Este viernes el Congreso peruano aprobó acusar al ex presidente Pedro Castillo por “organización criminal, colusión y tráfico de influencia”. En el marco de una escalada de represión y criminalización a quienes se movilizan, el régimen golpista a través del Parlamento y el Poder Judicial, continúa con la persecución política.
Sábado 18 de febrero de 2023 01:15
Con 59 votos a favor y 23 en contra, el día de hoy, viernes 17/02, el pleno del Congreso, una institución profundamente desprestigiada en el pueblo y cómplice del golpe, aprobó el informe final de la denuncia constitucional planteada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por lo que, ahora, el Ministerio Público presentará una acusación formal ante el Poder Judicial.
Votaron a favor del informe las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Somos Perú y los no agrupados Héctor Acuña, Carlos Anderson, Juan Burgos, Edward Málaga y Flor Pablo.
En tanto, votaron en contra las bancadas de Perú Libre (el partido de Castillo), Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático, así como los acciopopulistas Darwin Espinoza y Jorge Flores, Roberto Sánchez (Cambio Democrático) y los no agrupados Luis Picón y Óscar Zea. Estas agrupaciones, si bien se oponen a algunos de los proyectos más reaccionarios de los sectores de derecha y extrema derecha (como algunos que votaron contra la prórroga del Estado de Emergencia), en estos dos meses de resistencia popular ya con más de 60 muertos por la represión, no han hecho otra cosa que intentar “dialogar” con los personeros del régimen golpista, legitimando en los hechos la presidencia de Dina Boluarte y al propio Congreso ilegítimo.
Según este impeachment, Castillo habría sido el líder de una presunta organización criminal durante su Gobierno, interrumpido por el golpe encabezado por Dina Boluarte. La denuncia responde a presuntos entramados de corrupción encontrados en las obras del Puente Tarata II, en la región de San Martín, y en otros supuestos casos ligados al Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Petroperú.
A través de diversas irregularidades, la derecha busca utilizar la corrupción, inherente al sistema capitalista y el conjunto de su casta política, para fortalecer al régimen golpista y reafirmar la persecución y encarcelamiento a Castillo.
Ya con la vacancia de Castillo, desde la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST-FT) y la Red Internacional de La Izquierda Diario planteamos que, a diferencia de lo que pasó con Alberto Fujimori el 05 de abril de 1992, en esta oportunidad Castillo no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Policiales, razón por la cual su intentona bonapartista nunca llegó a concretarse, ya que los efectivos del Ejército y la Policía en vez de cerrar el Parlamento y las demás instituciones señaladas por Castillo en su discurso, terminaron deteniéndolo a él mismo cuando buscaba asilarse en la embajada de México. Su vacancia (destitución) fue parte de una estrategia golpista implementada por el Parlamento en complicidad con la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial y auspiciada por los grandes medios de comunicación.
Como venimos sosteniendo, rechazamos al gobierno asesino de Dina Boluarte e impulsamos la organización y la movilización de trabajadores, campesinos y estudiantes. A su vez, sin dejar de criticar a Castillo por su política, defendemos el derecho elemental y democrático de las masas a que se respete su voto. Esta nueva aprobación del Congreso se da en el contexto de una escalada en la persecución política, la represión que ya se cobró más de 60 muertos, y la criminalización de la protesta, las movilizaciones y la organización del pueblo peruano por sus demandas y contra el régimen golpista.
Castillo llegó a la presidencia enarbolando el cambio de la Constitución fujimorista de 1993 a través de una Asamblea Constituyente, así como una serie de reformas al modelo neoliberal. Pero una vez en el gobierno abandonó sus promesas de campaña y buscó cogobernar con los ricos de siempre y dejó intactas las estructuras del régimen del 93. Por eso nunca recurrió a la movilización social para enfrentar a la derecha golpista, sino que buscó la conciliación y la negociación con sus adversarios. Tanto que no dudó en apelar a la imperialista y golpista OEA para tratar de mantener su gobierno.
Por eso sostenemos la necesidad de la autoorganización independiente para enfrentar el golpe. En estos dos meses de lucha en las calles, las direcciones sindicales y campesinas no han centralizado ni organizado eficazmente la movilización popular con el fin de triunfar. Es necesario que de la propia lucha y autoorganización surjan nuevos dirigentes que se propongan conscientemente ese objetivo. Llamamos a trabajadores, estudiantes y campesinos a impulsar Comités de Apoyo a la movilización en cada lugar de trabajo y estudio, en cada ciudad y cada barrio, para organizar la lucha por la libertad de los encarcelados, de las movilizaciones contra la criminalización de la protesta, las leyes reaccionarias y la persecución política. También por el juicio y castigo a los responsables, tanto materiales como políticos, de los asesinatos de los 63. Y para enfrentar y tirar abajo al gobierno golpista de Dina Boluarte, abriendo el camino a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, convocada por un gobierno provisional de las organizaciones obreras y campesinas en lucha.
