Los restos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) aparecieron con signos de tortura en su propia camioneta sobre la carretera Chilapa-Tlapa el pasado 19 de diciembre.
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Martes 22 de diciembre de 2020
Imagen: Radio Zapatista
Estos hechos se dieron al mes de que las comunidades se liberaron del asedio de Los Ardillos, un cártel del crimen organizado que hostiga a los pueblos de la región y opera al amparo del PRI desde la década de 1980 en la montaña baja y alta de Guerrero, tan codiciadas por su fertilidad para la plantación de amapola. El narco tiene bajo su control una gran cantidad de tierras arrebatadas a las manos campesinas, gobernando con miedo y tiranía.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero responsabiliza al gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo Jesús Parra García del PRI; al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI; y a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador por su participación. Denuncian que la Guardia Nacional -la fuerza represiva creada por el gobierno de la 4T- está al tanto de las operaciones de Los Ardillos, con Celso Ortega Jiménez, su mando operativo, y Bernardo Ortega Jiménez, su mando político.
Los vínculos del crimen organizado con las fuerzas represivas son de larga data. Así se evidenció en Ayotzinapa, donde el ejército en el 27° batallón de infantería de iguala, bajo órdenes del general Cienfuegos Salazar, tuvo participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y ahora mantienen su negativa a abrir las puertas del cuartel a los padres de los 43 normalistas. Es decir, son un medio eficiente para reprimir al pueblo organizado y extraer la mayor ganancia de las tierras fértiles de Guerrero.
En esta entidad no se temen los estragos de la pandemia, sino los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones y torturas por parte del Estado coludido con el crimen organizado. Por ello, desde este medio denunciamos el hostigamiento y la represión contra las comunidades zapatistas y exigimos justicia ante el asesinato de los cuatro integrantes del Concejo Indígena de Guerrero, la desmilitarización del país y el desmantelamiento de la Guardia Nacional.
