Claves de la política nacional y cómo debemos responder los trabajadores ante la crisis

Actualmente el gobierno lleva adelante una política de endeudamiento con el FMI, según el discurso de Alvarado con el objetivo de obtener recursos para el funcionamiento del Estado y también para atender la pandemia del Covid-19. Lo cierto del caso es que hay una crisis económica en Costa Rica y debido a eso el gobierno recurre al FMI. Esta crisis la están pagando las personas trabajadoras con despidos, suspensiones de contrato, reducción de jornadas y reducción salarial asociada. El gobierno ha legalizado todas esas medidas a través de un “acuerdo nacional” en la Asamblea Legislativa, lo que ha permitido a empresarios todo tipo de atropellos sobre los derechos laborales.

Ante un futuro incierto en el plano económico internacional, con tendencias a la polarización política en el país y con la cercanía de las elecciones, el gobierno también busca asegurar la “estabilidad política” a través del financiamiento, esto es, un ambiente seguro para que los empresarios continúen poniendo la economía en función de sus intereses a costa de la explotación de la inmensa mayoría de la clase trabajadora.

Sin embargo la movilización nacional espontánea de mujeres en días anteriores, así como algunas medidas defensivas tomadas por las direcciones sindicales dificultarán la “unidad nacional” que el gobierno había conseguido al inicio de la pandemia.

¿Qué sucede y podría suceder en el escenario político? Presentamos 7 claves de análisis.

Clave 1. El endeudamiento con el FMI: la deuda perpetua

El motivo del endeudamiento buscado por el gobierno es económico para atender la crisis, pero es sobre todo político: el gobierno busca “estabilizar” el país y la mejor manera que encuentró es buscando la autoridad del capital financiero internacional, es una “estabilidad” para favorecer las ganancias de los capitalistas en detrimento de las necesidades de los trabajadores, de la misma manera que ha sucedido durante toda la pandemia.

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno llevó adelante una reforma fiscal en 2018, atacando sobre todo el salario del sector público y el consumo en general a través del IVA, medida que en sí afecta más fuertemente a los sectores más empobrecidos. Sin embargo la pandemia del Covid-19 agravó la crisis en las finanzas públicas y, asociada a ella, la posibilidad de una crisis nacional de deuda en el corto y mediano plazo.

Lo cierto del caso es que la deuda del Estado podría llegar al 80% del PIB el próximo año y el 40% del presupuesto nacional es sólo para amortización e intereses de deuda; buena parte del presupuesto en vez de ser dinero destinado para la educación, salud y vivienda será destinado para agrandar los bolsillos de los acreedores internacionales. La tasa oficial de desempleo actual es alarmante, llegando al 24% y más alta en la juventud. En el mejor de los casos, Alvarado espera que en 2032 la deuda hubiese bajado al 50% en... ¡diez años! Proyecciones superfluas pues las crisis mundiales son recurrentes y el país puede verse arrastrado por las mismas, llevando a endeudamientos mayores con escenarios de default entre las posibilidades, o sea “estabilidad” de deuda externa perpetua que solo anuncia crisis superiores.

Es hipocresía politiquera sostener que el nuevo préstamos no incluirá ajustes como aumentos en el IVA, no afectará a personas con salarios menores a ₡800 mil o que no implicará despidos masivos. Es hipocresía pues todo esto el gobierno lo ha venido haciendo. Alvarado ha atacado y ha dejado atacar el salario durante la pandemia y también a los sectores medios bajos, pero no ha tocado un solo colón a grandes empresarios empresarios.

En realidad va a seguir esta línea, con nuevos impuestos que afectaran sobre todo a los más pobres. En efecto las cuatro medidas para negociar con el FMI (a la que se podría sumar la venta de instituciones del Estado) van a afectar a los mismos sectores que hasta ahora han sufrido más sentidamente la crisis.

Acá se imbrican también otros elementos, pues el gobierno supone de manera optimista una situación económica favorable, una solución definitiva ante el Covid-19 y, sobre todo, que no hayan estallidos de lucha de clases en el país, todo lo cual podría hacer tambalear la “estabilidad” que el gobierno busca.

Clave 2. El Covid-19

La estrategia del gobierno frente a la pandemia se basó a toda costa en mantener las ganancias para los empresarios. Prueba de ello es que en Costa Rica oficialmente no hay decreto de cuarentena. Discursivamente el gobierno sostuvo que su estrategia era “retrasar” el punto alto del contagio mientras se garantizaban, supuestamente, los recursos para atender a las personas enfermas. La realidad es otra y el aumento acelerado de casos de contagio actual lo demuestra. No están los supuestos recursos y el Covid-19 se expandió, todo para que algunos sectores claves de la economía no se pararan, como se ha visto con las empresas de las zonas francas para poner un ejemplo.

En este momento los casos de Covid-19 en Costa Rica empiezan a tener una dinámica de incremento significativo y el sistema de salud (referente en las representaciones políticas y sociales en el país) está en dinámica de ser probado por la pandemia, algo que hasta ahora no ha pasado. Un completo desborde del sistema de salud (posibilidad que no puede ser nada más barrida bajo la alfombra) obviamente tendría consecuencias en la fortaleza del gobierno y en su capacidad de acción, abriendo la posibilidad de nuevas crisis. Ya el gobierno ha bajado en las encuestas, luego de la subida al inicio de la pandemia, volviendo a niveles prepandemia, pero podría bajar más aún.

La realidad es que los recursos para atender la pandemia en el país están “al alcance de la mano”, pero el gobierno no está dispuesto a tocarle el bolsillo a los capitalistas o a tomar medidas como nacionalizar la industria de partes médicas (en manos de empresas extranjeras que no pagan impuestos y no destinan la producción para las necesidades locales), que tiene la capacidad de producir precisamente los implementos que se necesitan para atender la pandemia, no solo en Costa Rica sino en todos los países de la región.

La “estabilidad” desde el punto de vista de la pandemia parece ser el permanente riesgo de contagio para trabajadores y grandes mayorías populares, mientras las medidas antipandemia se hacen con una clara lógica en beneficio de los grandes empresarios.

Clave 3. La crisis económica

Las dimensiones de la crisis económica internacional son noticia conocida. Como ya hemos dicho en otros lugares, se espera que el 2020 cierre con una caída del 3,3% del PIB, una elevación del desempleo en torno al 24% y una tasa de desaceleración económica que en marzo fue de -7,8% comparado con febrero pasado. En el sector comercio la caída es de -14,9 en índice de actividad económica interananual, los servicios -10,4% y la manufactura -8,2%. Todos estos datos dan cuenta de la magnitud de la crisis asociada al Covid-19.

Acá lo más dramático es el desempleo. Los trabajos asociados a actividades administrativas y de apoyo, han sido los más afectados ya que si se suman los porcentajes de afectación de despidos, reducción de jornada o suspensión del contrato, básicamente el 100% de la clase trabajadora de ese sector se ha visto afectada. En un segundo grado de afectación estarían las y los trabajadores del sector comercio, en el cual cerca del 50% de la clase habría tenido afectaciones de algún tipo. Existen también ramas más pequeñas donde la afectación ha sido masiva, como alojamiento y comida, construcción, trabajo científico-tecnológico, etc.

Esta situación de desempleo el gobierno permitió y legalizó con los demás partidos de la Asamblea Legislativa. Es una decisión política que ha tenido durísimas consecuencias sobre el pueblo trabajador y los más pobres.

Las perspectivas del gobierno parecen ser “optimistas” pues asumen que habrá algún momento de regreso a la normalidad desde el punto de vista económico. Sin embargo si por la víspera se saca el día, el crecimiento de empleos en China, motor de la economía mundial, está acompañado de mayor intensidad de explotación del trabajo, por lo que una recuperación económica podría implicar en el país el aumento de la explotación para los cientos de miles que hoy están desempleados y para quienes nunca lo perdieron, es decir, mayor explotación en general para las personas trabajadoras.

El otro gran golpeado es la clase media y media baja, que ha sufrido las consecuencias de la pandemia a través de un proceso de pauperización, asociado al cierre de pequeños negocios como sodas, gimnasios, barberías, etc así como micro empresas. Esta clase media baja también está golpeada directamente por el gobierno a través de la reducción del 15% de horas y salarios para los salarios estatales de un millón y medio de colones.

Clave 4. La “unidad nacional” que se mantiene en la Asamblea Legislativa

“Unidad nacional” el gobierno parece decirlo en al menos tres sentidos. Dos están muy vinculados: el elemento central de la campaña política en su elección en 2018 para imponer una reforma fiscal y también unidad de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa para votar todas las medidas de ajuste económico, a las que luego agregó las medidas ante la pandemia.

El gobierno mantiene como carta de presentación haber logrado imponer la reforma fiscal contra la huelga general del 2018. De estos réditos políticos logra todavía mantener dentro de márgenes aceptables (para el gobierno mismo) acuerdos políticos con los otros partidos empresariales. Liberación Nacional ha dicho públicamente que tiene acuerdo con las pautas que el gobierno le presenta al FMI. Eduardo Cruikshank, de la derecha religiosa de Restauración Nacional ha sido un tanto más beligerante, expresando un sector más liberal de los empresarios. Sin embargo la gran diferencia en la Legislativa no es endeudamiento sí o no, sino más bien la intensidad del endeudamiento y las medidas de ajuste ligadas al mismo.

Esta “unidad nacional” es útil para el gobierno pues, aun cuando ha sido un gobierno que ha atacado a sectores trabajadores que Liberación apenas soñaba (como SITRAJAP) y ha impuesto al menos una parte significativa de la agenda de ajuste, logra aún mantener una imagen de “centro” frente a las fracciones más claramente neoliberales que exigen todavía más sometimiento al capital financiero internacional.

Sin embargo, en la medida en que se acerque el año electoral o en la medida en que la pandemia o la crisis económica se profundicen, esta “unidad nacional” empezará a resquebrajarse, lo que hace prever un año pre-electoral 2021 que podría ser muy complicado para el gobierno.

Clave 5. El diálogo nacional que no es

El PAC nunca ha tenido una base electoral propia muy extensa. Debido a ello desde su primera aparición pública no ha dejado de presentarse descaradamente como el mal menor de la política nacional y esto le ha funcionado.

Para extender su base electoral el gobierno convocó a un supuesto “diálogo nacional”, para el cual fue seleccionado muy convenientemente un arco político compuesto por cámaras empresariales, sindicatos y diversas organizaciones en representación de las clases medias con las que el gobierno supuestamente estaba dialogando en el marco de la política de endeudamiento. Este arco político aclara el tercer sentido del término “unidad nacional”, asociado a la creación de una base política propia, sobre todo si la “unidad nacional” en la Asamblea se resquebrajara, si hubiesen estallidos de lucha de clases, si la crisis económica se profundiza, si la pandemia se mantiene y, sobre todo, por la cercanía del año electoral.

La búsqueda de esa propia base como objetivo del supuesto “diálogo” es clara pues mientras el gobierno “abría el diálogo”, al mismo tiempo anunciaba en medios de prensa que ya tenía un plan para negociar con el FMI.

Esta táctica de “diálogo nacional” tiene como objetivo central que los sectores que ya habían votado al PAC en las elecciones pasadas empezaran a girar con mayor fuerza de atracción alrededor del gobierno, a modo de construir un capital político que le permitiera pasar de la mejor forma posible el 2021 y eventualmente de nuevo en febrero del 2022 presentarse como el mal menor con respecto a los sectores más duros de la política nacional.

Sin embargo el mantenimiento de la pandemia o la crisis económica podrían complicar la táctica electoral, especialmente si prestamos atención a los importantes desacuerdos entre los actores políticos del “diálogo”.

La Rerum Novarum, el SEC y la CGT, las dos primeras de las cuales están muy cercanas al PAC, señalan una posición contraria a una negociación con el FMI poniendo especial énfasis en la no venta de instituciones del Estado y tienden a colocar las reivindicaciones de trabajadores del Estado sin mencionar los intereses de trabajadores no sindicalizados de la empresa privada, que han sido despedidos por cientos de miles. Por otro lado, diversas figuras empresariales como Francisco Llobet, Gerardo Corrales y Natalia Diaz insisten en la venta de servicios y una clara agenda de ajuste. En medio existen sobre todo sectores intelectuales de posiciones al centro, que buscan un equilibrio, como la propia Sofía Guillén, Ana Rosa Ruiz y Gonzalo Ramírez, y que apoyan una gran plataforma de reformas como parte de la “solución” a la crisis fiscal.

Mención aparte merecen dos intervenciones. Francisco Llobet, quien aclaró la importancia del FMI para los políticos nacionales, llegó a decir que sin el FMI los partidos políticos del país son incapaces de realizar procesos de ajuste, por tanto hay que apoyarse en el FMI, dando muestra del sometimiento burgués al amo imperialista y al mismo tiempo la relativa debilidad de la burguesía nacional. Por otro lado Sofía Guillén, militante del Frente Amplio, que después de denunciar que el “diálogo” no era en realidad tal, se limitó a darle consejos al gobierno sobre cómo llevar adelante la discusión. Es así como el reformismo del Frente Amplio termina, también, en un sometimiento al capital financiero, al punto que Guillén ni siquiera se atrevió a mencionar alguna medida mínimamente antipatronal. Así, se demuestra como la estrategia reformista de estar en el gobierno progre de unidad nacional, termina en una desconsolada posición de postración al imperialismo internacional.

Clave 6. Elementos de polarización: nuevas movilizaciones callejeras de trabajadores y mujeres

En un clima de rebelión en importantes países del relato neoliberal, como los Estados Unidos, Colombia y Chile, así como también la propia experiencia de la huelga general del 2018 para las masas trabajadoras del país, son el contexto dentro del cual en los últimos días han empezado las primeras movilizaciones en medio de la pandemia que anticipan una retomada de las calles probablemente con más fuerza.

En primer lugar una espontánea movilización de mujeres que se realizó a nivel nacional en diversas ciudades del país, de varias miles de personas, denunciando a la policía ante la desaparición de Allison Bonilla. Las movilizaciones se dirigieron a instituciones del aparato judicial, cuestionando y exigiendo a la institucionalidad, manteniendo en la misma frecuencia (aunque ciertamente de manera menor y menos radical) que las movilizaciones contra la policía en Estados Unidos y Colombia. También esta movilización es una respuesta al intento de Alvarado de descolocar el derecho al aborto como elemento de la discusión política nacional, desviando a través de la política del vientre de alquiler.

Las directivas sindicales han por fin roto su silencio cómplice ante el ajuste del gobierno y han convocado a diversas actividades durante las semanas pasadas, lo que anuncia un intento de reacomodo por parte de los dirigentes sindicales para enfrentar la política ajustadora del gobierno, lo que tal vez podría permitir la irrupción independiente de la clase trabajadora.

Clave 7. Elementos de polarización: los acomodos por derecha

La sumisión al FMI por parte del gobierno marca un norte de mayor derechización de todo el conjunto de los partidos políticos nacionales, sea que adopten una apariencia progresista o conservadora, incluido el Frente Amplio.

Ejemplos de esta derechización del gobierno pueden ser ley de alquiler de vientres, lo cual introduce una variable mercantilista en una decisión marcada por la pobreza y la imposición de la maternidad. Otro signo importantes es la reunión con los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo a punto de ser volteado en 2000 en las protestas contra la apertura del mercado de telecomunicaciones, y Laura Chinchilla, una de las figuras más claramente pro imperialista del escenario político nacional.

En este sentido, si el PAC acordara la venta de instituciones del Estado, sería un cierre completo del giro neoliberal y mercantilizador del PAC. Lo cual seguramente implicaría un reacomodo generalizado de la política nacional previo o de cara a las elecciones.

Vinculada a una tendencia a la pauperización de las clases medias, esta derechización podría generar las condiciones para una derecha más marcada, que podría encontrar un enorme caldo de cultivo en las tierras abonadas por el neopentecostalismo. La movilización convocada por José Miguel Corrales y Célimo Guido, por la combinación de sus reivindicaciones, por su composición social ligada a sectores medios pauperizados y por la confusión ideológica que expresaba su convocatoria, es una señal en ese sentido.

Un programa para la acción de la clase trabajadora ante la crisis a través de su autoorganización y la movilización

Desde Organización Socialista levantamos el siguiente programa político ante la crisis y sus consecuencias sobre la clase trabajadora, el pueblo pobre, las mujeres y la juventud.

1) Contra la pandemia levantamos la unificación del sistema de salud administrado por sus trabajadores y trabajadoras y la centralización de todos los recursos económicos, la nacionalización de las empresas médicas de capital transnacional que operan en la Zona Franca para la fabricación de todos los implementos necesarios para enfrentar la pandemia en Costa Rica y la región.

2) Ante el escenario de crisis económica y necesidad de recursos, levantamos las banderas por el no pago de la deuda externa. Ni un centavo para los acreedores, se trata de atender las necesidades del pueblo y no el bolsillo de los buitres internacionales. Se trata de una deuda que no hace más que seguir en aumento y que lleva décadas, pagándose a costa del pueblo trabajador. La actual posición del gobierno se basa en un dogma neoliberal según el cual sin financiamiento externo la sociedad irá a una crisis. Sin embargo el financiamiento y endeudamiento no ha parado y la crisis solo se profundiza. También sucede el sometimiento sostenido de toda la sociedad (especialmente a la clase trabajadora y a sectores medios bajos) al capital imperialista desde hace más de un siglo.

3) Por el cobro de impuestos a las grandes fortunas y sobre todo a los empresarios que han pasado décadas evadiendo impuestos, mismo grupo que ha sido protegido de todas las maneras por el gobierno del PAC. Es necesario poner impuestos a las grandes empresas de la Zona Franca. En caso de que no se paguen los impuestos, las empresas deben ser expropiadas por el Estado y puestas bajo administración de las y los trabajadores de esas empresas.

4) Ni un solo despido más ni la reducción de salarios. Por la escala móvil de horas de trabajo para garantizar el empleo para todos y un salario al nivel de la canasta familiar. Por la incorporación inmediata de todos los despedidos. Exigimos salario de desempleo para todos los trabajadores despedidos durante la pandemia. Para obtener estos recursos proponemos un impuesto especial de emergencia a los grandes capitales, así como la reducción de todos los puestos de jefaturas del Estado para que sean idénticos al salario de una maestra de escuela pública.

5) Planteamos la necesidad de crear Comisiones de Investigación Independientes del Estado, conformadas por organizaciones sociales, políticas y feministas, así como familiares de las víctimas de violencia patriarcal, que exijan la apertura de todas las carpetas de investigación y el acceso a ellas. El Estado debe garantizar los recursos necesarios, ya sean materiales o financieros, para que la Comisión Independiente lleve adelante la investigación. Estamos por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito en el hospital. Denunciamos la mercantilización burdamente capitalista con que el gobierno trata un asunto de suma importancia para la salud pública.

6) Ante el programa de ajuste exigimos a las direcciones sindicales que organicen desde ya un plan de acción para organizar la defensa de los intereses de las y los trabajadores ante todas las políticas de ajuste. Llamamos especialmente a crear comités de defensa de trabajadores en todos los sectores, para implementar las acciones necesarias para garantizar un plan de lucha de la clase trabajadora.

7) Llamamos a los grupos de izquierda a que luchemos de manera conjunta por un Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, que lo antes posible genere una representación unificada de toda la clase trabajadora bajo un programa de defensa de los intereses de la clase trabajadora.