La crisis económica por la que está pasando el país se está haciendo cada vez más difícil para las mayorías trabajadoras y precarizadas del país. En lo que va de este trimestre los precios de los productos de la canasta básica familiar han ido subiendo de manera exponencial, de tal manera que se está haciendo difícil comprar algunos productos de subsistencia, ni hablar de la carne que se ha vuelto un lujo en la mesa de muchas familias trabajadoras.
Miércoles 30 de octubre
Si bien la crisis económica y la inflación tienen un origen estructural, existen otros factores que están contribuyendo a que los precios estén subiendo de manera considerable, entre ellos la subida del dólar en el mercado paralelo, los bloqueos, el costo de las importaciones, la falta de gasolina y también la especulación que están generando sectores que monopolizan la distribución de los alimentos o las grandes empresas productoras de alimentos.
Ante esta situación el gobierno a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y en alianza con las empresas privadas, Sofía y Pío Rico, ha implementado puestos móviles para evitar el desabastecimiento de alimentos en los principales mercados. Sin embargo, esta medida ha resultado insuficiente ya que no logra abastecer a la mayoría de la población ya que los puestos móviles son pocos y se encuentran lugares muy alejados. Como manifiesta una compradora: “Estoy a la pesca de comprar lo más barato, no voy a Emapa porque las filas son interminables, hay que dormir por un kilo de carne o arroz y no tengo tiempo porque debo trabajar. Deberían instalar más puestos móviles” (Periódico La Prensa).
Con el pretexto de controlar el agio y la especulación se están implementado operativos en los mercados con la participación de la policía, las alcaldías, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y otras instituciones del Estado. Lo cierto es que ésta medida que tiene como propósito establecer “precios justos”, no es otra cosa que la implementación de medidas punitivas y represivas dirigidas a comerciantes minoristas, ante la ausencia de políticas y proyectos del gobierno que favorezcan a los sectores más precarizados y empobrecidos de la población
Con estas medidas lo que pretende el gobierno no es favorecer a la población en general, sino garantizar que las grandes empresas como Sofía o Pío Rico sigan haciendo grandes ganancias a costa del hambre de los trabajadores, trabajadoras y la población pobre en general. Recordemos el papel de los empresarios del sector avícola en el paro cívico-empresarial de 2021, cuando obligaban a sus trabajadores a seguir en las plantas a pesar de los bloqueos que ellos mismos financiaron.
Para lograr que los precios sean realmente justos se deben establecer medidas transitorias que afecten las grandes ganancias de las empresas privadas de la alimentación, que sean éstas las que asuman los precios bajos de los alimentos mediante la redistribución de sus ganancias y no a través del subsidio que realiza el Estado, imponiéndoles mayores impuestos.
Como una escuela de autoorganización de la clase trabajadora, ante la crisis, se hace urgente establecer comités de vecinxs que aglutine a las amas de casa, organizaciones estudiantiles, pobladores y trabajadores(as) que reemplacen el rol institucionalmente establecido del Estado para mejorar las condiciones de vida del pueblo dentro de cada comité vecinal. Solo así se logrará un adecuado abastecimiento, velando por un eficaz control de los precios, luchando contra la especulación y los monopolios, promoviendo el mejor aprovechamiento de los medios de subsistencia del pueblo empobrecido mediante el establecimiento de almacenes populares que proporcione canastas populares a todas las familias.
