Protestas generalizadas contra la ley que despenaliza los delitos de corrupción.
Viernes 3 de febrero de 2017
Klaus Iohannis, presidente de Rumania, mostró en sus declaraciones de este viernes, en la cumbre de Malta, su posición ante la masiva movilización que sacude la capital y el resto del país: "tienen que prevalecer el Estado de derecho y los valores europeos", dijo. "No está afectando a los inversores" y "la situación económica es buena", aseguró.
"Estoy muy preocupado. La situación en Rumania es muy complicada, tenemos cientos de rumanos en las calles que han protestado y les creo, confío en mi gente, estoy convencido de que tendremos que encontrar soluciones”, según el presidente "este es un asunto de principios para la población y para los políticos".
Las declaraciones del presidente continúan en la línea de amenazas veladas a los que se movilizan que ya expresaron Liviu Dragnea, líder del Partido Socialdemócrata, y Sorin Grindeanu el pasado martes: "El Gobierno y los partidos que lo apoyamos seguimos decididos a ejercer tanto el poder ejecutivo como el legislativo". "Cualquier intento de socavar la actividad del Gobierno es un intento de desestabilizar el Estado de derecho en Rumanía", advirtió en su momento Dragnea, acusando a los manifestantes.
Además, el gobierno trató de justificar este decreto planteando la necesidad de vaciar las cárceles y ha llevado a cabo indultos masivos intentando reforzar esta línea argumentativa, lo que ha exacerbado más las iras de la población. En Rumania, la Fiscalía Anticorrupción ha encarcelado a más de 3.000 políticos y funcionarios desde 2010, incluidos ex miembros de las más altas instancias del poder como el ex primer ministro Adrian Nastase.
Este gobierno lleva menos de un mes en el poder, en una posición muy débil, tras ganar las elecciones con un 45% de los votos (en unas elecciones con un 60% de abstención). El presidente de Rumania solicitó al Tribunal Constitucional que intervenga, instancia que emitirá su veredicto teniendo el 7 de febrero como fecha límite.
En el gobierno ya se ha producido la dimisión del responsable de comercio, Florin Jianu, por “razones de conciencia”, y otras personalidades del gobierno están solicitando la renuncia de Florin Ioardache, ministro de Justicia, quien no ha dimitido, aunque se ha situado entre bambalinas al delegar sus funciones en un secretario de Estado. Además, algunos cargos del PSD han solicitado la retirada del decreto y la presentación de un proyecto de ley para ser debatido en el Parlamento.
Por otra parte, los ecos del conflicto han llegado hasta la Comisión Europea que afirmaba sentirse “muy preocupada” por los retrocesos en la lucha contra la corrupción en Rumania. Comprometiéndose Jean-Claude Juncker, presidente de la CE Y Frans Timmermans, vicepresidente primero de dicha organización, a examinar a fondo el decreto aprobado el pasado martes. De esta manera buscan evitar la extensión del conflicto y al mismo tiempo represtigiar a la cuestionada UE.
El decreto ley, aprobado por el actual gobierno socialdemócrata dirigido por el primer ministro Sorin Grindeanum, ha actuado como detonante de las movilizaciones ya que despenaliza ciertos casos de corrupción. Este decreto elimina la penalidad a los delitos de abuso de corrupción y abuso de poder si la cuantía del daño es menor a 44.000 euros, en un país donde el salario medio son 460 euros. Además, el líder del partido socialdemócrata en el poder, Liviu Dragnea, está siendo investigado por delitos de corrupción.
Más de 200.000 personas se manifestaron el pasado jueves (tercer día de protestas), en la capital y varias de las principales ciudades de Rumanía. Estas movilizaciones son las de mayor envergadura desde la rebelión de Braşov contra el régimen estalinista de Ceaucescu. En aquel entonces fueron protagonizadas por los trabajadores de las plantas de Steagul Roșu, Tractor y la fábrica Hidromecanica de Braşov contra las políticas económicas de Nicolae Ceaușescu y estallaron el 15 de noviembre de 1987. Éste régimen caería en 1989, culminando con la ejecución pública televisada de Ceaucescu.
El pasado miércoles, las masas movilizadas trataron de forzar las entradas a la sede del gobierno, siendo reprimidos por la policía según informó el canal Digi24.
Las consignas de la multitud eran lemas como: "ladrones", "vergüenza", "derogación" y "Rumania, despierta!". Alina Popa, profesora de matemáticas y activista de las movilizaciones declaraba a la agencia Efe: "No podemos permitir que nos roben sin una respuesta contundente por parte de la justicia". Y agregaba que "es un decreto hecho a medida para unas pocas personas".
Raluca Stancu, otra manifestante declaró: "Están desafiando nuestra dignidad y estamos cansados de que nos mientan".
