El caso de los estudiantes del Liceo Lastarria fue el inicio de una serie de denuncias de violencia de género dentro de los establecimientos educacionales en que se demostró cómo fallan estas instituciones, el sistema educativo y las políticas públicas al respecto, tal como reclaman las estudiantes de los liceos 1, 7 y Tajamar, que protestaron a las afueras del Liceo Lastarria frente a la inactividad de la dirección. La necesidad de la implementación de un programa de Educación Sexual Integral, garantizada por el estado, laica y no sexista, así como también comisiones de género en lugares de estudio y trabajo, se vuelven una urgencia que será conquistada en las calles.
Sábado 19 de marzo de 2022
Frente a las protestas de las estudiantes en el Liceo Lastarria, el sostenedor del establecimiento, la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, realizó una denuncia en fiscalía y procedió a la expulsión de los estudiantes y además no podrán continuar sus estudios en ningún liceo municipal de la comuna. Así mismo, la alcaldesa de derecha, Evelyn Matthei, salió a condenar los hechos. Sin embargo, ni la expulsión, ni la prohibición de estudiar en la comuna sirven para solucionar el problema. Mucho menos la "condena" hipócrita de Matthei, militante de la UDI, que representa a un sector político conservador que históricamente se ha negado a que el estado se haga cargo de garantizar derechos sexuales reproductivos para las mujeres y personas gestantes así como también a la Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas y liceos.
La importancia de la Educación Sexual Integral
La ESI, así como la educación no sexista y protocolos frente a hechos de violencia sexual y de género es exigida hace tiempo por el movimiento feminista y cuenta con un amplio apoyo popular que la ha puesto en el debate en la Convención Constitucional. Y es que este tipo de educación es clave al momento de prevenir este tipo de situaciones, teniendo un impacto positivo dentro de la formación de les estudiantes, a diferencia de simplemente "castigar" cuando el daño ya está hecho.
La necesidad de aplicar la ESI en todos los establecimientos educacionales y desde la infancia quedó en evidencia luego de que una estudiante de enseñanza básica del Colegio Eyzaguirre en Puente Alto sufriera un episodio de violencia sexual, en donde la mamá señala que su hija fue tomada por 5 de sus compañeros, llevada al baño, golpeada y "punteada". Tras esto, surgieron movilizaciones espontáneas de estudiantes del liceo y apoderades que exigían que la dirección se hiciera cargo de la situación.
Comisiones de mujeres
El día de ayer se dio a conocer una denuncia de violación por parte del ex director de la escuela René Louvel Bert, Rigoberto Vega, de parte de una funcionaria del establecimiento. Aun cuando ya va un año en su curso investigativo, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Sur encubre la situación, al punto de informar la salida del ex director por razones “confidenciales”, a la vez que continúa el pago de su salario que es casi 2 millones de pesos, junto a este caso, existen 8 denuncias más por casos de hostigamiento, abuso y acoso a ex alumnas.
La denunciante, quien se desempeñaba como psicóloga del liceo, denuncia que acudió a un proceso desgastante, que no ha sabido responder y además mantiene parasitariamente al director.
Es por esto que, así como la ESI, también es importante contar con comisiones de mujeres en los lugares de estudio y trabajo que sean espacios tri estamentales, donde participen trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados, con el objetivo de discutir y poner un marcha un plan de prevención de violencia de género para evitar el punitivismo y un protocolo con perspectiva de género que permita enfrentar estos problemas a tiempo y eficientemente, así como también generar la unidad con otros sectores externos a las escuelas y liceos, como juntas de vecinos, comunidades y sindicatos cercanos.
Es importante que estas situaciones sean discutidas en las asambleas de base tri estamentales, tanto para abordar la violencia de género dentro de los establecimientos educacionales como también la precariedad que se está viviendo a lo largo del país en este retorno presencial. En este sentido, es necesario que las direcciones tomen la tarea de convocar a estas asambleas y no continuar con prácticas machistas y conservadoras de decidir a puertas cerradas que harán frente a casos de violencia de género o incluso encubrir a abusadores.
La violencia sexual y de género al interior de las escuelas y liceos no se acabará con la implementación de protocolos o ESI de forma particular o "a la pinta" y capacidades de cada institución educativa. Es urgente que el Estado se haga cargo de garantizar la aplicación de la ESI, del 100% de su financiamiento y de educar y entregar herramientas a docentes y trabajadores de la educación. Sin embargo, esto no es una exigencia nueva, por el contrario, ha sido la derecha y la DC quienes se han opuesto y trabado en el parlamento la aprobación de la ESI históricamente, así como también han negado los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes. Sólo con movilizaciones encendidas con la chispa y el ímpetu de las nuevas generaciones de estudiantes que no están dispuestos a vivir esta violencia, en conjunto con las comunidades educativas y de la mano con otros sectores de pobladores y trabajadores, es que se podrá conquistar el derecho a la Educación Sexual Integral, laica, no sexista.
