Lesa Humanidad. Citan a indagatoria al juez Carlos Facio por impedir que se investiguen los vuelos de muerte

Nora Cortiñas, Hebe Pavello y Josefina “Pepa” Noia fueron a Dolores un 25 de diciembre de 1978 a ver al juez Facio, alertadas por la noticia en los diarios del hallazgo de catorce cuerpos en las costas de Santa Teresita y esperanzadas con la idea de que el magistrado, con competencia en esa zona, les habilitara la feria y la posibilidad de identificar los cuerpos, que, no quedaban dudas, eran de detenidxs-desaparecidxs arrojados desde al mar, en los llamados vuelos de la muerte.

Nora viajó días después a Santa Teresita, sabiendo que de la mano del poder judicial servil a la dictadura no llegaría nada de justicia, para investigar ella misma. Cuenta la periodista Luciana Bertoia en Página12 que Cortiñas “se entrevistó con residentes de la zona y supo que los cadáveres habían sido vistos por unos muchachos que estaban pescando. Como pudieron, arrimaron los cuerpos hasta la costa y dieron aviso del macabro descubrimiento que habían hecho. Los vecinos también le contaron a la integrante de Madres de Plaza de Mayo que había helicópteros de las Fuerzas Armadas que sobrevolaban la zona”.

De inmediato volvieron a presentarse ante el juez. “Tenemos sobrados motivos para pensar que entre estas víctimas pueden estar nuestros hijos o los de varios miles de padres cuyos nombres o datos poseemos”, le manifestaron al juez. Pero Facio se limitó a realizar algunas formalidades y archivó la causa, mientras los cuerpos eran enterrados los cementerios de General Lavalle, General Madariaga y Villa Gesell.
Claro que las Madres tenían razón: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a diez de los cuerpos hallados, de los cuatro restantes se desconoce aún suidentidad, y por lo investigado, varios de ellos fueron víctimas que estuvieron secuestradas en los centros clandestinos conocidos como Atlético-El Banco-Olimpo (ABO).

Cuarenta y cuatro años después, quien impidió que se identifiquen los cuerpos y encubrió este accionar macabro de los genocidas durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, deberá dar explicaciones ante el juez de Dolores Martín Bava, el próximo 22 de septiembre. Su negativa a investigar cómo llegaron los cuerpos a las costas es parte del entramado de encubrimiento que tiene como una de sus patas el haber permitido que se enterrara como NN, es decir, sustraerles la identidad a las víctimas arrojadas al mar.

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Bava citó también al exdirector de Catastro de General Lavalle Juan Domingo Montenegro, quien es mencionado en un documento de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) –que aportó la Comisión Provincial por la Memoria– entre los que se reunieron con un agente de la Bonaerense con el objetivo de hacer desaparecer las constancias de los enterramientos ilegales ya que el cementerio de Lavalle iba a ser visitado, en noviembre de 1982, por Emilio Mignone, fundador del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

Va a tener que declarar además Miguel Cabral, el médico policial, acusado de mentir sobre cuáles fueron las causas de muerte en los certificados de defunción que se expidieron en la zona de Pinamar y Villa Gesell. Antes, el 1 de septiembre deberán declarar como sospechosos ocho policías que se desempeñaron en distintas localidades de la costa: Santiago Piñero (Pinamar), Mario Castronuovo (Santa Teresita), Ednio José Llorens (San Clemente), Francisco Aristegui (La Lucila), Domingo Martínez (San Bernardo), Alberto Martínez (San Clemente), Edgardo Emilio Luchetti (San Clemente) y José Antonio Estrada (Santa Teresita).

La citación al exjuez Facio y el ex director de Catastro de Gral Lavalle es un paso para avanzar en la pata civil de la dictadura, aunque llega tarde y muchas de las madres y familiares fallecieron sin encontrar a sus desaparecidos. Seguiremos reclamando la apertura de los archivos de la dictadura genocida, para que se sepa el destino de todos los desaparecidos y los niños y niñas secuestrados y se conozca y se juzgue a todos los responsables, militares, civiles y eclesiásticos.

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