Este lunes por la mañana más de 60 miembros de distintas dotaciones y medios aéreos continuaban combatiendo el incendio que ya habría devorado 700 hectáreas de bosque nativo al norte del poblado cordillerano. Falta de inversión, precarización y especulación inmobiliaria, son el trasfondo de este desastre ambiental recurrente.
Lunes 25 de enero de 2021 12:10
El incendio comenzó el domingo 24 a las 18:15 en inmediaciones del barrio El Mirador en el paraje Los Repollos. Si bien en un primer momento desde el Sistema de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) informaron que el incendio habría comenzado en una casa de dicho barrio, el jefe local del organismo Julio Cárdenas negó en dialogo con este medio que hubiese viviendas afectadas por el mismo.
Según Cárdenas, hasta el momento el incendio habría afectado unas 700 hectáreas de bosque nativo y continúa descontrolado, pese a que una dotación de más de 60 combatientes entre Bomberos de Bolsón y otras localidades del noroeste chubutense y del propio SPLIF, trabajaron toda la noche.
En la mañana del lunes retomaron las tareas los dos hidroaviones del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF) y los dos helicópteros alquilados por el organismo que actuaron el día anterior.
A esta altura, con la acumulación de incendios en la región cordillerana a lo largo de los últimos años, y a la luz de la tragedia que representaron los incendios durante este año en distinto puntos del país resulta indignante que no se destinen recursos públicos a la adquisición de medios para el combate efectivo de incendios. Los anuncios de Cristina Kirchner en 2012 sobre la adquisición de 26 aviones hidrantes para el PNMF resuenan cada vez que se produce un incendio, agitando el recuerdo de los hidrantes canadienses con base en Bariloche que fueron retirados del servicio y reemplazados por aviones alquilados de menor porte y carga, aunque con mejor maniobrabilidad, claramente insuficientes para incendios como el desatado en Los Repollos.
A esto se suma la precarización que sufren buena parte de los combatientes de incendios a nivel nacional y en los distintos organismos provinciales, que implica falta de insumos elementales, vestimenta adecuada y recursos elementales. Durante el combate a los incendios en el norte del país el pasado noviembre, un combatiente trasladado allí nos relataba como el calzado se derretía literalmente mientras desarrollaba sus tareas, de las condiciones de hacinamiento en las que eran hospedados sin poder bañarse al finalizar la jornada, de la comida en estado de descomposición y de los peligros que representaba trabajar a la vera de pozos petroleros abandonados por YPF y cercados por el fuego.
Todo esto en condiciones de extrema precarización, con contratos anualizados, fuera de convenio y con la promesa de un “bono” extraordinario compensatorio por parte del Estado Nacional que terminó siendo de unos miserables $10.000 por tres meses, y que ahora se incorporaría al básico conformado que de este modo llegaría a $50.000.
La desinversión en materia de prevención y combate de incendios va de la mano de los negociados inmobiliarios con las tierras arrasadas, ya que la prohibición de loteos en zona de bosques nativos funciona como estímulo a los incendios forestales por parte de intereses inmobiliarios y políticos. Algo que, como demuestran las recientes denuncias en Córdoba, la ley que prohíbe los loteos en tierras quemadas está lejos de impedir.
