BOLIVIA: LA SALUD EN DEBATE. Contra la demagogia gubernamental, por un sistema universal de salud genuino

En una crítica y lamentable situación del sistema de salud boliviano, el gobierno de Evo Morales ha planteado la casi repentina creación de un Seguro Universal de Salud (SUS) que sería pagado por el Tesoro General de la Nación (TGN). En este plan la inscripción al SUS empezó el 2 de enero, sin embargo, las centrales encargadas de recibir dichas inscripciones han fallado desde el primer día y varios días después afirman que son 80.000 inscripciones ya realizadas, sin embargo, haciendo una radiografía del sistema de salud es difícil poder creer la posibilidad de la implementación real y de calidad del SUS.

En la actualidad, dentro del sistema de salud existen diversas posibilidades de acceso a este “servicio”. Así se encuentran: los servicios públicos, privados, de convenio, los que son parte del seguro social a corto plazo y mediante el Seguro Integral de Salud y finalmente, solo como mención, la medicina tradicional. Los servicios públicos se acceden pagando precios que resultan muchas veces inaccesibles a la realidad social, pese a que sean sustancialmente menores a los precios de los hospitales y clínicas privadas. Las condiciones son precarias, donde los números de enfermeras y médicos por pacientes son insuficientes y la tecnología utilizada en la mayoría de los casos está lejos de ser la adecuada. La infraestructura de uno de los principales hospitales públicos ya tiene más de un siglo de construcción pese a que incluso para contar la depreciación de una edificación normal de empresas para impuestos, el Estado toma en cuenta 40 años de vida útil como activo fijo según el DS 24051. Sin embargo, edificaciones que deberían ser renovadas con mayor frecuencia y con tecnología cada vez más moderna, quedan aun manteniendo infraestructuras de inicios del siglo XX. Todo esto causa que en los establecimientos públicos existan diariamente “salas de espera llenas, personas exigiendo atención médica pronta y colas en los consultorios” (Peredo, 2018) atendiendo en algunos casos el doble de la población para la que tienen capacidad. Considerando además que parte de la atención en estos establecimientos la sostienen aquellos estudiantes de medicina en su periodo de modalidad de graduación que consiste un año de internado (3 meses en provincia) y los residentes [1].

Otra forma de acceder al sistema de salud es mediante el servicio privado cuyos precios y todo lo demás varía fuertemente de uno a otro dependiendo de la calidad de la atención. Estos servicios son utilizados por el 16,51% (INE, Censo 2012) de la población boliviana.

Leé también Hospital Villa Dolores maltrata a las trabajadoras y a sus pacientes

Luego el servicio de salud de convenio es más accesible que el privado pues una parte del financiamiento para el funcionamiento de los establecimientos de convenio interviene el Estado, es decir son hospitales de gestión mixta público-privado (Ej. Hospital Arco Iris). En esta modalidad el Estado firma acuerdos donde dependiendo los acuerdos los hospitales habilitan sus instalaciones y personal (o parte de esta) para atención pública, donde algunos de estos convenios son realizados con hospitales de la iglesia. Parecido a este son las redes de cooperación que funcionan con ONG’s entre otras instituciones y proyectos de salud. Sin embargo, en los hechos estas representan que el Estado se desligue de la responsabilidad de la salud y confiera esa responsabilidad a la empresa privada y a la cooperación internacional.

Finalmente llegamos al Seguro a Corto Plazo y al Seguro Integral de Salud, el primero se encarga de brindar atención médica a sus asegurados por contingencias de la vida o accidentes laborales, este seguro se financia en base al 10% sobre el ingreso mensual del trabajador que se paga como aporte patronal y 1,75% como aporte laboral, el mismo también cubre los días de baja (luego de tres días) para pagar el salario del trabajador. El segundo bajo la Ley 475 está destinado a cubrir la atención médica de diferentes sectores de la sociedad considerados como vulnerables o de riesgo, este no tiene infraestructura, pues solamente reembolsa por los pacientes atendidos que estén amparados dentro de este seguro, sin embargo, muchas veces ha falta medicamentos para estos pacientes como por ejemplo para los pacientes con enfermedad renal.

En este contexto se vislumbra que la salud en Bolivia es concebida no como derecho humano básico sino como un servicio del cual pueden lucrar las clínicas privadas y diversas instituciones que se encargan de la venta de este, desligándose además de toda responsabilidad el Estado. Este ‘servicio’ que se constituiría en una mercancía, impersonal como las demás producidas dentro del mercado e inaccesible para quienes no posean dinero suficiente para comprarla, como lo es el 10 – 20% de la población que no tienen la posibilidad de acceso al sistema de salud (Octavio Aparicio Otero, 2018) y solamente el 29,97 % de la población acceden a seguros de salud (INE Censo 2012).

Frente a este escenario y considerando las actuales condiciones del sistema de salud, la medida de parte del gobierno de implementar el SUS es demagógica. Consiste en un plan a 5 años en un periodo electoral donde en la fase inicial se trataría el cáncer infantil y la insuficiencia renal, junto con algunas enfermedades de mayor prevalencia, que se empezarían a atender de manera gratuita en centros de primer nivel y, dependiendo de la necesidad, serían derivados de estos centros a hospitales de segundo y de tercer nivel. Según el Gobierno, inicialmente se destinará 200 millones de dólares y se implementará la construcción de 49 hospitales básicos, de especialidades e investigación, pese a que muchos de los construidos en el último tiempo aún no cuentan con suficientes ítems para satisfacer la capacidad de dichos hospitales.

No hay duda que es evidente la necesidad de un Seguro Universal de Salud, para que de esta forma el acceso a la misma no sea solamente un privilegio de clase, accesible para una parte de la población con posibilidades de pagarla como lo son muchos de los cuales hoy critican el SUS. Esta posición es representada por organizaciones y partidos de oposición de derecha que no están en contra de la salud privada y nunca han considerado seriamente que la salud sea un derecho humano básico. A ellos los vimos realizando marchas en contra de esta medida en las que lejos de manifestar su desacuerdo con el mal elaborado SUS expresan su posición de clase y de querer mantener sus privilegios preservando la salud como un mercado del cual puedan lucrar.

Rechazamos el Sistema Universal de Salud planteado desde el Gobierno por ser una medida demagógica que no busca ser implementada seriamente, simplemente está al servicio de intereses meramente electorales. Pero exigimos la implementación de un plan real para garantizar este derecho humano básico. Esto significa parar de disimular que con el presupuesto actual y la infraestructura de salud actual es suficiente, hay que empezar con medidas serias que garanticen que progresivamente dejen de ser los trabajadores y la gente pobre la que pague por el sistema de salud y empiecen a ser los ricos y los empresarios quiénes carguen con estos costos. Para ello es fundamental la aplicación de impuestos progresivos a las grandes fortunas, la reducción de presupuesto para las fuerzas represivas del Estado (Policía y Fuerzas Armadas), etc. Además, la salud como derecho humano no debe ser utilizada para el lucro por lo cual las clínicas y los hospitales privados y de la iglesia deben pasar a control colectivo de los y las trabajadoras de salud. ¡La salud es un derecho, no una mercancía!