El ex policía De Cándido fue condenado a la pena máxima en tres oportunidades. La fiscalía pidió el cese del beneficio del arresto domiciliario.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 5 de junio de 2020 00:00
Nuevamente se comprueba que un condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura quebrantan el régimen de prisión domiciliaria. Esta vez se trata de Luis Armando De Cándido, integrante de la Policía de Tucumán durante el Operativo Independencia y la última dictadura.
Desde que De Cándido fue ingresado al sistema de monitoreo electrónico en octubre de 2017 se registraron hasta la fecha 39 violaciones del arresto domiciliario, 6 de ellas en los últimos dos meses. Por esta razón el fiscal federal Pablo Camuña solicitó al Tribunal Oral Federal de Tucumán que se revoque este beneficio.
El pedido se realizó luego que se registren tres alertas nuevas los días 25, 26 y 29 de mayo por salidas no autorizadas. La fiscalía recibió además una denuncia informando que De Cándido estaba en un banco del microcentro tucumano en la mañana del 26 de mayo.
De Cándido fue oficial de la Policía de Tucumán y formó parte del Servicio de Informaciones Confidenciales, grupo que tuvo a su cargo el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención instalado en la Jefatura de Policía, en pleno centro de Tucumán. Fue condenado a prisión perpetua en el 2010 en la causa “Jefatura de Policía”, sentencia firme que se encontraba cumpliendo bajo arresto domiciliario. Además fue condenado a perpetua en los juicios conocidos como “Arsenal-Jefatura” de 2014 y “Operativo Independencia” en 2017.
Antecedente cercano
Otro genocida tucumano ya había sido descubierto violando el arresto domicilario. Jorge Omar Lazarte fue visto en un bar porteño en marzo de este año, luego de que se olvidará su tarjeta de crédito y una moza lo identificara.
Lazarte, al igual que De Cándido, fue condenado en tres oportunidades a cadena perpetua por ser el supervisor militar del Servicio de Informaciones D2 que funcionó durante el Operativo Independencia y la Dictadura.
En aquel momento el fiscal Camuña aseguró que de alrededor de 80 represores condenados en Tucumán, sólo uno cumplía con el arresto efectivo (con Lazarte, luego de ser trasladado a Campo de Mayo, iban a ser dos).
Cifras preocupantes
De acuerdo al informe presentado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad el pasado 24 de marzo, hay 562 causas abiertas por delitos de lesa humanidad, con 3315 imputados, siendo sólo 968 los condenados. En suma, el 47 % del total de 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1563), mientras que el 28 % están detenidas (913) y el 24 % fallecieron (811).
Con respecto al estado de las investigaciones, el informe mostró que, de un total de 592 causas en trámite, el 4 5% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41 % obtuvo sentencia (241), el 11 % está elevada a juicio (65) y sólo el 3 % está actualmente en juicio oral (20).
Otro dato preocupante es que el tiempo para que una sentencia quede firme es en promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A este ritmo, la mayoría morirá impune.
Maximiliano Olivera
Nació en Mosconi, Salta en 1989. Militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS). Miembro del comité editorial del suplemento Armas de la Crítica.