El municipio denunció a los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos cloacales “Bajo Grande” que abandonaron sus tareas por realizar asambleas durante su turno. Lo hizo en base a una ley nacional que impide que la prestación de este tipo de servicios sea interrumpida. La Izquierda Diario entrevistó a los delegados de la repartición.
Sábado 12 de diciembre de 2015
La denuncia indica que el abandono de tareas por parte de los operarios provocó que líquido no tratado sea volcado al río causando una fuerte contaminación, según mediciones realizadas por el CEPROCOR (Ente provincial autárquico que controla la calidad de los productos y procesos). Ante la denuncia, Julio Ariza y Roberto Gaita, delegados de los 70 operarios de la planta depuradora plantean que “durante las asambleas que llevamos adelante, tanto dentro como fuera de la planta los operarios de guardia nunca abandonan sus tareas”.
Agregan que “esta denuncia se da en el marco del conflicto de los trabajadores municipales que se oponen al Ente Autárquico de Servicios y obras Públicas (ESyOP) que intenta crear el intendente de la ciudad”, y que “el nivel de contaminación del Río Suquía producto del vertido del agua tratada es consecuencia de que la planta de tratamiento hace años que viene con un mal funcionamiento”.
Esta situación la vienen denunciando hace años no sólo los trabajadores, como lo muestra el informe presentado en 2012 por el Centro de Estudios y Tecnología del Agua de la Universidad Nacional de Córdoba, que entre sus conclusiones indica la falla mecánica de distintas componentes de la planta y déficit en el tratamiento.
Julio recuerda que “en varias oportunidades hemos denunciado ante los medios las partes componentes que se encuentran en mal funcionamiento, por falta de mantenimiento, y además, la falta de entrega de insumos, repuestos y herramientas para poder realizar correctamente nuestras tareas”. “Mientras en los medios, el gobierno municipal responsabiliza a los trabajadores por no querer trabajar”, como parte de una campaña de desprestigio. Esto junto a una política de vaciamiento es lo que le permite a Mestre allanar el camino para privatizar no solo Bajo Grande sino distintas áreas operativas la municipalidad (alumbrado público, obras viales, espacios verdes).
Cabe recordar que las obras de ampliación que se terminaron en el año 2012 y costaron unos $100 millones (se sospecha que el 50% no llegó a destino), hoy se encuentran casi destruidas. Actualmente, de las 25 bombas instaladas en aquella ampliación está operando una sola que permite el ingreso del líquido al tratamiento.
Esto, sumado a otros problemas que enumeran los trabajadores, hace que de un total de 9m3/s de líquido a tratar, la planta sólo trata unos 6m3/s. El resto pasa directamente al Río Suquía. Es decir, un 30% de los desechos de la ciudad son volcados directamente al río.
Este último dato es fundamental para entender que las mediciones realizadas por el CEPROCOR a la salida del tratamiento sobre el Río Suquía den resultados que no cumplen con los estándares ambientales de calidad de agua. Esto no es producto de la mala operación de los trabajadores o del abandono de tareas, sino de la desidia de las gestiones municipales como la de Mestre. Contradictoriamente, fue el mismo Mestre quien en agosto de 2014, por decreto municipal, declaró la emergencia ambiental y sanitaria por la contaminación que produce la planta de Bajo Grande en el Río Suquía. Hasta hoy no se vio ninguna medida de mitigación no sólo para el río sino para las localidades que se encuentran río abajo.
Para los trabajadores, el intendente avanzó sobre sus derechos con campañas de desprestigio, llevándolos ante la justicia con falsas acusaciones y encubriendo a los ciudadanos el verdadero propósito de haber creado el Ente de Servicios y Obras Públicas.
Privatización con el ESyOP de por medio
El día de ayer, Mestre y Schiaretti anunciaron nuevas inversiones para el tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad. El anuncio de la ampliación y modernización de la planta de tratamiento en conjunto con la red del servicio, “es justamente para venderla para realizar una entrega como en su momento se hizo con el servicio de agua de red entregándole a los Roggio” dice Luis. “Hoy ninguna empresa quiere tomar la concesión del servicio porque sólo presta servicios a un 40% de la población, y por lo tanto no es rentable”.
El tan discutido ESyOP permite gestionar créditos, préstamos con organismos internacionales y realizar también inversiones. Para Luis esto no es menor. “Volviendo al conflicto particular de Bajo Grande, las inversiones de ampliación y refuncionalizamiento de la planta como anunciaron es en base a créditos con organismos internacionales. La cuota de los millones de dólares de esta inversión la terminan pagando los usuarios”. Es decir, por medio de tarifazos y mayores impuestos, producto de que es con los fondos municipales que se financia el ESyOP.
La legisladora del Frente de Izquierda Laura Vilches se hizo presente ayer en la planta para brindar apoyo político y legal a los operarios imputados por daño al medio ambiente y en repudio a la iniciativa del intendente Mestre de inculpar a los trabajadores.
