En el Museo Casa Rosada, el presidente y otros funcionarios lo anunciaron. Pero el oficialismo es responsable de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Martes 12 de diciembre de 2017 14:45
El Gobierno nacional presentó este mediodía en el Museo de la Casa Rosada el Plan Nacional de Acciones sobre Derechos Humanos (2017-2020) que pretender ser, según palabras del presidente Macri, “una hoja de ruta para un nuevo paradigma, una política de Estado que enfrenta los desafíos de esta era, a través de todas las áreas y que está en consonancia con los tres ejes principales de nuestra gestión: reducir la pobreza, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos”.
Por su parte el ministro de Justicia, Germán Garavano, expresó que se intentaba presentar “un abordaje integral de los derechos humanos”. Luego recalcó que hay una “necesidad de mirar los derechos humanos no solo hacia el pasado, sino hacia el futuro y presente”.
El "nuevo paradigma" que impulsa el gobierno es igualar los crímenes de lesa humanidad perpetuados por genocidas de la última dictadura cívico-militar -por ejemplo- con los problemas generados por la mal llamada "inseguridad". Según fuentes oficiales, este proyecto busca la “continuación de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura así como inclusión, no discriminación e igualdad; seguridad pública y no violencia; memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a derechos y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos”.
Por otro lado, Macri dijo que su gobierno tiene un “profundo respeto por los derechos humanos”. Una frase por demás cínica viniendo de un gobierno que tiene sobre sus espaldas las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y que discursivamente menospreció la lucha contra la impunidad de los genocidas. Si hacemos un breve repaso de lo actuado por el macrismo en estos dos años de gestión, no se puede más que desconfiar.
Respecto a la continuación de los juicios a los genocidas, que Cambiemos dice que continuará, no se puede dejar de remarcar que desde que asumió Mauricio Macri, la Justicia intentó ofrecer cada vez más seguido el privilegio de la prisión domiciliaria a genocidas condenados. Esta política sólo encontró un freno en la movilización popular. Demás está decir que fue este mismo año que los jueces puestos por el Ejecutivo quisieron otorgarle el 2x1 a genocidas para dejarlos en libertad. Una vez más la movilización de decenas de miles obligó al gobierno a recalcular.
Otro eje de la “nueva política” en materia de derechos humanos, sorprendente, es la de los pueblos originarios, “con el objetivo de proteger, garantizar y promover el acceso a los derechos de las comunidades a lo largo de todo el territorio del país”. Ya esto sobrepasa el término “cinismo”. Fue este gobierno el que a partir de la Gendarmería desapareció a Santiago Maldonado, después de perseguirlo hasta el río, lo que provoca que se ahogue, en el medio de una protesta por el reclamo mapuche por tierras.
Fue este gobierno, el que asesinó a Rafael Nahuel con las balas de la Prefectura. Fue Patricia Bullrich, ministra de Defensa, la que justificó el asesinato del chico de 21 años, afirmando que el reclamo por tierras estaba organizado "por un grupo terrorista armado". Algo completamente opuesto a hablar de "un plan de derechos humanos".
Superponiendo frases generales de defensa por los derechos humanos con iniciativas sobre seguridad pública y “no violencia”, se busca igualar la violencia estatal contra los que luchan por sus derechos (sea esto por territorios, defensa de derechos laborales, exigencia a una vivienda digna o acceso a la salud y educación pública de calidad) con el acceso a derechos básicos, que deben ser garantizados por el Estado, como la educación, la salud.
A la vez que intenta ser una lavada de cara de un gobierno represivo que avanza contra derechos democráticos básicos, el Plan Nacional de Acciones por los Derechos Humanos, busca correr lo más a la derecha posible el escenario político con el único fin de buscar consenso para reprimir aún más.
En un escenario donde las contrarreformas laborales y previsionales auguran mayores ataques los trabajadores y degradación para las amplias mayorías. Un plan al servicio de los empresarios, que solo puede pasar con represión.