Los empresarios preparan un nuevo saqueo del país a gran escala y presionan para desarmar la legislación ambiental. En Antofagasta también encuentran cómplices para la agenda extractivista entre los regionalistas y “progresistas”.
Domingo 3 de septiembre de 2023
Los grandes empresarios y las trasnacionales preparan un nuevo saqueo de los bienes comunes naturales del país y la región, para eso han iniciado una campaña apuntada al gobierno, contra lo que ellos llaman “permisología" o exceso de "tramitología”. Esto lo traducen en lo que denominan como “agenda ambientalista” y el exceso de trámites y barreras ambientales para poder instalar negocios en Chile.
Con esto se proponen presionar al gobierno de Boric para reducir los requisitos y barreras ambientales en nombre del Desarrollo, hablando a nombre del país, buscan acelerar la competencia por ofrecer a las empresas multinacionales las mejores condiciones para la radicación de sus inversiones. Para los capitalistas y sus partidos tradicionales esto implica tanto eliminar barreras ambientales, tiempos de estudio de impacto ambiental, regulación estatal, y asegurar derechos de explotación, así como asegurar mano de obra barata, actuando bajo el esquema del subcontrato y otros mecanismos para precarizar a los trabajadores.
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Royalty minero a cambio de desarmar la institucionalidad ambiental.
En mayo se votaba en el Senado la ley del Royalty Minero, el proyecto estrella del senador Esteban Velásquez de la FRVS electo por la región de Antofagasta. Este proyecto terminó por definir un impuesto a la renta imponible operacional de las grandes mineras que produzcan sobre las 50 mil toneladas estableciendo una carga tributaria máxima de 46,5% (dos dígitos arriba que el promedio OCDE). Lo que se pretende recaudar con esto es a penas un 0,45% del PIB.
¿Y cómo el gobierno consiguió los votos de la Derecha?
Firmaron un memorándum de acuerdos donde se comprometieron, entre otras cosas, a destinar un aporte plurianual de $350 millones de dólares del presupuesto del país a Carabineros y “seguridad ciudadana” y, lo más importante para los empresarios, el compromiso de la reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. “Se adoptarían las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos”. Para eso constituyeron una mesa técnica que definió que había que reformar el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental).
La pulseada actual para los empresarios es poder “reducir al máximo” la legislación ambiental.
No solo se propone eliminar el Comité de Ministros, para despojarse de cualquier tipo de mecanismos mínimos que pudiera utilizar el Estado para ejercer soberanía nacional y oponerse a proyectos extractivistas denunciados por las comunidades, como Pascualama o Dominga. Otros neoliberales progresistas, como Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente de la "Nueva Mayoría” de Bachelet también indica eliminar otros entes como la COEVA, Comisión de Evaluación Ambiental.
Es decir, recaudar un porcentaje de las migajas de la gran minería a cambio de desarmar la institucionalidad ambiental y renunciar a mínimos de soberanía nacional, frente a propuestas agresivas del capital extranjero que solo busca saquear recursos sin ningún miramiento ambiental. Un aplauso para los “regionalistas verdes sociales”, el partido integrado al Frente Amplio donde milita Esteban Velásquez. Este nivel de entreguismo no sorprende si consideramos que los fundadores del FRVS son los ex DC Jaime Mullet y Alejandra Sepulveda.
¿Y que propuso hacer Esteban Velásquez con los fondos del Royalty para la región?
Si el lector conoce algo de Antofagasta, y se imagina alguna propuesta que haga frente a la enorme crisis social que vive esta región, la única que en la encuesta CASEN 2022 reflejo un aumento de la pobreza multidimensional a pesar de la “enorme inversión minera”, está equivocado.
Esteban Velásquez le propuso al Gobernador “progresista” Ricardo Díaz, hacer nada más y nada menos que “carreteras” (El Regionalista 31-07-23). ¿Para quién quiere construir carreteras de forma tan urgente? Uno podría preguntarse. La respuesta es fácil, para las grandes mineras.
Con un discurso de carreteras estatales, Velásquez disfraza una política servil para utilizar fondos públicos del royalty para pavimentarles la calle a las mineras trasnacionales. Tremendo servicio, consiguió un acuerdo para desmantelar barreras ambientales y después opina que hay que construirle carreteras.
¿Fondos públicos a disposición de los empresarios? La sugerente propuesta del Gobernador “progresista” Ricardo Díaz en la cena de la minería.
El Gobernador Ricardo Díaz, ex Frente Amplio y otrora “dirigente medioambiental que protestaba contra el galpón de Luksic”, además de ensalzar la “relevancia del sector minero”, y “comprometer la minería con los territorios”, lavándole la cara a empresarios mineros y trasnacionales que están actualmente demandados por el Consejo de Defensa del Estado por brutales daños ambientales a la cuenca del Salar de Atacama en el sector de Tilopozo, planteo a la prensa que no se trata de “entregar más platas” (por parte de las mineras), si no que sugiere que frente a la “incapacidad de formular proyectos por parte del Estado”, se podría acudir a la minería que posee “muchos profesionales para que ellos diseñen los proyectos”.
Es decir que el Gobernador nos sugiere que se les entreguen los fondos públicos a las mineras y que ellas diseñen con “sus profesionales” las ciudades y los “proyectos públicos”.
¿Quizás las carreteras que quiere hacer Velásquez la puedan realizar los empresarios con los fondos del Estado?
Propuestas así no sorprenden si consideramos que Ricardo Díaz tomo la decisión de impulsar la “Estrategia Minera Regional Antofagasta 2023-2050”, anunciado el año pasado en la anterior Cena de la Minería, bajo la arquitectura que le sugirió la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), “el club de los países ricos”, organismo multilateral fundado por EEUU encargado de coordinar el saqueo de los bienes comunes naturales de los países pobres de la periferia.
