Barrios vulnerables, emergentes, populares, asentamientos, villas. Con la penetración del coronavirus en los barrios pobres de América Latina quedó expuesta una de las “mejores” obras del capitalismo moderno, o mejor dicho, de su inserción en un continente que algunos llamaron allá por los ‘60 o ‘70 en “vías de desarrollo” o del “tercer mundo”, pero que desde la perspectiva marxista denominamos países dependientes o semicoloniales sometidos a la injerencia del imperialismo y la globalización. Nos referimos a la construcción de la pobreza estructural y a la desigualdad social como pilares fundamentales del desarrollo de las grandes urbes en los países latinoamericanos.

La globalización implicó en Latinoamérica décadas de ofensiva imperialista que desde los años ‘70 a esta parte significó la profundización de un saqueo que, lejos de conducir a mejores condiciones de vida, impusieron más precariedad. No solo laboral sino también de la vida y de las formas en que se vive. Se construye así, a la vera de las grandes urbes, lo que Mike Davis en su libro Planeta de Ciudades de Miseria, denomina “áreas hiperdegradadas”, que se extienden incluso más allá de la periferia.

Barrio de Ciudad Bolívar (Bogotá), Barrio Las Canteras (norte de Santiago de Chile), Favela Pavao-Pavaozinho (Río de Janeiro), Villa Fontana (Tijuana, Baja California, México), barrio de Chabolas (cerro San Cristóbal, Lima); Barrio de La Limonada (Ciudad de Guatemala); barrio de La Bota (norte de Quito), Villa 31 (Retiro, CABA, Argentina), Villa Itatí (Quilmes, conurbano, Argentina). Cada uno de ellos grafica una realidad de hacinamiento, precarización, informalidad laboral, falta de servicios elementales como el agua, las cloacas, el gas y de infraestructura. Están ahí, a la vera de autopistas colmadas, imponentes edificios y oficinas, o frente a ampulosos countries, casas de lujo o barrios residenciales.

Analistas y científicos al citar los indicadores socio ambientales y de infraestructura de estos barrios, hablan generalmente de “condiciones inhumanas”. Por el contrario, si tenemos en cuenta su desarrollo estructural y la planificación política y económica que hay detrás, podemos afirmar que se trata de una realidad “demasiada humana”, o mejor dicho “demasiado capitalista”.

Grandes conglomerados locales y COVID- 19

En nuestro país el debate sobre la urbanización (o no urbanización) y las condiciones de vida en los barrios populares se instaló por necesidad. La preocupación empezó primero por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde se concentra el foco de los contagios. Emergió la crisis sanitaria en la Villa 31, Retiro, territorio gobernado por el líder del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Al inicio los adherentes al partido de gobierno, el Frente de Todos, planteaban el problema como si fuera exclusivo de sus adversarios. Pero luego los contagios se concentraron en el barrio Villa Azul, lindero al acceso Sudeste, entre los distritos de Avellaneda y Quilmes, en el Conurbano, territorio peronista. La foto reiterada de las conferencias de prensa con el presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, no es casualidad. Si el Conurbano se mueve, el virus se puede expandir en forma incontrolable. El 48 % de los trabajadores de CABA viven en calles bonaerenses.

El desarrollo del capitalismo criollo hizo que se concentre un tercio de la población argentina en un territorio de 13.900 Km2, sobre una extensión nacional de 2.780.400 Km2, que produce el 50 % de los productos y servicios del país. Esto se explica en conjunto con el fenómeno de urbanización de las ciudades latinoamericanas del que hablábamos antes, que se desarrolla explosivamente desde los ‘70 hasta el día de hoy, en un proceso en el que se “están tejiendo nuevas y extraordinarias redes, corredores y jerarquías urbanas” (Mike Davis). Este mismo autor, señala que

En Sudamérica, los geógrafos actualmente hablan sobre un nuevo monstruo conocido como el RSPER (Región Metropolitana de Rio-São Paulo), que incluye las ciudades de tamaño medio situadas en el eje de comunicaciones que une los 500 kilómetros que separan ambas ciudades, así como la extensa región industrial en torno a Campinas. Con una población actual de 37 millones de habitantes, esta nueva criatura ya supera al corredor formado por Tokio-Yokohama.

Si bien estamos lejos de esta magnitud demográfica, la densidad poblacional y estructural del AMBA no es para despreciar. Más precisamente en la región del Conurbano, desigualdad y pobreza como características distintivas del territorio, se convirtieron en dos caras de una misma moneda.

Ghettos para los esenciales y los pobres, countries para los ricos

El Conurbano concentra 11 millones de habitantes. Casi la mitad, un 40,5 % que representa a cerca de 5 millones de personas, son pobres y más de un 11 % (alrededor de 1.400.000 de personas) viven en la indigencia. Más de un 18 % de los hogares tienen vivienda precaria, un 22,7 % no cuenta con agua corriente, más de un 44 % no tiene cloacas y un 37 % no posee red de gas natural. En el ámbito laboral a fines del año pasado había un 10,8 % de desocupación, cerca de un 19 % demandantes de empleo, un 13,1 % subocupados, y un 35,3 % de asalariados sin aporte patronal. De las cerca de 1.600 villas que hay en la PBA, cerca de 1.000 están concentradas en el Conurbano. Asimismo, los principales conglomerados de countries y barrios privados donde viven sectores medios altos y altos de la burguesía se encuentran allí. Esto no fue magia. Durante los últimos años, los distintos gobiernos nacionales y provinciales cumplieron un papel de “mejores alumnos” en la continuidad de la administración de las condiciones cada vez más degradadas que necesita el capital en la argentina atrasada y dependiente, transfiriendo aún más la concentración de la riqueza en la clase dominante. Ellos son responsables de las condiciones extremas de pobreza estructural, desocupación y precarización que penetran el Conurbano.

Hoy, desde que comenzó la crisis del coronavirus y se decretó la cuarentena, solo en este territorio más de medio millón de trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo, y según estudios de la Universidad Católica Argentina (UCA), entre los hogares que ya eran pobres el 15,4% perdió su empleo.

En esa realidad es que la pandemia empezó a sumergirse, y sobre todo allí, particularmente donde encuentra condiciones óptimas para el desarrollo del potente virus, y no deja escapatoria para sus habitantes que viven hacinados, padecen la carencia de servicios básicos y no cuentan con recursos para subsistir. Si hacen la cuarentena quedándose en casa se mueren de hambre. Muchos viven del cartoneo, incluso nucleados en cooperativas de cartoneros, que surgieron con la crisis de 2001 y se mantuvieron hasta hoy. Para controlar eso la respuesta del gobierno fue el control social, enviando al Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni a impartir “orden” y militarizar los barrios, o reprimir cuando haga falta, como lo vimos hacer durante el conflicto obrero del frigorífico Penta en Quilmes.

Mientras tanto, los “miserables” como Paolo Rocca o Alfredo Coto son parte de los que amasaron su fortuna con el sudor de los esenciales del conurbano, y los sectores medios y altos protestan desde Nordelta reclamando que se levante la cuarentena porque necesitan a “sus mucamas”.

Administración de la pobreza como política de Estado

La CEPAL prevé que el número de desempleados de la región llegaría a 37,7 millones, lo que implicaría un aumento cercano a 11,6 millones con respecto al nivel de 2019 (26,1 millones de desempleados). Por su parte, la pobreza extrema crecería 2,5 puntos porcentuales, pasando del 11 % al 13,5 %, lo que representa un incremento de 16 millones de personas. Basta pensar en los conglomerados urbanos más pobres, en los más de mil “barrios informales” que en el conurbano bonaerense contabilizan a casi 400 mil familias y la perspectiva que eso se multiplique.

En este marco, como señala Christian Castillo, la política del gobierno de Alberto Fernández combina una serie de medidas básicas de asistencia social para sectores populares afectados por la pandemia que son totalmente insuficientes, con enormes subsidios a las grandes patronales y una política de continuar honrando la fraudulenta deuda externa con la que extorsionan los especuladores. La mayor parte del gasto fiscal adicional, desde que comenzó la cuarentena, un 70 %, fue destinado a subsidios e incentivos empresariales que van desde PYMES, comercios hasta grandes empresas como Techint, Fate o Clarín, que nadie puede pensar que no pueden pagar por su cuenta el 100 % de los sueldos. Solamente un 30 % fue destinado a subsidios para los y las trabajadoras y sectores populares, monotributistas, jubilaciones o profesionales arruinados.

La negativa a aplicar la actualización de las jubilaciones, dejar fuera del ya de por sí miserable Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos a más de 3 millones de personas, mientras que desde que asumió el gobierno se pagaron más de 5 mil millones de dólares deuda, solo se pueden explicar cómo una clara “discriminación de clase”.

Mientras se pronostican indicadores sociales y económicos alarmantes a nivel internacional y nacional, que se asemejan a catástrofes comparables con grandes crisis como el 2001/2002, el gobierno se niega a tomar medidas de fondo, afectar a los grandes ganadores de siempre y poner el conjunto de los recursos de la economía al servicio de las necesidades de la clase trabajadora, los sectores populares y la clase media arruinada.

Es con todos... los especuladores

En este marco hay sectores minoritarios del partido de gobierno que proponen medidas “alternativas”. Juan Grabois, abogado y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), por ejemplo, presentó el “Plan General San Martín”, al que denominó también en los medios como “Plan Marshall Criollo”. El mismo plantea crear cuatro millones de puestos de trabajo, fundar pequeños pueblos, llevar a cabo la integración urbana de barrios populares, crear nuevos barrios, entregar tierras a las comunidades agrarias y cuidar el medio ambiente promoviendo la utilización de energías renovables. La inversión inicial sería de 750.000 millones de pesos al año, y el financiamiento sería generado con “lo que se ahorre” del pago de la deuda que el gobierno nacional se encuentra renegociando.

Fernanda Vallejos, diputada kirchnerista del Frente de Todos, por otro lado, propuso en los medios la participación del Estado en las ganancias empresariales: “si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías", afirmó. Como respuestas obtuvo la del presidente quien afirmó que se trata de “una idea loca”, así como de la UIA que puso el grito en el cielo.

A pesar de que son propuestas redistribucionistas mínimas, el Presidente dejó claro que hay que pactar con el FMI, lo que implica continuar el camino del ajuste, y que esto se hará sin afectar significativamente las ganancias de los grandes especuladores, empresarios, banqueros y terratenientes. No es casual que el gobierno se niegue a tratar el proyecto de ley para implementar un impuesto a las grandes fortunas que presentó el diputado nacional del PTS Nicolás Del Caño y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT U), como parte de un programa de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas.

Así, se continuará administrando, con más o menos recursos, con más o menos “palos” dependiendo del desarrollo de la lucha de clases y el rol de los sindicatos y las organizaciones populares, la pobreza estructural y el capitalismo dependiente. Ante la catástrofe que se avecina, si de cuestionar en serio la desigualdad se trata y no de naturalizarla, urge transformar de raíz la matriz de dependencia semicolonial.

Acabar con la desigualdad de raíz

La internacionalización del capital y su penetración en los grandes conglomerados urbanos significó un proceso, como decía Marx en El Capital, de profundización de “polos de riqueza” y “polos de pobreza”, pero en una dimensión incluso superior a la que el revolucionario podía prever. Un puñado cada vez más ínfimo de ganadores, y una gran mayoría de perdedores. Una obscenidad.

Durante los últimos años el macrismo como expresión del gobierno de los CEO’s y el FMI, con su versión bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal y la porteña asumida por Horacio Rodríguez Larreta, profundizó las condiciones de atraso y saqueo. La “fiesta de los globos amarillos” dejó 5 millones de nuevos pobres, 300% de aumento de la inflación, 10 % de desocupación y 324 mil millones de dólares de deuda. Pagar la deuda, dejar intactas las millonarias ganancias de los bancos, de la especulación inmobiliaria, de los terratenientes que concentran la tierra, o de las empresas privatizadas es profundizar la dependencia y “la tierra arrasada”, que tiene como una de sus caras más brutales las villas y la precarización.

Para acabar con el flagelo de la vivienda precaria, el hacinamiento, la ausencia de cloacas, gas natural, el trabajo informal y los bajos salarios, además de una reforma urbana integral, que empiece por una plan de obras públicas, infraestructura y viviendas, un IFE de 30 mil pesos para todas las personas que lo necesiten, la prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales, el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario y reduciendo la jornada laboral, con un mínimo que alcance para cubrir la canasta familiar, así como la ocupación y puesta en producción de toda fábrica que cierre bajo control de sus trabajadores y trabajadoras, hay que tomar medidas estructurales de emergencia: el desconocimiento soberano de la deuda externa; la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior para impedir la fuga de capitales, frenar el chantaje y evitar que se sigan robando el ahorro nacional; la expropiación de los 4 mil principales propietarios que concentran casi la mitad de la tierra productiva para poder debatir en función de las necesidades sociales qué y cómo se produce, así como la nacionalización de las empresas de servicios públicos y de todo el sector energético, se imponen como un sentido común. Si de lo que se trata es de priorizar la vida y la salud de los trabajadores y sectores populares y que los niños y niñas de las familias obreras no mueran ni enfermos ni de hambre, los recursos estratégicos de la economía tienen que dejar de estar en manos de la propiedad capitalista y que las grandes mayorías puedan no solo debatir democráticamente sino también planificar la producción social en función de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador.

Estamos en una crisis enorme, sanitaria, económica y social, que se va a agravar. Es utópico pretender conciliar los intereses de los grandes empresarios, con los de los trabajadores y pobres. Son ellos o nosotros. Hay que dejar atrás al “planeta de ciudades de miserias” del que nos habla Mike Davis y asumir un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Apostando a construir una salida anticapitalista y socialista.