Opinión. Corrupción y represión: una fórmula que saca dos leyes pero no cierra la crisis

Entre la noche de este jueves y la madrugada de este viernes, el gobierno nacional consiguió después de casi siete meses sus primeras leyes. Tras un maratónico tratamiento que comenzó en el verano y finalizó esta semana -con múltiples crisis en el medio-, el oficialismo logró aprobar la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, aunque en el camino tuvo que dejar cientos de artículos y deponer su actitud inicialmente “intransigente” para adoptar al 100 % los métodos de la casta: con el ministro Guillermo Francos empoderado en la jefatura de Gabinete repartieron cargos, prebendas y recursos presupuestarios para que un gobierno que es minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional comprara los votos que le faltaban. No solo eso: el paquete fiscal nace también cuestionado en su legalidad dado que la Cámara de Diputados insistió con puntos -como la restitución del impuesto al salario- que habían sido rechazados por el Senado. Como dijo el diputado Nicolás del Caño "esta ley es un escándalo de corrupción comparable al ’diputrucho’ o a la Ley Banelco de Menem".

Efectivamente, la “oposición” -atravesada por múltiples internas- fue fundamental para que se aprobaran las leyes. Desde los colaboracionistas de siempre del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal o bloques provinciales -con nombres como los de Lucila Crexell o Martín Lousteau que quedarán asociados por siempre al escándalo- hasta el peronismo que si bien por un lado en su mayoría votó en contra e hizo discursos de denuncia, la realidad es que también cabe consignar que tuvo sectores que le prestaron votos indispensables sin los cuales no hubiera salido la votación en general en el Senado (como Edgardo Kueider y Carlos Mauricio Espínola), así como también "aportó" manos para la votación en particular de distintos puntos en ambas cámaras. El peronismo también -y esto es central- prestó el “servicio esencial” de la traición de los burócratas de la CGT y la CTA que primero -y más allá de los matices entre sus distintas alas- hicieron tibias movilizaciones y discursos para después directamente borrarse de las calles, dejando pasar un brutal paquete de leyes de ajuste y entrega. Son todos ellos los actores responsables de que se aprueben temas como la reforma laboral, el blanqueo, el ataque al empleo público, la delegación de superpoderes al ultraderechista Javier Milei para que concentre aún más poder, la restitución del impuesto al salario, la rebaja de impuestos a los más ricos o los mecanismos de entrega y saqueo para el gran poder económico con el RIGI, entre otros.

El paquete de gestión se completó con el despliegue represivo de Patricia Bullrich, que buscó instalar un verdadero régimen de disciplinamiento policial para impedir la protesta social, reprimiendo y deteniendo desde la más absoluta arbitrariedad, con la complicidad del fiscal Carlos Stornelli. Un enorme frente único de decenas de miles de firmas y personalidades nacionales e internacionales derrotó este intento, aunque la lucha sigue por las cinco personas que aún quedan detenidas. Esta actitud represiva contrasta enormemente con la tibieza y demora del oficialismo para condenar la asonada militar que ocurrió esta semana en Bolivia.

Distinta a la de todos estos actores fue la actitud de la izquierda. Sus diputados y diputadas, como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca o Romina del Plá fueron fundamentales desde el comienzo para dar a conocer hacia toda la población lo que se quería votar. También para denunciar, en los últimos días, que todo el tratamiento está viciado de nulidad, por ser una ley manchada por la corrupción. Por último, pero no menos importante, por haber impulsado junto a decenas de miles de personas, desde el comienzo, la movilización desde las asambleas barriales, los lugares de trabajo o de estudio, en un bloque que protagonizó por ejemplo una importante movilización cuando se votó en el Senado y que siguió hasta el final ese día cuando los pocos burócratas sindicales que habían ido retiraron sus columnas.

El resultado es un paso del gobierno en aprobar estas leyes, que le evita una gran crisis. De no aprobarse las mismas, el gobierno hubiera quedado en el aire, sin "volumen político" ni la más mínima "gobernabilidad" para llevar adelante su plan. El gran capital celebra, aunque es imposible separar este resultado de lo que viene: en el marco de una gran recesión e inestabilidad financiera, nuevos conflictos están en puerta. Tanto desde el FMI como desde las patronales del campo le exigen al gobierno una nueva devaluación (entre otras medidas como el aumento de tarifas de los servicios públicos), que de consumarse pondría en jaque a la inflación y constituiría un nuevo golpe a los bolsillos populares. El esquema económico liberfacho no cierra -hay crisis de reservas, dudas sobre cómo se podría levantar el cepo y sobre qué motores podría haber para salir de la recesión-, y en el horizonte aparecen monumentales pagos de deuda que hipotecan el futuro del país y son legitimados por un gobierno tras otro. Corren rumores -no verificados- de que el ministro Caputo podría hacer anuncios en los próximos días. En los próximos meses se discutirá un nuevo acuerdo con el FMI, que bajo estas exigencias y en el marco de un mundo en crisis, solo puede profundizar la decadencia nacional en un país en el que solo festejan unos pocos poderosos, mientras la gran mayoría ve empeorar sus condiciones de vida. La atadura al FMI no es exclusiva de este gobierno, sino que el peronismo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa también ha demostrado el desastre al que lleva no estar dispuesto a romper lazos con esa sumisión ilegal y fraudulenta que exige someter toda la economía nacional al servicio del pago de una deuda ilegítima, por no hablar del macrismo, que fue quien lo trajo de vuelta al país. Hoy el peronismo de Axel Kicillof también evita plantear la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda a los especuladores.

Terminada esta etapa, las bases están, pero la crisis también. Un gobierno que solo pudo llegar a esta aprobación muy trabajosamente se enfrenta a un nuevo momento, ya sin la excusa de no tener las leyes. Más aún, está en duda que el trabajoso bloque que construyó para sacar estas normas vaya a repetirse. El tiempo no pasa en vano y es cierto que a las penurias económicas se sumaron en el último tiempo las internas y renuncias en el gabinete, los escándalos del ministerio de Sandra Pettovello, la desaparición de Loan o el hecho de que Javier Milei en modo casta ya hizo nueve giras en el exterior y por la Argentina en crisis solo pasa de vez en cuando. También crecen las dudas sobre el plan incluso entre economistas ortodoxos y entre sectores de las clases dominantes que viven del mercado interno.

Ahora el gobierno -cuyo principal punto de apoyo sigue siendo el fracaso de todos los gobiernos anteriores que dejaron una enorme crisis económica, política y social- se enfrentará al desafío de mostrar resultados, en un contexto adverso y con condiciones de vida que no han hecho más que empeorar salvajemente durante su gestión, con un 55 % de la población viviendo bajo la línea de pobreza y un aumento de la desigualdad. Para los trabajadores y el pueblo están por delante nuevas luchas que es necesario organizar y coordinar -como fueron anticipando, aún con sus limitaciones- la rebelión en Misiones, el paro general "y medio", la multitudinaria marcha universitaria, la lucha de los choferes de la UTA, el 8 de marzo o distintos conflictos en curso-, para lo cual es necesario enfrentar y superar a las burocracias sindicales, sociales y estudiantiles. Al calor de esas peleas, crece el desafío de seguir construyendo una alternativa política socialista y revolucionaria, frente al liberalismo salvaje y al peronismo, cuyas recetas fracasaron una y otra vez en los últimos años.