Con la excusas de que la falta de mantenimiento “favorece la generación de incendios” una resolución del gobierno de Córdoba pone en riesgo los bosques que se encuentran en bordes de caminos y rutas.
Lunes 28 de septiembre de 2020 13:02
La resolución en cuestión es la 227, publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de setiembre e impulsada por la subsecretaria de ambiente, la abogada María Victoria Muccillo. Ha sido muy criticada por organizaciones ambientalistas por poner en peligro porciones significativas del bosque nativo, arrasados por años de desmonte para favorecer los intereses de empresarios agroganaderos, mineros y especuladores inmobiliarios. Como todos conocemos, últimamente el bosque es víctima del crimen ambiental que representan los incendios intencionales.
Esta resolución modifica a una reglamentación anterior, la 327 de 2008, la cual establecía que cualquier intervención sobre la vegetación de los bordes de caminos y rutas de la provincia, debía contar con el aval técnico de la Secretaría de Ambiente. Esta resolución protegía a los relictos de bosques y árboles aislados situados en muchos caminos. La protección de los bordes de caminos es crucial porque el espacio entre la banquina y los alambrados son el último relicto de vegetación y refugio de la fauna natural en muchas zonas de la provincia. Muchas veces alberga ejemplares añosos o únicos.
Los bordes de caminos son ambientes especiales. En zonas del sur y el este de la provincia, los últimos relictos del espinal nativo se encuentran en estos espacios, siempre y cuando no se haya plantado soja hasta en la banquina, como suele verse al recorrer las rutas provinciales de esta zona. En el área serrana y en el oeste provincial, la vegetación de borde de caminos funciona como una conexión entre los ya escasos parches de bosque que permanecen.
Gran parte de estos bosques está protegida por la ley de bosques provincial. Incluso para aquellos que quedan fuera de su protección, porque son árboles aislados o no llegan a formar una masa continua, rige una normativa anterior: La ley 8066 de 1991 declara a toda la vegetación que se encuentre en el borde de caminos y rutas como “bosques protectores y permanentes” y prohíbe su desmonte a perpetuidad.
Si todos conocemos la importancia ecológica de estos remanentes de bosque, por pequeños que sean, ¿por qué se dicta esta resolución que contradice leyes anteriores, justo en el medio de una crisis ambiental? Los fundamentos de la polémica resolución 227 son claros: la “falta de mantenimiento en tiempo y forma constituye un factor que contribuye a la generación de incendios, dificulta el control de los mismos y atenta contra la seguridad vial”. Apela exactamente a los mismos argumentos que empresarios del agronegocio, quienes se quejan de que no pueden “limpiar ni siquiera 5 metros de cada lado del alambre”. En otras palabras, para el gobierno provincial y para estos empresarios, la culpa de los incendios la tiene el bosque mismo.
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Por el contrario, no hace falta buscar excusas absurdas para explicar el origen de los incendios, intencionales en un 95%. Las leyes de ordenamiento territorial de los bosques nativos, tanto nacional como provincial, establecen la absoluta prohibición de efectuar cambios en el uso de la tierra después de un incendio. Pero, ¿quién controla su cumplimiento? ¿Hay registro de las multas o sanciones que les corresponde a los infractores? Incendiar bosques continúa siendo un negocio rentable.
Limpiar los bordes de caminos de manera rápida y eficiente. Dejar sin ningún tipo de supervisión a los consorcios camineros que realizan estas tareas. Celeridad ante la catástrofe, ¿qué puede parecer más razonable? En una provincia arrasada por crímenes ambientales no llama la atención que el gobierno, luego de culpar al cambio climático, a la sequía, a accidentes aislados, ahora decida que la mejor manera de proteger los bosques es eliminarlos.
