SAN NICOLÁS. Coronavirus: Passaglia recorta en salud

La crisis del sistema de salud pública de nuestra ciudad se encuentra en situación crítica desde hace varios años. Al desfinanciamiento constante del sistema de salud provincial durante los últimos gobiernos, que se profundizaron durante el gobierno de Vidal pero que no distaron demasiado de la política en materia de salud de los dos mandatos anteriores del gobernador Scioli, se suma un sistema de salud local sobre el cual el intendente Manuel Passaglía aplicará un recorte del 27,7%.

En el registro de CAP (Centro de Atención Primaria) figuran 15 Centros en funcionamiento, que incluyen no sólo a los de la ciudad de San Nicolás, sino a los que estarían funcionando en las localidades de General Rojo, Conesa, Erezcano y Campo Salles. Sin embargo, actualmente sólo 7 se encuentran activos, producto de políticas de cierre de CAP que iniciaron durante el 2019 y se profundizaron durante los primeros meses del nuevo gobierno municipal. Por otra parte, es de público conocimiento que el Hospital de Zona Norte nunca estuvo en condiciones de prestar los servicios necesarios para funcionar como tal, por lo que actualmente se encuentra funcionando como Centro de Atención Primaria.

Ante esta situación, el anuncio del recorte en salud deja al descubierto que invertir en las necesidades de la población en un contexto de crisis sanitaria no está dentro de las prioridades del municipio. Que el presupuesto para salud sea del 4,95% en comparación con el 48,54% destinado a intereses de la deuda deja en claro cuál es la agenda del ejecutivo local. Frente a un sistema de salud deficiente, las medidas de seguridad anunciadas se concentran en movilizar el aparato de las fuerzas de seguridad para tareas de control. Van desde la habilitación de números telefónicos para denunciar a aquellos que incumplan con la cuarentena o presenten síntomas, al anuncio del día de ayer de cerrar los accesos a la ciudad, situación que lejos de contribuir, agrava la situación crítica de las miles de personas que a diario circulan entre ésta y las ciudades vecinas que son parte de mismo entramado productivo y social. Lo que, entre otras cuestiones, también expone que las medidas de aislamiento son insuficientes en un contexto donde las grandes mayorías continúan concurriendo a sus puestos de trabajo.

La crisis sanitaria no es sólo responsabilidad del gobierno local, el Hospital Provincial de Agudos San Felipe, que depende del gobierno provincial de Axel Kicillof, no posee la capacidad hospitalaria para afrontar un posible contagio masivo producto de la desinversión de todos los gobiernos sobre el mismo. Actualmente no cuenta con los recursos necesarios para la atención adecuada de la población que concurre al sistema de salud público: guardias colapsadas, falta de insumos, camas insuficientes y el preocupante número de 4 respiradores son las condiciones del mayor centro de salud pública de la ciudad para hacer frente a la probable extensión del COVID-19.

Durante la última conferencia de prensa realizada por las autoridades del nosocomio local, sólo se anunciaron medidas de prevención y restricción dentro del hospital, no hubo anuncios sobre las condiciones del mismo para hacer frente a la pandemia. Al igual que en el resto de los hospitales provinciales, se hace evidente la precariedad del sistema de salud pública.

Según un relevamiento realizado por diferentes medios periodísticos, las camas totales disponibles en la provincia no superarían las 9.100 y la mayoría se encuentran ya ocupadas. Es un número bajísimo en una provincia que tiene más de 16 millones de habitantes. El gobernador Kicillof anunció la compra de unas 200 camas más, pero los números lejos están de dar respuesta a la gravedad potencial del desarrollo de la pandemia. La prioridad del gobernador sigue siendo sostener el pago de la deuda, una deuda ilegal a la que ya se destinaron 250 millones en el mes de enero, 25 millones en febrero y resta por el mes de marzo y los siguientes el pago de 1600 millones. En un contexto de crisis económica y socio sanitaria resulta criminal que se destinen esas cifras a los bonistas y al FMI, mientras la salud pública agoniza y los trabajadores de la misma enfrentan el día a día en las peores condiciones.

Tanto a nivel local como provincial se toman medidas insuficientes que sólo apuntan a detener la propagación pero no se plantea nada respecto de la posibilidad de hacerse el test en caso de contraer los síntomas, porque la cruda realidad es que sólo 11 trabajadores del Malbrán están en condiciones de procesar los análisis en todo el país y el Estado cuenta con capacidad para realizar entre 60 y 70 test por día.

Es urgente que se priorice la inversión en la salud pública y no al pago de la deuda, es necesaria la centralización del sistema de salud público para que los sectores privados y los laboratorios sean nacionalizados y se integren en un plan centralizado para combatir la pandemia. La salud y los medicamentos no pueden quedar en manos de un puñado de empresas que siguen lucrando con la vida de millones, deben ser nacionalizados bajo gestión de médicos, enfermeras y trabajadores del sector.

La única medida eficiente sería destinar fondos suficientes para la creación de hospitales, salas de cuidados intensivos, respiradores artificiales, camas y kits de detección temprana. Es necesario que todo el presupuesto sea puesto al servicio de palear esta crisis y no para subsidiar a empresas millonarias, además es urgente que se prohíban los despidos, cierres de fábricas y se indemnicen a los trabajadores no registrados o monotributistas.

Por su parte, el día de ayer el gobierno anuncio el cierre del Congreso intentando demostrar unidad frente a la crisis, una unidad con los representantes de Cambiemos y el radicalismo, responsables de terminar de arruinar la salud pública. Se pretende tomar decisiones por decreto y a espaldas de las mayorías, situación a la que solo se opuso el Frente de Izquierda. Al mismo tiempo en menos de 24 horas vimos cómo en la ciudad, la provincia y el resto del país se lleva adelante un gran despliegue de las fuerzas de seguridad, una vez más la respuesta de los gobiernos es la inversión para fortalecer el aparato represivo con el fin de establecer un mayor control social.

Te puede interesar:Coronavirus: Fernández y 24 gobernadores decidirán por toda la población

Ante esta situación crítica podemos tomar el ejemplo de los y las trabajadores que ya están demostrando la lucha, la organización y la solidaridad de la clase obrera frente a la crisis. Desde los trabajadores de la salud que sostienen día a día un sistema de salud decadente y los que realizan protestas en sus lugares de trabajo frente a la imposibilidad de permanecer en sus hogares, hasta los docentes que comenzaron a producir alcohol en gel para afrontar la escasez del mismo.

Te puede interesar: La clase obrera ante el coronavirus: crecen la lucha, la organización y la solidaridad

Seguir pagando al FMI y a los acreedores en este contexto es criminal, por eso, lejos de confiar en el gobierno y su plan de aislamiento y militarización es necesario tomar la crisis en nuestras manos, que se conformen en todas las provincias y municipios comisiones independientes de médicos, investigadores y profesionales de la salud para poder tener un panorama claro del estado del sistema de salud y al mismo tiempo del desarrollo de la pandemia. Para hacer frente a las condiciones a las que son expuestos millones de trabajadores en sus puestos es necesaria la conformación de comisiones de higiene y seguridad para garantizar las medidas necesarias de prevención. Es necesaria la protección urgente de personas en situación de calle y que se garanticen licencias inmediatas y subsidios para los trabajadores tanto del Estado como del sector privado.

La amenaza del Coronavirus se atenúa porque los gobiernos siguen defendiendo los intereses de los empresarios antes que nuestras vidas. Los trabajadores, las mujeres y la juventud tenemos que defender nuestro derecho a tener voz y voto en esta crisis para empezar a dar una respuesta propia ante el crecimiento de la pandemia. Por ese camino se puede avanzar en dar soluciones de fondo, garantizando la salud y la vida de las familias obreras.