Las reglas de juego, dispuestas a fuerza de decreto por Macri, abren una nueva etapa en la estructuración del sector. Si ayer disciplinaba la política, hoy disciplina el mercado. En el credo de los funcionarios del gobierno y de sus predicadores intelectuales, la libertad de expresión se remite a la sobrevivencia de los grupos más fuertes.
Miércoles 14 de diciembre de 2016
La pelea de fondo entre los grupos Clarín y Telefónica para obtener el favor estatal eclipsa una serie de movimientos de reemplazo y relevo en la titularidad de muchos de los grupos y empresas de medios en la Argentina. Estos movimientos indican que se abre una nueva etapa en la estructuración del sector, que sufre cambios sustanciales en las reglas de juego de su economía, y fueron acelerados por una de las reformas regulatorias decretadas por Mauricio Macri al inicio de su mandato, que autorizó el mercado de transferencias audiovisuales casi sin intervención oficial y liberó, en la práctica, de límites a la concentración del mercado. Hoy son las nuevas reglas –y las que están por escribirse- las que disciplinan las comunicaciones en el país.
Los US$ 345 millones que pagó la estadounidense Viacom a Telefónica hace un mes por la red Telefé son un anticipo de lo que depara 2017 a otros grupos de comunicación si prosperan las negociaciones abiertas hace varios meses. Las más avanzadas son por Indalo Media (C5N, CN23, Radio 10, FM Pop, FM Vale, FM One, Ideas del Sur y Ámbito Financiero, entre otros), sociedad engordada en el feedlot de las políticas de medios kirchneristas cuyos titulares son Cristóbal López y Fabián de Souza, quienes si concretan la transacción con un grupo de capitales extranjeros lograrían, además, separarse formalmente como ansían desde el fin de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero el conjunto de empresas de medios que exhiben el cartel de “Se Vende” no distingue entre alineamientos político partidarios ni se circunscribe sólo a Buenos Aires. La tendencia vendedora abarca a radioemisoras de distinto tamaño, a medios gráficos, a productoras y, en particular, a los cableoperadores sobresaltados por las acciones y las promesas del gobierno nacional para beneficiar una mayor concentración del sector mediante la autorización al Grupo Clarín para que expanda aún más su marca Cablevisión (sin límite a la cantidad de licencias) y la promesa a las telefónicas para que finalmente, en 2018, puedan ofrecer servicios de tv paga. Hasta el Grupo América, que es el segundo cableoperador importancia después de Cablevisión (muy por detrás), podría desprenderse de Supercanal y acelerar la separación entre sus dos socios, Daniel Vila y José Luis Manzano.
Junto a la negociación en curso entre la AFA y Fox, Turner, ESPN y Disney por los derechos de exhibición del fútbol en distintos dispositivos, las operaciones de venta en curso insinúan un cambio de etapa en la estructuración de la propiedad de los medios y actividades de comunicación colindantes en Argentina.
Algunos rasgos de la nueva etapa desbordan las fronteras nacionales y se incuban desde hace varios años ya, como la convergencia tecnológica entre medios, telecomunicaciones fijas y móviles y conectividad a Internet; otros fueron ecualizados durante los gobiernos de Fernández de Kirchner, quien subordinó la concreción de operaciones a la guerra con el Grupo Clarín y alineó la agenda del sector a esa contienda. Ejemplo de ello fue la venta de los medios de Daniel Hadad a Indalo Media en 2012.
Si bien el relevo de capitales inaugurado por la llegada de Viacom está hoy pendiente de las medidas económicas del presidente electo de EEUU, Donald Trump (si estimula la inversión interna complicará la proyección de grupos estadounidenses en economías semiperiféricas), la convicción de muchos empresarios de medios medianos y pequeños, en distintos soportes, es que ya no hay lugar para ellos. Las reglas de juego dispuestas a fuerza de decreto por el presidente Macri desde su asunción hace un año aceleraron esta toma de conciencia. El principal de esos decretos (no el único) fue el DNU 267 de enero de 2016, luego aprobado por la Cámara de Diputados en una sesión controvertida en la que no hubo conteo formal de adhesiones.
El respaldo de Macri al Grupo Clarín, al que liberó de límites a la concentración en el sector que le reporta mayores ingresos, la tv por cable, al que luego autorizó la compra de Nextel y que más tarde benefició al consentir que Nextel adquiriera empresas con espectro para un uso diferente al que originalmente se les permitió, es interpretado por el resto del sector como un trato preferencial que estorba las posibilidades, ya escasas, de competir con el actor dominante en el sector. Si alguno tenía dudas, el manejo de la televisación de la Copa Argentina de fútbol por parte de Cablevisión, que emitió por su señal Metro (ausente en la grilla de sus competidores), representa una advertencia acerca de cómo serán de ahora en más las reglas de juego.
Asimismo, la venia gubernamental para que el socio de Clarín en Cablevisión, Fintech (David Martínez), formalizara la compra del paquete accionario de Telecom Argentina vendido por Telecom Italia, generó más suspicacias dado que el DNU 267 prohíbe a accionistas de servicios públicos participar de sociedades de tv paga. Desde entonces se desató una puja por el control de la compañía entre ex directivos del Grupo Clarín y los capitalistas Jorge Brito (Macro) y Sebastián Esquenazi (Grupo Petersen). Las especulaciones acerca de una fusión entre los Grupos Clarín y Telecom lubrica la pulsión vendedora en el resto del mercado, ante la probable constitución de un gigante que detentaría dos tercios de las conexiones de banda ancha, un tercio de las líneas de telefonía móvil, el 40 % de la tv de pago, la mitad de la telefonía fija y el multimedios más poderoso del país (con el diario más vendido, el portal más visitado, la radio AM más escuchada, varias señales de cable y el segundo canal de televisión por aire).
El Grupo Clarín aprovecha así las mieles del restablecimiento de un buen vínculo con el Estado después de la guerra desatada entre 2008 y fines de 2015. Su expansión conglomeral con especial enfoque al sector de las telecomunicaciones móviles es complementada por su reorganización interna en dos sociedades (Cablevisión Holdings por un lado y los medios periodísticos en el Grupo Clarín por el otro). Ahora bien, si la marcha del Grupo Clarín resulta condicionada por su relación con el gobierno, el resto del sistema es todavía mucho más vulnerable a los vaivenes de la política.
En efecto, la conexión entre la propiedad privada de los medios de comunicación y la conducción estatal es mucho más potente de lo que los propios protagonistas del sistema de medios y telecomunicaciones reconocen. Ese vínculo habilita a reflexionar sobre la orientación general de la estructura de las comunicaciones y sobre el mito de la “independencia” de medios, productores y periodistas.
El Estado pesa porque sus regulaciones y el temperamento de sus dirigentes afectan la médula del funcionamiento del sistema de medios, tanto de los principales conglomerados como, sobre todo, de aquellos cuya espalda económica es más frágil. Además de los guiños explícitos al Grupo Clarín, el gobierno de Macri ajustó y reorientó la cuenta publicitaria estatal que, en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, era la más grande del mercado con un 10 % del total (duplicaba así a la segunda cuenta publicitaria del país). Macri redujo un tercio del gasto publicitario y, si bien no alcanza los niveles de discrecionalidad de su antecesora, canalizó los recursos hacia medios comerciales grandes que apoyan su gestión, restándole participación a empresas medianas y pequeñas. Estas se hallan en una situación comprometida, dado que además los ingresos publicitarios del sector privado caen como consecuencia de la retracción económica general y del aumento de la participación de intermediarios como Google y Facebook en la distribución de la torta.
Los empresarios de medios han sido, en su mayoría, eficaces pilotos de tormentas en los últimos 30 años en los que lograron gestionar los factores productivos en escenarios de inestabilidad política y de recesión. La tramitación de la asistencia estatal fue clave en esa estrategia de supervivencia y, al menos desde la recuperación constitucional de 1983 en adelante, todos los gobiernos colaboraron para sostener o levantar la economía de los medios. La vigente “Ley de Preservación de Bienes Culturales” sancionada por el Congreso en junio de 2003 es una muestra consumada de la capacidad de obtener beneficios del Estado. Sin embargo, a la actual crisis económica que limita sus ingresos se le suman dos procesos disruptivos de carácter exógeno: el cambio tecnológico digital por un lado y la ejecución de las políticas de medios de Macri por el otro.
La pérdida del control de la cadena de distribución, exhibición y venta de productos por la irrupción de intermediarios digitales como Facebook y Google, y la competencia de contenidos que antes eran de difícil ingreso al mercado doméstico, configura un escenario donde lo que predomina es la incertidumbre. Por ejemplo, los cableoperadores, muchos de los cuales venden servicios de conexión a Internet, observan que Netflix u otros servicios de catálogo captan la atención de sus clientes sin siquiera una oficina en el país.
En segundo lugar, el cambio en el modo de intervención estatal a partir de la asunción de Macri descoloca la inercia del disciplinamiento que exigía el kirchnerismo como condición para compensar una línea editorial oficialista con la provisión de recursos económicos directos (publicidad oficial) e indirectos (por ejemplo, extensión de licencias, canje de deudas previsionales y fiscales): hoy esos códigos quedaron sepultados por una gestión que premia fundamentalmente a los más concentrados y a los intermediarios digitales, pero que no elabora políticas de compensación para el resto del ecosistema. En el credo de los funcionarios del gobierno y de sus predicadores intelectuales, la libertad de expresión se remite a la sobrevivencia de los grupos más fuertes del mercado. Los grupos más fuertes, vale recordarlo, son por añadidura, y no casualmente, los más reforzados. Si ayer disciplinaba la política, hoy disciplina el mercado.
Como en otras etapas críticas, algunos de los actores hoy amenazados desempolvan el discurso del interés público y recuerdan las obligaciones que compelen al Estado a dar respuesta a sus reclamos a partir del ejercicio metonímico de confundir su interés particular con el general. Su “economía moral” en contextos de crisis apela a la solidaridad estatal para con sus organizaciones. Sin esa intervención, los precios de venta de sus empresas serán más bajos y, para quienes no vendan, el horizonte es inquietante.
