela René Moreno), Vicente Cuéllar, estaría ya muy desgastado.

De confirmarse esta situación el comité cívico, presidido por Calvo, y el gobernador Camacho, deberán ver la forma de salir más o menos airosos de una medida de fuerza que ya no da para más y que puede terminar liquidándolos como referentes de la oposición derechista.

En el transcurso del día el Comité Interinstitucional por el Censo 2023 determinará si radicaliza la medida de fuerza como anunció Camacho o encuentran la forma de salir de una encrucijada en la que ellos mismos entraron al formular el conflicto sobre la base de un “todo o nada”, sin contar con la suficiente relación de fuerzas para semejante medida.

Por lo pronto, varias disposiciones que la derecha nacional adoptó, como piquetes de huelga de hambre, bloqueo de carreteras y otras, vienen fracasando o debilitándose, como el piquete de huelga de Cochabamba que a dos días de su inicio ya anunció la primera baja de la extrema medida. Desde las organizaciones sociales y populares, opuestas al paro cívico derechista, se mantiene el “estado de alerta” pese a la desmovilización alentada por el partido de Gobierno.

El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó en conferencia de prensa, que lo que buscaban los cívicos está garantizado, es decir, que la asignación de recursos se realizará de manera automática con los datos preliminares del censo, esto es, en 2024. Pero, además, señaló que, de la misma forma, se garantiza para el 2024 la reformulación de los escaños parlamentarios por cada gobierno subnacional (alcaldías, gobernaciones) y autonomías indígenas originario campesinas.

Con esta disposición el Gobierno le permite a la derecha cívica y agroindustrial una retirada y salida del paro de una manera relativamente airosa ¿la aceptarán?