Este 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. En este contexto, Natalia Sánchez, concejala de Antofagasta, señaló que en la minería extraen el 72% del agua de la región, dejando devastación en los ecosistemas locales. A lo que se suma, la contaminación con derrames de petróleo y plásticos, destruyendo ecosistemas, secando las cuencas, al entregar más derechos de agua que el agua que hay disponible, convirtiendo por otra vía a la región en una zona de sacrificio.
Viernes 25 de marzo de 2022
En punto de prensa por el Día mundial del Agua en Antofagasta, se hicieron presentes diversas figuras públicas y organizaciones sociales y medio ambientales. Entre las y los presentes se encontraba Natalia Sánchez, concejala y médica del Hospital Regional de Antofagasta, quien partió denunciando el corte de agua de casi 40 horas a 46 mil usuarios, señalando la baja calidad del agua en la ciudad, que incluso lleva miles de hogares a comprar agua embotellada para no enfermarse. Ante esto planteó la necesidad urgente de una fiscalización independiente de la empresa y el gobierno, para saber realmente cuál es la calidad real del agua que ha estado bebiendo la población.
Por otro lado, señaló que es necesario terminar ya con las concesiones de las sanitarias que les dejan un margen de ganancias multimillonarias, con lo que debe ser un derecho básico y donde los trabajadores y comunidades puedan fiscalizar, tanto la calidad como controlar las condiciones en que se entrega este servicio, "para que lo que prime sea satisfacer esta vital necesidad y no el negocio con los bolsillos de las familias".
La concejala, dirigenta del Partido de Trabajadores Revolucionarios, fue enfática en denunciar que la privatización de los derechos de agua es servil a las industrias, particularmente en la minería donde extraen el 72% del agua de la región, dejando devastación en los ecosistemas locales. A lo que se suma la contaminación con derrames de petróleo y plásticos, destruyendo ecosistemas, secando las cuencas, al entregar más derechos de agua que el agua que hay disponible. Convirtiendo por otra vía a la región en una zona de sacrificio.
Frente al cómo cambiar lo anterior, Sánchez señaló que
"Se debe terminar con el código de aguas de la dictadura, terminando con los derechos sobre otorgados, entregando las decisiones sobre el uso de agua, y por tanto la velocidad de producción de la gran minería, principal saqueador, a las y los trabajadores, pueblos originarios de las localidades aledañas, así como pobladores de las mismas comunas saqueadas".
Continuando con
"Hay quienes confían en que serán la convención y el gobierno de Boric quienes van a solucionar esto, pero a casi 9 meses de funcionamiento la Convención Constitucional apenas han aprobado un inciso de la comisión de medio ambiente, rechazando los 40 restantes, dejando fuera las que implican la nacionalización de los recursos naturales, postergando los intereses, necesidades y derechos básicos del pueblo trabajador, negándose a limitar los derechos de la gran minería sobre el agua. La ministra vocera del gobierno Camila Vallejos y la de la minería Hernando, han descartado la posibilidad de recuperar el agua, ya que esto, implica expropiar derechos de agua, cambiarles las reglas a los empresarios. Localmente el Gobierno Regional, sigue haciendo muy poco por la protección de los humedales, mucho menos por garantizar el derecho al agua de la población".
Finalmente, cerró con un llamado a no confiar en las buenas intenciones de quienes, que si bien levantan un programa con consignas ecológicas, han hecho alianzas con los mismos personeros de la ex Concertación, por ejemplo la misma Marcela Hernando que han mantenido intacta la herencia de la dictadura.
"Debemos confiar en cambio en la fuerza que tiene la unidad de quienes somos saqueados, con quienes mueven la producción y por tanto la extracción de miles de litros de agua, unidad de las trabajadoras y trabajadores conjunto con las poblaciones urbanas y rurales, reivindicación de los derechos de tierras y aguas de los pueblos ancestrales".
