Estrategia de militarización del gobierno continúa mostrando impotencia para enfrentar la situación de violencia en Guanajuato. Este fin de semana fueron encontrados cinco jóvenes sin vida al interior de un coche en el sur de la ciudad de Celaya cerca de las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato. El lunes de esta semana autoridades encontraron a una sexta persona sin vida.
Martes 5 de diciembre de 2023
Los jóvenes tenían entre 20 y 30 años de edad y eran estudiantes de la Universidad Latina de Celaya. Dos de los jóvenes eran hijos de la panista y exregidora y ex directora del DIF en dicho municipio, Fabiola Mateos Chavolla, otro más era su sobrino.
Fueron encontrados con marcas de violencia y disparos en la cabeza, aunque aún no se sabe el móvil del asesinato. Este lunes se encontró el cuerpo de otro hombre sin vida a unos cien metros de donde fueron localizados los jóvenes, aunque las autoridades aún no han dado a conocer si habría sido parte del mismo atentado.
Tanto el gobernador del estado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el presidente municipal como las autoridades de la Universidad Latina, lamentaron el asesinato de los jóvenes y exigieron a la Fiscalía que se haga justicia.
Sin embargo, este está lejos de ser un hecho asilado. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Guanajuato es el Estado con mayor violencia pues en los primeros diez meses del año se concentraron 2668 asesinatos en dicho estado.
Es también uno de los once estados con mayor impunidad en el país, siendo que a nivel nacional únicamente se esclarecen 7 de cada 100 homicidios según el portal de Impunidad Cero.
Recién el 21 de noviembre fue asesinado Adolfo Enríquez Valderkam, activista y abogado en León, Guanajuato en una taquería mientras cenaba, después de recibir amenazas por parte de la empresa Dentalix tras denunciar que esta cobraba servicios que no realizaba.
Uno de los casos más escandalosos fue el del asesinato de María Carmela Vázquez, una madre buscadora integrante del Colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato, quien llevaba medio año buscando a su hijo desaparecido en junio de ese año.
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El incesante incremento de violencia en la entidad es una de las muestras más fehacientes de lo impotente de la política de militarización de la 4T como medida para combatir la violencia y al crimen organizado.
Diversos sectores, como el Colectivo de madres buscadoras, Hasta Encontrarlos, se han pronunciado contra la militarización por considerar que esta política está lejos de ser la solución para la violencia.
Aún así el gobierno ha construido hasta el momento 16 cuarteles de la Guardia Nacional en dicho estado y para el 2024 planea construir 12 más, colocando a Guanajuato como la entidad con más presencia de la Guardia Nacional de todo el país.
Es urgente que se clarifiquen los hechos que acabaron con la vida de 6 jóvenes en la ciudad de Celaya y que se castigue a los responsables, sin embargo, no puede confiarse en que esto vendrá de la buena voluntad de las autoridades que en sus diferentes niveles mantienen la colusión con el crimen organizado y que en muchos casos han sido las propias fuerzas armadas las responsables directas del asesinato de jóvenes como sucedió en febrero de este año en Nuevo Laredo, Tamaulipas cuando militares dispararon también contra cinco jóvenes.
La militarización de los estados no solo no elimina la violencia sino que la perpetúa y profundiza, sobre todo contra activistas, jóvenes y migrantes. Por eso, es necesaria la desmilitarización inmediata de todo el país y transformar las condiciones estructurales de las grandes mayorías como medidas indispensables para combatir de raíz las extremas condiciones de violencia en el país.
